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OCU lanza una compra colectiva para abaratar el recibo de la luz

El objetivo de la asociación es brindar un ahorro medio de 100 euros al año para el consumidor

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado este miércoles su tercera compra colectiva de energía, con el objetivo de reducir el importe del recibo de gas y luz de aquellos usuarios que decidan sumarse a la iniciativa. “En la primera edición logramos un ahorro medio de 49 euros al año, y de 40 en la segunda. Esta vez, tenemos como objetivo 100 euros anuales”, ha apuntado la portavoz de la asociación, Ileana Izverniceanu, durante la presentación del proyecto. A partir de este 30 de marzo y hasta el 3 de mayo, todos los interesados en participar en la campaña pueden inscribirse en la página www.quieropagarmenosluz.org de forma gratuita y sin compromiso.

El funcionamiento de la compra colectiva es sencillo y calca el de las ediciones anteriores, cuando más de medio millón de personas se unieron a la iniciativa promovida por OCU: tras terminar el plazo para que los usuarios se inscriban en la plataforma —quienes tendrán que especificar sus datos y si están interesados en tarifas de gas, electricidad o en una oferta conjunta—, se lleva a cabo una subasta entre los proveedores de energía que decidan participar en la puja. El ganador será la compañía que ofrezca el precio más barato en cada categoría. Al conocer el resultado, los consumidores finalmente decidirán si quieren cambiarse de tarifa o salirse de la plataforma. 

Todos los consumidores con una potencia contratada inferior a los 15 kilovatios —básicamente hogares y algunas pymes con consumo reducido— pueden apuntarse a la iniciativa. Para esta edición, y a la luz del nuevo sistema de facturación eléctrica, la organización ha subrayado que buscará el protagonismo de la tarifa de discriminación horaria —que vino a sustituir la tarifa nocturna—, al ser la que brinda el mayor ahorro para el usuario. “Nuestras estimaciones dicen que el 80% de los hogares podría ahorrar con esta tarifa sin cambiar de hábitos. Por eso queremos incentivar, en la medida de lo posible, el cambio a esta modalidad”, ha detallado el Javier Arranz, responsable de OCU en materia energética. 

La asociación es optimista: a diferencia de las campañas anteriores, Izverniceanu ha recalcado que los proveedores, tanto las grandes compañías como las pequeñas empresas, están demostrando un interés elevado en la iniciativa. “Es algo que nos ánima a decir que estamos en lo correcto y una señal de que estamos abriendo el mercado”, ha asegurado. “Creemos que es la mejor herramienta para lograr una tarifa competitiva”.

Un usuario desinformado es un consumidor desprotegido 

Esta tercera compra colectiva de energía organizada por OCU no solo quiere lograr un ahorro más marcado y fomentar el cambio a la tarifa de discriminación horaria. También se propone que el consumidor se convierta en sujeto activo y conquiste los conocimientos necesarios para reivindicar un mercado energético más justo. Algo que todavía está muy lejos de la realidad: de acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)alrededor del 74% de los hogares no sabe cómo se calcula la factura de electricidad o gas natural y no es capaz de distinguir. Además, uno de cada cuatro hogares desconoce cuál es su potencia contratada.

“Nos estamos dando cuenta de que el consumidor español sigue estando muy desinformado, y por ello vamos a hacer el esfuerzo de ofrecerle una información detallada”, ha explicado Izverniceanu. La organización realizará un estudio gratuito de la situación de cada usuario que se inscriba en la plataforma de compra colectiva y pondrá a su disposición un servicio de asesoría para aclarar eventuales dudas. Además, los consumidores podrán acudir a los abogados de OCU para que les ayuden en la elaboración eventuales reclamaciones.

Arranz ha explicado que, a través de estos servicios, se quiere sensibilizar e informar al ciudadano sobre su situación en el mercado eléctrico y las opciones que tiene para reducir el importe de sus recibos, en particular el de la luz, que ha subido en más de un 80% desde 2003. “Queremos insistir sobre todo en dos elementos: la potencia contratada [las estimaciones dicen que, para cada kW de reducción de potencia, se pueden ahorrar unos 60 euros al año] y la discriminación horaria”, ha desglosado el experto en materia energética.

Este esfuerzo va en línea con la batería de reivindicaciones que OCU ha presentado conjuntamente al lanzamiento de la compra, y que van desde la necesidad de realizar una auditoría del sistema eléctrico a la modificación a la polémica normativa sobre el autoconsumo, pasando por una mayor protección de los derechos de los consumidores y por la creación de una tarifa social que de verdad logre ayudar a los usuarios en situación de pobreza energética. “Estamos llevando nuestras peticiones a diferentes interlocutores”, ha informado Izverniceanu. Entre ellos, la CNMC, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid o la Aecosan. “Nuestro objetivo es lograr una utilidad tanto individual como social”.

Las 10 propuestas de OCU para un mercado energético más justo

1. Realizar una auditoría del sistema eléctrico que incluya tanto la revisión de los costes imputados a las tarifas de acceso o peajes como el sistema de fijación de precios mayoristas

2. Promover un mercado competitivo que pasa por incrementar el número de operadores, especialmente en gas.

3. Mantener la tarifa regulada (PVPC electricidad y TUR en el gas) hasta que no se garantice un mercado energético competitivo.

4. Modificar la norma de autoconsumo para eliminar las actuales barreras.

5. Perseguir eficientemente las prácticas comerciales abusivas de las empresas, en particular evitar la confusión de marcas que hacen imposible la distinción entre comercializadoras de referencia y comercializadoras en el mercado libre del mismo grupo y las agresivas campañas de ventas a domicilio.

6. Facilitar las reclamaciones: mediante un mecanismo efectivo, regulado y fácilmente accesible para el consumidor, como puede ser el Arbitraje de Consumo.

7. Crear una "tarifa social" y medidas contra la pobreza energética.

8. Mayor protección de los derechos de los consumidores.

9. Contadores digitales al servicio del consumidor, facilitando el acceso de forma sencilla y transparente a todos los datos sobre su consumo eléctrico, y garantizando la privacidad y la protección de los mismos.

10. Medidas efectivas para favorecer el ahorro con más información al consumidor y una política activa de distribuidoras y comercializadoras para ofrecer la mejor tarifa posible.

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Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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