Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscalía recurre ante la Audiencia Provincial el ingreso en prisión de Blesa

El Ministerio Público estudia presentar una denuncia contra el magistrado

El juez ha podido vulnerar derechos al solicitar correos mediante una providencia y sin motivar

 FOTO: ÁLVARO GARCÍA / VÍDEO: ATLAS

La Fiscalía de Madrid ha recurrido el auto por el que el juez Elpidio José Silva ordenó este jueves el ingreso en prisión incondicionaldel expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, según han informado en fuentes jurídicas. El Ministerio Público, que ha recibido esta mañana oficialmente el auto de prisión, ha presentado el recurso directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, con lo que se ha ahorrado el trámite de pasar por el juez instructor. El Fiscal se opuso ya ayer a la adopción de las medidas cautelares, solicitadas instancias de la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias.

La actuación del titular del juzgado de instrucción numero 9 de Madrid tiene muy enfadada a la fiscalía. El ministerio público abrió a Silva hace semanas unas diligencias de investigación a raíz de una denuncia de la defensa de Blesa. Pero ahora está “estudiando muy seriamente” interponerle una querella por prevaricación continuada”. Así lo explicó a EL PAÍS el fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix.

La fiscalía quiere indagar las irregularidades o delitos que se ciernan sobre la gestión de Blesa, pero “lo que se haga”, señalan fuentes de la fiscalía, “hay que hacerlo bien, y ajustado a Derecho, para evitar futuros problemas de nulidad de actuaciones”.

Lo que “preocupa” especialmente a la fiscalía es que Silva está cometiendo “irregularidades procesales” en la instrucción de las piezas que afectan a Caja Madrid y puede estar vulnerando “derechos fundamentales”. La pieza matriz que dio lugar a esta investigación es el supuesto crédito impagado de 26,6 millones concedido por Caja Madrid al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán. De ahí, fruto del testimonio de un testigo, surgió otra ramificación: el supuesto sobrecoste de 500 millones de euros que pagó Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida (EE UU).

Una de las supuestas irregularidades es que el juez Silva está acordando mediante providencias diligencias que afectan a los derechos fundamentales, cuando en realidad debía hacerlo “mediante autos y de forma motivada”. Mediante una providencia, que ocupa seis folios y “que carece de la necesaria motivación jurídica”, Silva ha pedido a Caja Madrid, que le ha remitido ya una primera e importante remesa, los correos electrónico del expresidente Blesa. “La intervención de esas comunicaciones es una medida muy invasiva, destinada a indagar delitos, pero no hechos ocurridos hace cinco años, en 2008”, destacan estos medios.

Además, estos medios opinan que se está haciendo un uso anómalo del secreto del sumario, puesto que, de forma reiterada, el juez está cerrándolo y levantándolo. “Lo levanta para tomar declaración a Blesa e inmediatamente después lo cierra”, subrayan estos medios. Todo ello ha generado una cascada de recursos que está presentando la defensa del expresidente de Caja Madrid y que, en buena parte de los casos, cuentan con la adhesión de la propia fiscalía madrileña. Recursos que siguen pendientes de resolución por parte de las Secciones 30 y 15 de la Audiencia de Madrid.

Recusado por la pieza del crédito a Marsans

En una de las piezas abiertas, la de los 26,6 millones concedidos y no pagados por Díaz Ferrán (quien obtuvo ese dinero de Caja Madrid siendo miembro de su Consejo de Administración y cuando la quiebra se cernía sobre sus empresas), el juez Silva figura recusado por Blesa. Mientras la Audiencia de Madrid resuelve si cabe o no la recusación, las pesquisas sobre Díaz Ferrán las tramita el juez Juan Antonio Toro, del Juzgado de Instruccción 36 de Madrid, sustituto legal de Silva. Silva también ha sido recusado por la pieza relacionada con la compra del citado banco de Florida. Pero sigue tramitándola (este miércoles, de hecho, citó de urgencia a Blesa, le interrogó y decretó su prisión) hasta que el juez Toro decida si admite a trámite, o no, esta segunda recusación. “Aunque aun no haya sido admitida, lo razonable es que se hubiese abstenido hasta tanto se resuelven las recusaciones”, destacó el fiscal jefe Moix. “No parece lógico adoptar una medida cautelar tan grave como la prisión sin esperar a que se resuelva la recusación”, añadió Moix.

Ninguna de las dos veces que Silva ha enviado a prisión a Blesa ha contado con el aval de la fiscalía. Al contrario, esta se ha opuesto a la medida e incluso las ha recurrido. La fiscalía entiende que carece de justificación enviar ahora a Blesa a prisión cuando no hay acreditado un riesgo de fuga: “Siempre que se le ha llamado a declarar ha acudido al juzgado. De hecho, se le llamó este mismo martes como testigo, y acudió ¿Qué sentido tiene decretar ahora su prisión? No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional es muy restrictivo sobre la aplicación de la prisión anticipada”, aseveran estos medios.

El juez Silva, el primero que decreta prisión de un banquero en el curso de la crisis que azota a España, no se relaciona mucho con sus colegas de los juzgados de plaza de Castilla, entre los que tiene detractores y defensores. Uno de sus defensores señala: “Hay que dejarle trabajar tranquilo; puede haber localizado el zulo de la cueva de Alí babá. Y, además, está contribuyendo a dinamizar la lucha contra la corrupción bancaria y política”, señala.

Más información