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Economía solo gastó en 2016 un tercio de lo que presupuestó para I+D

El capítulo de apoyo a la Investigación y el Desarrollo se desploma con la crisis un 53% hasta los 3.963 millones

El Estado solo gastó en 2015 la mitad de lo que presupuestó para I+D, según datos oficiales de la Intervención. Y las cifras parciales del Ministerio de Economía revelan que 2016 fue incluso peor: el departamento de Guindos solo desembolsó un tercio de lo previsto. Esta falta de ejecución del gasto público provoca que el recorte aplicado al I+D sea mucho mayor de lo plasmado en Presupuestos: en 2015, el dinero realmente empleado por el Estado y sus organismos se desplomó desde los 8.468 millones de 2009 hasta los 3.963 millones, un tajo del 53% muy superior al 30% que se desprende de los Presupuestos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos. EL PAÍS

El Estado (sin contar sus organismos autónomos) solo gastó en 2015 el 51,9% de lo que presupuestó para I+D. De acuerdo con las estadísticas de la Intervención General del Estado publicadas con motivo de los Presupuestos, en la rúbrica de Investigación, Desarrollo e innovación solo se dispuso de 2.661 millones frente a los 5.128 asignados. Si también se toman las tasas de ejecución de los organismos autónomos y agencias estatales, la proporción aumenta un poco y alcanza el 60,6% del presupuesto total de la Administración General. La llamada política 46 se sitúa así en los 3.963 millones, la mitad de los 8.469 millones que se emplearon allá por el 2009.

Semejante grado de falta de ejecución se traduce en que el Estado ha dejado de gastar 18.886 millones entre 2008 y 2015. Junto a la obra pública, las políticas de impulso al I+D se convierten en una de las partidas que más ha sufrido la crisis. Y la situación de 2016 puede haber sido aun más dramática, ya que estos fondos han sido de los más perjudicados por el cierre del gasto que se tuvo que hacer a mitad de año para poder cumplir con los objetivos de déficit exigidos por Bruselas. Los datos parciales de ejecución desvelan que el Ministerio de Economía solo ha desembolsado un tercio de sus créditos presupuestarios para I+D. De los 1.546 millones destinados a la rúbrica de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, el departamento que encabeza Luis de Guindos únicamente ha librado 868 millones, el 56%. Para la sección dedicada a Investigación y desarrollo tecnológico-industrial, Economía tenía asignados 1.788 millones. Sin embargo, solo ha reconocido obligaciones por valor de 303 millones, un 17% del presupuesto.

A la luz de estos guarismos, la secretaría de Estado que dirige Carmen Vela arroja uno de los menores porcentajes de ejecución del conjunto de las Administraciones: uno de cada tres euros no se gasta. La distancia entre lo que se dice que se va a dotar y lo que en verdad se dispone se antoja enorme. Desde luego, ese 35% de ejecución registrado en I+D se encuentra muy lejos de las tasas superiores al 85% que presentan el resto de ministerios.

Y una de las razones de este hundimiento radica en que cada vez se dedica más presupuesto a préstamos blandos, esto es capítulo VIII, en lugar de gasto directo como subsidios, transferencias o personal (capítulos I a VII). Los organismos y agencias estatales presentan una ratio de ejecución elevada, del orden del 90%. En cambio, el dinero presupuestado por el Estado se gasta mucho menos. Economía argumenta que se ha diseñado una estrategia de uso más eficiente. Pero el problema estriba en que las Universidades y los centros públicos no están configurados para trabajar con préstamos. Se trata de un dinero que hay que devolver. Y eso implica que muchas de esas líneas de financiación acaban el ejercicio sin utilizarse. De ahí los pobres resultados exhibidos.

El Gobierno ha anunciado que el I+D conseguirá este año un 4,1% más en los Presupuestos. Pero la cuestión reside en cuánto se ejecuta y no tanto en los titulares que se venden. Ya en 2015 los Presupuestos recogían un alza de los recursos disponibles por valor de 312 millones hasta los 6.395 millones en el total de la Administración central incluyendo organismos. Sin embargo, al final el incremento ejecutado solo fue de 112 millones más hasta los 3.963 millones, el primer aumento del gasto real desde 2009. No obstante, viendo el grado de ejecución del año pasado, el cierre del gasto impuesto a mediados de 2016 puede haber hecho retroceder esta partida hasta niveles no conocidos desde finales de los 90. Y la clave para que esta inversión se recupere un poco en 2017 se halla en la ejecución presupuestaria.