CUENTAS PÚBLICAS

Bruselas acusa a Valencia de manipular sus cuentas durante años

España se enfrenta a una posible sanción de hasta 2.000 millones de euros

Alberto y Carlos Fabra, junto a Francisco Camps, en 2008.

Revés a la credibilidad de España por vía valenciana. La Comisión Europea abrió este viernes una investigación sin precedentes sobre las estadísticas fiscales de la Comunidad Valenciana, la cuarta mayor de España por el tamaño de su economía. Bruselas acusa al Gobierno regional de haber manipulado sistemáticamente y a lo largo de muchos años los datos de déficit y deuda pública; el mismo pecado que, salvando las distancias, cometió Grecia en su día. Si se confirman las sospechas, la multa puede ser de hasta 2.000 millones de euros, el 0,2% del PIB español. Pero más allá del agujero y de la multa está el efecto sobre la maltrecha marca España: Bruselas estrena con Valencia sus nuevos poderes de supervisión sobre las estadísticas nacionales, de los que se dotó en su día después de comprobar que los griegos mintieron como bellacos sobre la salud de sus cuentas públicas.

Salvando las distancias, algo así puede haber pasado también en Valencia: “La investigación examinará si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad tergiversó los datos nacionales de déficit y deuda a lo largo de varios años”, según la Comisión Europea.

El caso viene de lejos: en mayo de 2012, las autoridades españolas informaron a Eurostat —la agencia estadística de la Unión— de que el déficit de 2011 tenía que revisarse al alza cuatro décimas de PIB (unos 4.000 millones) por la detección de gastos no registrados en Valencia y Madrid. Ahí empezó el lío. Eurostat investigó y acabó cerrando sin mayores problemas el asunto de Madrid: lo consideró “un ajuste excepcional”. En Valencia, sin embargo, se comprobó que la Intervención General “había enviado sistemáticamente información incorrecta a lo largo de muchos años”.

Esa comunidad no notificó “considerables gastos sanitarios”, según Bruselas, que fuentes del Ejecutivo valenciano estiman en 1.800 millones de euros. Y no respetó el principio de devengo: en Europa, ingresos y gastos se anotan en el momento en que se conocen; no cuando se cobra o se paga. Una ley valenciana permitía al Gobierno regional meter las facturas en un cajón y no contabilizar los gastos sanitarios hasta que el Síndic de Comptes (el tribunal de cuentas) detectaba el agujero. En ese momento las facturas salían a la luz y se pagaban a través de un crédito para evitar que engrosaran el déficit: iban directamente a deuda, reconocen las fuentes consultadas en la Generalitat, que imputa esas prácticas a los consejeros Gerardo Camps y José Manuel Vela. El actual equipo busca desmarcarse a toda costa de la gestión de Camps, que reaparece en la política valenciana después del caso Gürtel.

Por ese tipo de asuntos, Eurostat publicó un informe demoledor a finales del año pasado que básicamente pone en duda la fiabilidad de las estadísticas españolas, aunque después rectificó y decidió circunscribir los fallos detectados básicamente a pagos a proveedores. La investigación de la Comisión sigue ese rastro: el comisario Algirdas Semeta aseguró este viernes que Bruselas “no va a transigir con la calidad y la credibilidad de las estadísticas europeas”.

El Ejecutivo comunitario “no pone en duda la exactitud de las estadísticas de España”, destaca que las autoridades “han cooperado” estrechamente con Eurostat e insiste en focalizar el caso en la Comunidad Valenciana. Pero en función de los resultados de la investigación no se puede descartar una revisión al alza del déficit y la deuda, que suponen un sensacional quebradero de cabeza para el Gobierno. Después de las diversas dosis de austeridad y reformas, el déficit español sigue por encima del 7% del PIB; la deuda pública se acerca al 100% del PIB. Aunque se confirmen las sospechas, sin embargo, es improbable que se imponga la multa máxima —2.000 millones de euros—, ante el hecho de que las irregularidades afectan a una sola comunidad y a un solo capítulo de gasto.

Otro cantar es el denominado efecto reputacional: el perjuicio que causen las dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas regionales y, por ende, españolas. La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP desde la victoria de Eduardo Zaplana (hoy en nómina de Telefónica) en 1995, tiene la deuda pública más abultada entre las comunidades: 33.864 millones, lo que equivale al 34,8% del PIB, 13 puntos más que la media. Y una cifra que puede acabar siendo aún más abultada en función de lo que decida Bruselas.