INFORME DE LOS INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA

“La reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”

Consideran que la institución fue “laxa” en la persecución de “remuneraciones estratosféricas”.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez habla en la toma de posesión de su sucesor, Luis Linde, al frente del Banco de España / Gorka Lejarceji

La crisis financiera ha levantado escándalos de corrupción en algunas cajas de ahorros que han terminado en los tribunales. Los jueces investigan apropiaciones indebidas de varios ejecutivos, lo que ha provocado una gran indignación social, acentuada porque parte de las entidades han requerido ayudas públicas de muchos miles de millones, mientras el Estado recorta servicios básicos a los ciudadanos. No parece este el mejor ambiente para dar carpetazo a la actuación del Banco de España y a la revisión de sus sistemas de supervisión, que ha tenido fallos evidentes. La Asociación de Inspectores del Banco de España denuncia en un informe la actitud del supervisor ante las malas prácticas. “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, proclama una frase del último punto del documento.

Europa reclamó en el Memorándum de Entendimiento “una revisión interna formal” de los métodos de supervisión “a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.

El nuevo gobernador, Luis Linde, anunció en julio pasado que abriría una comisión para analizar los errores de supervisión y proponer mejoras. Ángel Luis López Roa, consejero de la institución, elabora el informe que se cerrará en breve. El subgobernador, Fernando Restoy, consultó la situación con los inspectores, en un gesto de acercamiento para romper más de diez años de fuertes enfrentamientos. La Asociación de Inspectores, que agrupa al más del 80% de estos profesionales, valoró positivamente la buena disposición de la jerarquía y entregó un informe con 30 puntos. En ellos recogen mejoras en la supervisión y fuertes críticas a la actuación de años anteriores.

En el último punto, titulado “Comunicación al poder judicial de los indicios de delitos detectados”, se afirma: “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”. Los inspectores agregan que “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudiera ser delictivas”.

Piden formación penal para que los funcionarios frenen los delitos

Sin embargo, los inspectores admiten que como su labor principal es la detección de problemas de solvencia y de gestión de las entidades financieras, y por “la dificultad de probar conductas complejas”, “no se trabaja activamente en la persecución del delito. Basta con preguntar el número de comunicaciones de delitos realizados desde el Banco de España hacia el poder judicial”. Entre 2010 y 2011 solo hubo propuestas de sanción administrativa en CCM y Cajasur. El año pasado sí hubo comunicaciones a jueces sobre la CAM y Banco de Valencia.

Fuentes oficiales del Banco de España no han querido comentar el informe. También lo ha rechazado el entorno del anterior equipo gestor, dirigido por Miguel Fernández Ordóñez.

La propuesta de los inspectores para acabar con esta situación es “establecer un procedimiento para la comunicación jerárquica de los indicios de delito. Dar formación en materia penal a los inspectores y crear un grupo de inspección especializado en investigación de delitos”.

Denuncian la injerencia de la banca y los políticos en el supervisor

Fuentes financieras, conocedoras del funcionamiento interno del supervisor, dudaron de que existiera una ocultación sistemática de indicios de delitos en el Banco de España. En su opinión, los procesos de investigación de entidades pasan por muchas manos (los inspectores, el jefe de grupo, la dirección general), que exigiría grandes complicidades para tapar los indicios.

Los autores del informe apuntan que no se refieren solo a delitos multimillonarios: “Nuestra propia labor, velar por la solvencia, deja zonas grises de actuación. Por ejemplo, al examinar unas cuentas se puede encontrar préstamos a una empresa ruinosa que levantan sospechas de que alguien pueda beneficiarse en última instancia. O sueldos disparatados que rozan la apropiación indebida o el desfalco. Pero, ¿es nuestra labor investigar eso? No tenemos formación para ello. Además, la cantidad de un crédito sospechoso puede que no afecte a la solvencia de la entidad por lo que queda fuera de nuestro trabajo. Lo que queremos es que existan sistemas automatizados para denunciar estos asuntos”.

Entre los inspectores destacan el hecho de que solo en las entidades intervenidas se han encontrado indicios de delito. “¿Ninguna otra tenía trapos sucios?”, se preguntan. Sin embargo, en el Banco de España se considera que hasta que no se logra el control total de una entidad no se conocen sus verdaderas irregularidades.

Ejecutivos financieros consultados que han exigido el anonimato, consideran que si los inspectores investigaran todos estos asuntos se solaparían con las labores de la fiscalía. También señalan que la acusación realizada en el informe es de enorme gravedad “porque no denunciar indicios de delito es un delito. Si conocen casos reales, deberían haberlos enviado a la fiscalía. De lo contrario, pueden ser hasta colaboradores”.

Además, se recuerda que las decisiones de enviar o no los indicios encontrados en una entidad “es una decisión colegiada de la comisión ejecutiva del Banco de España. Los actuales miembros son los mismos que en la época Ordóñez, salvo el director general de supervisión, Jerónimo Martínez Tello, el subgobernador y el gobernador”.

En otro apartado del informe, los inspectores piden “reducir la influencia” de los bancos “y de los políticos” para evitar “la captura del supervisor, el sentimiento de arbitrar para casa” y la fuga de ejecutivos del Banco de España a las entidades.

