El juez de Bankia y su ‘línea Maginot’
Fernando Andreu rechaza imputar a seis altos cargos del Banco de España y al presidente de la CNMV
El juez Fernando Andreu ha rechazado imputar a seis altos cargos del Banco de España y al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en base a los cuatro correos electrónicos dirigidos por el inspector cabecera en el grupo BFA-Bankia, José Antonio Casaus, a su jefe, el actual director general adjunto de Supervisión de la institución, Pedro Comín, en abril y mayo de 2011 inmediatamente antes de la salida Bolsa de la entidad. Pero al razonar su posición, el juez ha dado un paso adelante hacia el auto de conclusión de la investigación.
La huella de ese paso adelante está en el punto tercero de su resolución del 28 de noviembre pasado. Hay dos cosas importantes.
La primera es que una “decisión errónea” en el sistema no es suficiente para reclamar una responsabilidad penal y “existen otros mecanismos idóneos para la exigencia de responsabilidad de los funcionarios y organismos públicos”.
La segunda: “que ningún sistema de supervisión puede ofrecer una garantía completa, particularmente en el caso de que se cometan actos fraudulentos por terceros como podrá darse en este caso presente en que se habrían presentado unas cuentas con el correspondiente aval del auditor externo que no reflejarán fielmente el estado económico financiero en la entidad cuya salida a Bolsa se refrendó”. En el primer punto, el juez tira por elevación a los políticos. Viene a señalar que las responsabilidades por los errores cometidos en la salida a Bolsa deberían sustanciarse en la política o el parlamento, no en el terreno judicial.
Nada se ha hecho, por cierto en España, a diferencia de otros países, para investigar qué falló y quiénes fueron los posibles responsables de una crisis financiera que llevó a la inyección de cuantiosos fondos públicos para salvar a las entidades.
En el segundo punto, el juez Andreu, erige la fortificación de toda la instrucción sumarial, lo que podríamos llamar su línea Maginot. Forman parte de ella la conducta de los administradores de BFA-Bankia encabezados por Rodrigo Rato y la de su auditor, Deloitte.
Más allá de esa fortificación pueden haberse producido conductas imprudentes o temerarias, pero estarían fuera del alcance del artículo 282 bis del Código Penal (delito de estafa de inversores). La “taxatividad” del tipo penal impediría, según el juez, que se apoya resoluciones de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, investigar esas conductas.
Esta visión del juez ya le había conducido a rechazar las imputaciones solicitadas el 1 de julio pasado. Pero desde entonces ha corrido mucho agua bajo los puentes de Bankia: las declaraciones de los altos cargos del Banco de España, la del inspector Casaus y los múltiples correos, entre ellos los cuatro decisivos de abril y mayo del año 2011.
El juez califica estos correos entre Casaus y Comín de “informales” y “espontáneos” “y da más valor a los “informes de seguimiento” de los inspectores. Sin embargo, según explicó Casaus los borradores de esos informes son revisados por los jefes, quienes sugieren cambios.
El juez reproduce algunos párrafos de los correos en los que Casaus considera “inviable” el proyecto BFA-Bankia y vaticina una socialización de pérdidas. Según el juez, es una “opinión personal” que “resultó ser acertada”. Pero si Casaus “acertó” no fue por sus dotes de adivino, sino porque calibró los saneamientos pendientes y los problemas contables.
Los correos anticipan lo que los informes de seguimiento recogerán más tarde, a saber, que se estaba apuntando, por ejemplo, intereses por créditos al sector promotor que en realidad no los devengaban y que los resultados “recurrentes” eran inexistentes.
