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Los últimos presupuestos de la austeridad

El Gobierno prepara las cuentas de 2014 sin apenas políticas expansivas Se reducen los gastos por intereses, sube el coste de las pensiones y se descartan alzas de impuestos

El fin de la recesión está a la vuelta de la esquina, al menos sobre el papel. El Gobierno espera que antes de que finalice el año la actividad económica abandone los números rojos que arrastra desde hace nueve trimestres, el mayor periodo de recesión en democracia. Pero en la calle la crisis continuará algún tiempo por una tasa de paro del 27% y unas cuentas públicas que se resisten a ser domesticadas para reducir el déficit y la deuda pública.

El Ejecutivo prepara los Presupuestos Generales del Estado para 2014. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el proyecto de esas cuentas a finales de septiembre. Serán las últimas cuentas de la austeridad. Por quinto año consecutivo tendrán un carácter restrictivo con pocas medidas de estímulo para reactivar la actividad económica más allá de algunos guiños para las pymes. No habrá alegrías en el gasto y los impuestos seguirán en máximos.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
Fuente: Ministerio de Hacienda.EL PAÍS

La prioridad seguirá siendo el control del déficit público. Bruselas ha concedido dos años más a España para ajustar sus cuentas. Un alivio para Hacienda que ve como se allana su camino: el año que viene solo tendrá que reducir el déficit de la Administración central en una décima, hasta el 3,7%, equivalente a 39.642 millones. Esto supone un ajuste asumible de unos 1.000 millones. Un reto factible teniendo en cuenta que la economía comienza a tomar aire. El mayor ajuste lo tendrán que realizar las comunidades y la Seguridad Social, que deberán rebajar el desequilibrio en unos 3.000 millones cada una. El próximo año promete ser el más cómodo en lo económico para Mariano Rajoy desde que llegó a la Moncloa.

El dilema de actualizar el sueldo a los funcionarios

J. S. G.

Una de las decisiones más relevantes que tendrá que tomar el Ejecutivo en los Presupuestos de 2014 es si congela el sueldo de los funcionarios por cuarto año consecutivo. Desde que el Gobierno de Zapatero les rebajara el sueldo un 5% en 2010, los empleados de la Administración Pública acumulan recortes en sus salarios que les han hecho perder cerca de un 25% de poder adquisitivo si se incluye la supresión de la paga extra de 2012. Los empleados públicos llevan sin ninguna actualización salarial por el IPC desde 2010.

La partida destinada a pagar el sueldo de los 560.000 funcionarios de la Administración central es la segunda en importancia de los Presupuestos, con un coste de 33.000 millones. Entre los sindicatos de funcionarios temen que el Gobierno vuelva a congelarles la nómina el próximo año. La organización mayoritaria de empleados de la Administración central, CSIF, ya ha expresado sus temores sobre una nueva congelación y pide al Gobierno que no carge los recortes en este sector. Fuentes gubernamentales aseguran que no hay nada decidido e incluso ven margen para aplicar la subida del IPC, que estará cerca del 1,4% este año. De hacerlo, el coste en salarios crecería en unos 3.000 millones. La economía de la eurozona va mejor de lo previsto y no se descarta que en 2014 la actividad se anime más de lo previsto.

Lo que sí está claro es que se prorrogará la congelación de oferta pública. No habrá sustitución de los funcionarios que se jubilen excepto para algunos cuerpos del Estado como los de Seguridad, e Inspectores de Hacienda y la Seguridad Social, que se limita la tasa de reposición al 10%. Esta medida también afectará a todas las administraciones públicas, donde se han jubilado más de 30.000 funcionarios al año desde 2011. El Gobierno ha estimado que supondrá un ahorro de unos 3.200 millones.

En el último año se han perdido 220.000 puestos de trabajo en el sector público —375.000 en tres años—. Cifra que seguirá creciendo puesto que el proyecto de reforma de la administración incluye facilidades para despedir y ajustar plantillas. Los empleados públicos ya han visto como ya les ha eliminado los días de libre disposición, suprimido los moscosos y los canosos (por la antigüedad). También les han recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal.

La mejora de la actividad de la eurozona ha contribuido a desinflar la prima de riesgo, que merodea por los 250 puntos, mucho menos de la mitad que el máximo alcanzado hace solo un año. Esto se refleja en un descenso de los intereses que España tiene que pagar por su abultada deuda. El Gobierno calcula que ahorrará unos 5.000 millones por la bajada de los tipos. El gasto por intereses, que en 2013 se situó como la mayor partida de los Presupuestos del Estado, disminuirá hasta los 36.000 millones —frente a los 38.600 de este año— a pesar de que el volumen de la deuda alcanzará niveles récord y superará el 96% del PIB en 2014.

Los gastos para pagar la nómina del personal público, el segundo mayor capítulo de las cuentas públicas, crecerán de forma moderada. Los recursos destinados a inversiones seguirán ajustándose, aunque a menor ritmo. En los últimos tres años se ha reducido más de un 60%. Solo el año pasado el descenso fue del 15% hasta dejar la partida en unos 10.000 millones. El Ejecutivo no está dispuesto a iniciar nuevos proyectos pero reservará el dinero mínimo para el mantenimiento y conservación que evite el deterioro de las carreteras, las infraestructuras y el patrimonio del Estado.

Las subvenciones a entidades privadas, partidos políticos, sindicatos y patronal seguirán sufriendo recortes, aunque no tan drásticos como los del año pasado, que padecieron un mordisco del 25%.

En total, el techo de gasto para 2014 asciende a 133.259 millones, lo que supone un incremento del 2,7% por un aumento en la aportación a la Seguridad Social. Precisamente, el gasto en pensiones crecerá en torno a un 5% por la entrada en el sistema de jubilados con rentas más altas y se aproximará a los 130.000 millones, frente a los 122.000 millones de este año.

El Estado rebajará el otro gran gasto en prestaciones, el del desempleo (unos 30.900 millones), porque los parados están agotando la cobertura y empiezan a cobrar el subsidio, de mucha menor cuantía. Además, el Gobierno legisló en 2012 para reducir este gasto: bajó la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes del 60% al 50% y endureció el acceso al subsidio a los mayores de 55 años. Este año ya disminuyó el presupuesto para las políticas de empleo en un 6%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró hace una semana que “las cuentas seguirán marcadas por el proceso de consolidación fiscal, aunque el ajuste no será tan fuerte como en 2012 y 2013”.

En el lado de los ingresos no se esperan novedades. No hay previstas subidas de impuestos como las sufridas en los dos últimos años, pero se cuenta con una subida de la recaudación por la mejora de la economía. La estimación de ingresos no financieros del Estado se eleva a 128.159 millones, lo que representa un crecimiento del 0,9% sobre 2013. Algún maquillaje en IVA, ya previsto, como la subida del impuesto de algunos productos sanitarios y servicios de notarias. Aparte de esto, el Gobierno descarta nuevas subidas y emplaza a la reforma tributaria que preparan los expertos del comité creado por Hacienda para revisar todos los tributos

Mientras, el Gobierno recaudará más de las grandes multinacionales. En julio eliminó una deducción por la que espera recaudar unos 3.000 millones en 2014. Ese año, entrarán en vigor algunas medidas de estímulo fiscal que costarán unos 1.400 millones: como el IVA de caja, o algunas bonificaciones por reinversión, i+D+i para nuevos emprendedores.

Las cuentas de 2014 serán las últimas donde prevalecerán los ajustes. El año siguiente, 2015, es electoral y, si se cumplen las previsiones del Gobierno, la economía ya permitirá alegrías como bajar los impuestos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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