Su acusación es un golpe duro sobre una de las claves de esta crisis: “La influencia de la industria ha modulado la actual supervisión, de modo que con un supuesto buen clima de diálogo entre supervisor y supervisado, se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores”. Para evitar dudas, concluyen: “En la resolución de la crisis se ha actuado de un modo excesivamente suave con relación a infracciones que podrían considerarse como tipificadas de muy graves y que afectan a la solvencia y a la gestión; se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas de gestores de entidades (particularmente en cajas, muchas de las cuales han acabado parcial o totalmente nacionalizadas) o en situaciones como las de Alfredo Sáez y otros directivos condenados penalmente”.

En su opinión, la falta de ejecutivos expertos en riesgos financieros en la cúpula del Banco de España ha facilitado que se comentan errores graves y la injerencia. “Se ha actuado de un modo condescendiente con la mala gestión”, apuntan. En uno de los textos a pie de página afirman que en 2010, el supervisor rebajó las provisiones exigidas “básicamente para salvar la cuenta de resultados de alguna entidad”. Ningún inspector cita casos concretos, pero 2010 fue un año especialmente complejo para Bankia, clave en la crisis financiera española.

Una sospechosa salida a Bolsa

El caso Bankia no tuvo su origen en una información del Banco de España, sino en una querella de UPyD —respaldada por la Fiscalía Anticorrupción—, que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, asumió investigar en julio pasado. Andreu solicitó al organismo supervisor que remitiera los documentos de la inspección desde enero de 2011, el plan de saneamiento que presentó el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, poco antes de su dimisión, en mayo, y los informes relativos a las retribuciones de consejeros y directivos.

El juez imputa a 34 antiguos miembros de los consejos de administración de Bankia y su matriz (BFA), entre ellos Rato y José Luis Olivas (expresidente de Bancaja) supuestos delitos de falsedad en las cuentas, administración desleal en la gestión de la entidad y en las remuneraciones y manipulación para alterar el precio de las cosas.

Anticorrupción ha encargado un informe pericial a los inspectores del Banco de España, a los que pidió que rastreen posibles “artificios contables” en la salida a Bolsa de Bankia, en las remuneraciones, en los préstamos a partidos y sindicatos, y en las cuentas de 2010 y 2011.

Indemnizaciones multimillonarias

La actuación de la Fiscalía Anticorrupción contra varios exdirectivos de Novacaixagalicia se originó en una denuncia del sindicato CIG. Como resultado de las pesquisas sobre cómo se pagaron indemnizaciones multimillonarias tras la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova, y otros cuatro exdirigentes de la entidad luego nacionalizada.

Estos cuatro exdirectivos cobraron indemnizaciones que, junto a sus planes de pensiones, ascendían a 52 millones de euros. Anticorrupción consideró que los directivos pactaron con Fernández Gayoso “mejorar sus contratos de alta dirección”, con varias cláusulas que blindaban las indemnizaciones, sin dar la información pertinente al Consejo de Administración.

En septiembre de 2011, Gayoso liquidó las prejubilaciones “sin comunicarlo al Banco de España”, según la querella de la Fiscalía. La Audiencia Nacional tomó declaración como testigos a dos inspectores del Banco de España que elaboraron un informe sobre las retribuciones.

El descalabro de las finanzas valencianas

El Banco de España tuvo un papel destacado en la investigación de exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que el fondo de rescate estatal (FROB) intervino en julio de 2011. El FROB, dependiente entonces del Banco de España, echó a la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y su información es básica en las investigaciones por apropiación indebida contra varios exdirectivos de la caja alicantina, incluida la propia Amorós.

En el caso de Banco de Valencia, otra entidad intervenida por el FROB en noviembre de 2011, el fondo de rescate promovió el año pasado una demanda civil contra los exgestores del banco por las indemnizaciones millonarias cobradas. Además, en junio envio a la Audiencia Nacional un informe de 200 páginas en el que detallaba supuestos delitos, desde la falsedad mercantil hasta delitos societarios, tras analizar las cuentas de la entidad en los últimos años. Y acusa al ex consejero delegado, Domingo Parra y, al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig de causar a la entidad un perjuicio de 137 millones con operaciones financieras e inmobiliarias irregulares. 

Las primeras intervenciones

La intervención de Caja Castilla La Mancha por el Banco de España en marzo de 2009 fue el inicio del fin del sistema de cajas de ahorros. Pero entonces, el Gobierno y el supervisor dejaron pasar el aviso. La investigación del Banco de España le llevó a proponer sanciones administrativas por “infracciones muy graves” para antiguos directivos y consejeros. La mayor multa (155.000 euros) fue para el expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, al que la Audiencia Nacional investiga junto al ex director general, Ildefonso Ortega, por indicios de administración desleal, falsedad contable y estafa, aunque ha desechado que hubiese enriquecimiento ilícito. La denuncia partió de exconsejeros del PP.

La segunda entidad intervenida por el Banco de España fue Cajasur, la entidad que hasta entonces controlaba la Iglesia, en mayo de 2010. A propuesta del supervisor, el Ministerio de Economía se impusieron multas por infracciones graves a 38 antiguos consejeros y directivos, entre ellos dos obispos. Ha habido, al menos, una denuncia particular ante Anticorrupción por estos hechos.

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