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La amnistía sirvió a algunos evasores para pedir devoluciones a Hacienda

Montoro se resiste a realizar una investigación masiva de las declaraciones del indulto fiscal a pesar de que lo pidió el Parlamento

La amnistía fiscal fue una de las medidas más polémicas de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Los defraudadores pudieron legalizar el dinero negro pagando un 3% en lugar del 10% que inicialmente se había previsto. Como finalmente solo se obligó a rendir cuentas por los rendimientos de los ejercicios no prescritos, algunos contribuyentes llegaron a blanquear sus inversiones ocultas al fisco mediante un pago simbólico. Incluso aprovecharon el indulto fiscal para pedir al fisco devoluciones de años en los que habían registrado pérdidas. A pesar de estas prácticas, Hacienda retrasa la investigación masiva de las declaraciones, como le ha pedido la mayoría parlamentaria. Mientras, el debate sobre su prescripción se recrudece.

Cristobal Montoro, en el Congreso
Cristobal Montoro, en el Congreso EL PAÍS

Queda un mes para que se cumplan cuatro años de la amnistía fiscal y la Agencia Tributaria aún no ha enviado las notificaciones de inicio de comprobación a los 30.000 contribuyentes que se acogieron al proceso de regularización, como acordó la mayoría del Parlamento. Esta comunicación paralizaría la prescripción masiva del indulto fiscal, según advierte Ciudadanos, que insiste en que se producirá el 30 de noviembre. Hacienda dice que las declaraciones del indulto fiscal no caducan.

La formación naranja presentó una proposición parlamentaria para instar al Gobierno a que recupere unos 2.800 millones de los beneficiarios de la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno del PP bautizó al indulto tributario. Argumentaba que los beneficiarios de la amnistía pagaron solamente un gravamen medio del 3% en lugar del 10% que tenían que haber liquidado por las rentas afloradas si se hubiera cumplido a rajatabla el real decreto que lo regulaba.

Los contribuyentes aprovecharon este y otros atajos a raíz de un informe de la Dirección General de Tributos que interpretó que solo había que rendir cuentas por los rendimientos obtenidos en los ejercicios no prescritos y no por todas las inversiones afloradas. Esta interpretación provocó un boquete: el Gobierno recaudó 1.193 millones de euros frente a los 2.800 millones previstos.

Justificaciones

La vía abierta por Tributos permitió también que varios contribuyentes legalizaran sus inversiones que tenían ocultas a ojos de Hacienda pagando una cantidad simbólica. Muchos justificaron que la mayoría de su patrimonio defraudado procedía de ejercicios prescritos (antes de 2008). Unos pocos fueron incluso más lejos. Como sus inversiones habían registrado pérdidas entre 2008 y 2012 (los ejercicios no prescritos) procedieron a reclamar a la Agencia Tributaria devoluciones de los impuestos que habían liquidado anteriormente al alegar una pérdida patrimonial. Es decir, estos contribuyentes que habían defraudado no solo legalizaron el patrimonio que habían mantenido oculto al fisco de forma casi gratuita, sino que además pidieron a Hacienda que les compensara las pérdidas que habían sufrido por esas inversiones opacas. Esta es una de las prácticas que describen fuentes de la inspección de Hacienda y que condenan la mayoría de partidos de la oposición. "Ha sido sangrante ver lo que hacían algunos defraudadores", se lamenta José Luis Groba, presidente de la organización de inspectores de Hacienda (IHE).

Los inspectores también recuerdan cómo después del informe de Tributos, los contribuyentes procedieron a legalizar dinero en metálico. Una orden ministerial permitía blanquear el dinero tan solo manifestándolo en la Declaración Tributaria Especial. Fuentes de la inspección advierten que esta era una puerta abierta que podrían cruzar algunos contribuyentes para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. "El efectivo no es rastreable y el riesgo grave de blanqueo de capitales estaba ahí", sentenció Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, en la intervención parlamentaria en la que reclamaba inspeccionar las declaraciones del indulto fiscal, una propuesta que contó con el respaldo de la mayoría parlamentaria.

A pesar de la existencia de estos casos sin investigar, la Agencia Tributaria no se siente concernida por la proposición del Parlamento y no tiene previsto iniciar un proceso de comprobaciones masivas para los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía. "Hay que mirar al futuro y no estancarse en el pasado", señaló la semana pasada Santiago Menéndez, director general de la Agencia. Desde la institución recuerdan que ya utilizan la información de los 40.000 millones de bienes aflorados con la DTE para trazar perfiles de riesgo sobre los contribuyentes. Y recuerdan que Tributos indicó que no procede comprobaciones aisladas de estas declaraciones.

Groba urge a tomar medidas y considera que "lo que no se haga antes del 30 de noviembre difícilmente se va a hacer después". Y añade: "La Agencia tiene capacidad para hacer 30.000 notificaciones. Con eso se pondría el contador a cero. Además, se pueden hacer comprobaciones limitadas o parciales. También se puede hacer una selección de contribuyentes con más riesgo. Lo que hace falta es algún tipo de actuación, porque ahora mismo, que nosotros sepamos, en la Agencia Tributaria no hay nada en marcha".

El 10% de las declaraciones

La Agencia Tributaria ha cosechado unos 182 millones por las inspecciones de la amnistía fiscal. En realidad, no ha revisado las declaraciones, sino que a raíz de la información obtenida de ese proceso ha podido cruzar datos tributarios y obtener perfiles de contribuyentes con más riesgo fiscal, según el director de la Agencia, Santiago Menéndez. En total, explicó, se han realizado inspecciones al 10% de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía.

"Esa ley es una pasarela para que los defraudadores y los delincuentes de cuello blanco se pudieran ir de rositas fiscal y penalmente", dijo Pedro Saura, diputado del PSOE, cuando se debatió la proposición de Ciudadanos.

Francisco de la Torre, del partido naranja, manifestó: "Como decía Platón: la justicia es la decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y subir los impuestos a los que ya los pagaban, mientras se perdonaba a los defraudadores, es cualquier cosa menos justicia".