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Reportaje:

Puros y apuros en en el grupo Altadis

La suerte del plan de reestructuración, en manos de un juez francés y del nuevo Gobierno español

La hispanofrancesa ha reiterado esta semana, en vísperas de la decisión de un juez francés sobre su nuevo plan de reestructuración industrial y de la presentación de sus resultados del primer trimestre, su intención de hacerse con alguna empresa tabaquera rusa antes de fin de año. Un oportuno mensaje en un clima de incertidumbre entre analistas e inversores sobre la repercusión del cambio de Gobierno en España sobre los planes y negocios del grupo.

El proyecto de adquirir alguna tabaquera en Rusia refuerza la nueva estrategia de expansión de Altadis hacia el este de Europa y África
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Tiempos difíciles para Altadis. El martes debe pronunciarse un juez francés sobre su nuevo plan de reestructuración, que prevé cerrar varias plantas en Francia y en España; y el miércoles el grupo va a presentar sus resultados del primer trimestre, que los analistas no esperan que sean muy brillantes (en la compañía ya adelantaron al ofrecer el cierre de 2003 que los resultados irán de nuevo en este ejercicio de menos a más).

Además uno de sus principales accionistas, el fondo estadounidense Fidelity International, acaba de reducir su participación en la tabaquera; y sus acciones en Bolsa cotizan a la baja desde mediados de marzo ante las dudas que provoca el cambio de signo en el Gobierno español sobre la viabilidad de su anunciado plan de cese de actividad y despidos en varias plantas, y sobre la negativa repercusión que puede tener sobre sus ventas y márgenes en el mercado doméstico un incremento de los impuestos sobre el tabaco planteado por el presidente Zapatero.

La tabaquera, que culminó hace unos meses un plan de ajuste que supuso el cierre de ocho fábricas y el recorte de 2.100 empleos en 2001 y 2002, anunció el verano pasado una nueva reestructuración industrial, a desarrollar a lo largo de 2004 y 2005, que recoge el cierre de cinco plantas (tres en España -Cádiz, Tarragona y Sevilla- y dos -Lille y Tonneis- en Francia) y la eliminación de 1.227 puestos de trabajo (743 en España).

Altadis, que en junio adquirió la tabaquera estatal marroquí por 1.253 millones y ahora anuncia su posible próximo desembarco en Rusia, justifica el nuevo reajuste en la necesidad "de mantener el nivel de competitividad". Asegura que ha adoptado esta decisión "en un momento de ralentización del consumo de cigarrillos, de caída constante del segmento de tabaco negro, descenso de la producción para terceros y de una cada vez más dura competencia en un sector donde los fabricantes tienden a la concentración y a racionalizar sus centros de producción".

Unos argumentos que no convencen a los sindicatos y a las autoridades de las regiones afectadas por el cierre de plantas, tanto en Francia como en España, que han calificado de provocación esta medida en un grupo empresarial con casi 300 millones de euros de beneficio neto en 2003 (en estas cuentas, además, incluyó ya Altadis una dotación de 240 millones para hacer frente a las indemnizaciones del nuevo ajuste).

Las diferencias de legislación, y en el caso español el calendario político, han hecho que los planes de ajuste sigan caminos y tiempos distintos en uno y otro país.

En Francia, un juez del Tribunal de Gran Instancia de París suspendió temporalmente, a mediados de julio, los planes de cierres y despidos de Altadis en aquel país. Según el magistrado, el litigio, surgido a raíz de un recurso presentado por el comité de empresa, exige un examen a fondo y puede tramitarse por vía de urgencia. Los representantes de los trabajadores habian pedido al tribunal que dictaminara que un "proyecto alternativo", elaborado por un gabinete de expertos por encargo del comité, "no se tuvo en cuenta" por la compañía, en contra de lo que prevé la normativa, y que además el plan de salvaguarda de empleo "es insuficiente". Los sindicatos también piden al tribunal que condene a Altadis al pago de 4 millones de euros. La suerte del ajuste, en definitiva, está pendiente de la resolución que tome el juez que se hará pública este mismo martes.

En España, donde la normativa es diferente, Altadis sabe que difícilmente le va a ser aprobado un expediente de regulación de empleo si previamente no ha sido negociado y pactado con los sindicatos. Y más aún tras la reciente sustitución del PP por el PSOE en el Gobierno (los socialistas han respaldado en los últimos meses al comité de empresa en su oposición al nuevo ajuste ideado por la tabaquera e incluso en vísperas de las elecciones intentaron llevar y discutir el tema en el Congreso).

En los meses previos a las elecciones, y frente al rechazo expreso al ajuste de los Gobiernos regionales y ayuntamientos afectados y frente a las manifestaciones y encierros de los trabajadores, la multinacional adoptó un perfil bajo en la defensa pública de sus planes e insistió en su deseo de llegar a acuerdos negociados. No quería destapar contradicciones y poner en un brete frente a su electorado a los políticos del PP (caso de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz).

Deslocalización

Autoridades regionales y sindicatos están con la mosca tras la oreja de la deslocalización industrial. La tabaquera hispanofrancesa, según un informe elaborado por encargo del comité de empresa por los consultores Manuel de la Rocha, Luis Zumalacárregui y Francisco Celada, podría trasladar progresivamente la producción de sus centros en España y Francia hacia las plantas de Marruecos y Polonia, con inferiores costes laborales y de producción.

El informe recuerda que Altadis pretendió sin éxito adquirir tabaqueras en Alemania, Austria e Italia, compañías con las "que hubiera consolidado un grupo europeo de enorme potencialidad". Después ha optado por hacerse con Regis des Tabacs de Maroc y con una tabaquera polaca, lo que se traduce en una nueva estrategia de expansión hacia el este de Europa y hacia África. La reiteración de las intenciones de adquirir una compañía rusa, este mercado es el tercero del mundo en consumo de tabaco, afianza esta tesis.

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