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Rajoy deja en herencia un recorte de 8.000 millones y la multa por el déficit

La Comisión Europea aplaza hasta principios de julio la multa por el déficit excesivo pero le reclama ya recortes en el gasto

La herencia recibida del Gobierno Zapatero ha sido el soniquete de Mariano Rajoy durante los cuatro últimos años. Bruselas aplazó este miércoles la decisión sobre las sanciones a España y Portugal por los incumplimientos del déficit para no influir en la campaña electoral del 26-J, pero la Comisión Europea hizo un esbozo de la que será la herencia fabricada por Rajoy para el próximo inquilino de La Moncloa: un ajuste fiscal de más de 8.000 millones entre 2016 y 2017 —que condicionará el arranque de la legislatura— y una posible multa de hasta 2.000 millones, que Bruselas deja para julio, justo después del 26-J y del referéndum británico.

Rueda de prensa del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici

La Gran Recesión fue la manera de que el mundo aprendiera algo de economía; su versión española quizá sea la forma de que España interiorice que la política económica ya no puede hacerse de espaldas a la UE. La Comisión Europea bosquejó este miércoles las líneas maestras de los dos próximos años para la economía española: el próximo Gobierno se enfrenta a una amenaza de multa por los continuos incumplimientos en el déficit, y deberá acometer ajustes fiscales por importe de algo más de 8.000 millones hasta finales de 2017 si esta vez quiere cumplir las directrices de Bruselas y dejar atrás su merecida fama de país poco fiable con las reglas.

Bruselas dio un año extra para llegar al sacrosanto 3% del PIB de déficit. Y activó una solución de compromiso para limitar la incidencia de sus decisiones en la campaña electoral: la Comisión traslada las decisiones sobre la sanción a los primeros días de julio, pero a cambio deja claro que habrá que recortar, y que España no tiene margen para alegrías como una nueva rebaja de impuestos, con el déficit por encima del 5%, la deuda por encima del 100% del PIB y, en fin, con las cicatrices de la crisis aún en carne viva.

Este miércoles fue un día de inusual sinceridad en los cuarteles generales de la UE. Frente al habitual “las reglas son las reglas”, a pesar del eterno “las reglas son automáticas” con el que Bruselas lleva castigando a generaciones de corresponsales de periódicos europeos, la Comisión dijo a las claras que la versión más alemana del Pacto de Estabilidad va pasando a la historia. “No es el momento político” de tomar la decisión de sancionar a España, explicó Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos. “Va a haber elecciones en España”, admitió para explicar por qué retrasa la Comisión las multas a los dos países ibéricos.

En Bruselas conviven dos escuelas de pensamiento. Moscovici y el vicepresidente Valdis Dombrovskis, junto con varios comisarios procedentes del Este y halcones fiscales como otro de los vicepresidentes, el finlandés Jyrki Katainen, abogaban por sancionar inmediatamente a España, sin atender a otras razones. El jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, llevaba días tratando de convencer al resto de comisarios de que esa multa podía ser contraproducente ahora, con unas elecciones y referéndum británico a la vuelta de la esquina.

La opción Juncker gana finalmente ese envite, aunque para España eso no sea más que un alivio momentáneo: las fuentes consultadas dan por hecho que la Comisión activará el procedimiento de infracción. Al cabo, España lleva dos años sin ajustes. Y Bruselas no perdona que Rajoy aprobara una rebaja fiscal electoralista sin margen para ello ni que no consiguiera embridar el gasto autonómico en vísperas de los comicios.

Pero ese asunto queda ya para después del 26-J. La decisión final sobre la sanción se tomará en julio, aunque ese procedimiento puede durar todavía unos meses. Eso sí: los halcones fiscales —los partidarios de una línea más dura— presionarán con dureza para activar tras las elecciones una multa que puede ascender a casi 2.200 millones (el 0,2% del PIB) en el caso español, pero que también podría reducirse en función de la defensa que el Ejecutivo haga de sus intereses.

España cerró 2015 con un déficit del 5,1% del PIB, casi 10.000 millones por encima del objetivo. Madrid ha tomado ya medidas para reducir ese agujero, pero la Comisión prevé que el déficit se vaya al 3,9% en 2016 y al 3,1% en 2017. Con el año extra, las nuevas metas fijadas son del 3,7% este año y del 2,5% el próximo: el desfase equivale a un ajuste adicional de 0,2 puntos de PIB en 2016 y de 0,6 puntos en 2017; más de 8.000 millones en total si esos números van a misa. Algunas fuentes consideran que la factura definitiva puede ser algo inferior, con mayor laxitud por parte de Bruselas una vez se ajuste el déficit por debajo del ya famoso 3%.

Esa receta europea, en fin, es justamente la contraria de la que Rajoy anunció el martes al Financial Times: el presidente en funciones afirmó que rebajará de nuevo los impuestos si es reelegido, aunque este miércoles su equipo quitó hierro a esa promesa. Bruselas reaccionó con un rictus de disgusto. “Si cumple con el déficit, España podrá tomar las decisiones tributarias que desee”, apuntó secamente Dombrovskis ante la prensa. Traducción libre: no hay margen para esas alegrías. Más allá de los números, una alta fuente europea insistía anoche en lo que la Comisión espera de España: “Países como Italia demuestran que las cifras absolutas del ajuste pueden ser secundarias si hay voluntad política para hacer reformas y por diseñar un plan creíble de política económica”. La misma fuente daba por hecho el procedimiento de infracción, aunque el resultado del referéndum y el paisaje después del 26-J en España “pueden incidir en la cuantía de la multa, y en la decisión del Consejo”.

Junto con los recortes y el habitual toque de atención sobre el control fiscal en las autonomías, las recomendaciones para España tienen el cariz habitual. Bruselas reclama “medidas adicionales” para el mercado laboral (políticas activas de empleo, coordinación de los servicios regionales de empleo y, como novedad, una mejora de las políticas sociales). Y exige aprobar las reformas que se quedaron en el tintero: la ley de unidad de mercado y la reforma de los servicios profesionales.

Flexibilidad

Tras varios años recetando austeridad, los halcones del déficit se retiran con lentitud: varios países esperaban más dureza con España y Portugal. Y también con Italia, que emerge como la campeona de la flexibilidad: la Comisión concede a Roma margen fiscal por importe de casi un punto de PIB, unos 14.000 millones por las reformas aprobadas, las inversiones y la crisis de refugiados.

La contrapartida al nuevo sesgo fiscal de Bruselas se verá en los próximos días en Berlín. Puede que el precio de ese suave viraje sea una dura multa para España, aunque Alemania dispara por elevación: en los últimos tiempos viene cuestionando la labor de la Comisión en materia fiscal. Lo más probable es que ese divorcio Bruselas-Berlín no sea fácil de reconducir, en la tradicional línea rocosa con la que Alemania ha patrocinado buena parte de las desventuras del euro a lo largo de la crisis.

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