Trabajo plantea recortar la pensión de viudedad para las personas divorciadas

Las pensiones de viudedad deben mantenerse cuando sean necesarias como renta de supervivencia. Con este convencimiento, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, lanzó ayer la idea de un posible recorte en las pensiones de viudos que perciben pensión al morir su cónyuge a pesar de haberse divorciado en vida. El ministro aseguró que en la negociación que mantiene con sindicatos y patronal sobre pensiones se está abordando esta cuestión. Además, Caldera cifró en 400.000 el número de trabajadores temporales que podrían convertirse en fijos este año por la reforma laboral.

El Gobierno, los sindicatos y la patronal ultiman una reforma de la Seguridad Social encaminada a corregir algunos aspectos del sistema. Uno de los que se discuten es el futuro de las pensiones de viudedad. Aunque de momento no existe intención de introducir grandes cambios en la prestación, la reforma va a "abordar" un recorte para los casos de divorcio. Jesús Caldera sugirió ayer esta idea durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"No parece razonable que sigamos manteniendo un gasto para personas que no lo necesitan", indicó el ministro, "pues dentro de 15 o 20 años nos podemos encontrar con 15 millones de pensiones ordinarias y al menos 7,5 millones de pensiones de viudedad". Para garantizar la estabilidad del sistema, Caldera se mostró partidario de abordar la viabilidad de las pensiones de viudedad para las personas que cuentan con otra fuente de ingresos.

Con el sistema actual, cuando una persona muere, su cónyuge recibe pensión de viudedad, incluso si se divorciaron antes del fallecimiento. Si la persona ha estado casada dos veces, la pensión se reparte proporcionalmente entre las dos personas en función del tiempo de matrimonio con cada una.

Jubilación parcial

Además de la pensión de viudedad, la negociación también aborda cambios en la jubilación parcial, que permite a un trabajador jubilarse un tanto por ciento de su jornada a partir de los 60 años a cambio de que la empresa haga un contrato de relevo. El Gobierno pretende que el relevo se mantenga, pero "con la garantía suficiente en cuanto a calidad de desempleo, cotizaciones a aportar y antigüedad del trabajador relevado". Caldera espera que no se produzca un gasto inasumible para el sistema.

Además de la reforma de la Seguridad Social, que espera concluir este mes, Caldera aludió a la recién aprobada reforma laboral. El plan de choque contemplado en la reforma laboral, que consiste en incentivar con 800 euros anuales los contratos temporales que pasen a indefinidos hasta el próximo 31 de diciembre, permitirá hacer fijos "al menos a 400.000 trabajadores" en el segundo semestre del año. La reforma entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Caldera precisó que esa cifra es sólo una parte de los amplios resultados que espera tenga la reforma, de forma que el dato final será "muy superior" a esos 400.000. El ministro asegura que la tasa de temporalidad bajará del actual 33,3%, aunque prefiere no cuantificarlo.

Respecto al coste de la reforma, Caldera aseguró que este año supondrá 870 millones de euros adicionales a los aproximadamente 2.700 millones que se destinan anualmente a bonificaciones. El año que viene se añadirán 1.294 millones.

Más allá de las reformas, Caldera avanzó que la Seguridad Social volverá a terminar este año con un superávit superior al 1% del producto interior bruto (PIB), al igual que en los dos últimos ejercicios.