Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La justicia revoca 8 sanciones impuestas por AENA a los controladores de Santiago

El sindicato anuncia que el lunes se reanuda en Galicia el juicio por el conflicto de 2010

Una controladora aérea trabaja en una torre de control.
Una controladora aérea trabaja en una torre de control. EFE

Varios tribunales han revocado ocho de las sanciones impuestas por AENA a controladores del centro de Santiago de Compostela en 2010 por negarse a "trabajar de manera ilegal por falta de horas", según ha asegurado el sindicato USCA en un comunicado en el que recuerda que el lunes se reanudará en Galicia el procedimiento judicial "por los hechos registrados en noviembre y diciembre de 2010", que concluyeron con el cierre del espacio aéreo español.

El conflicto arrancó a finales de noviembre de 2010, cuando los controladores anunciaron cierres parciales en el espacio aéreo de la torre de Santiago dado que algunos trabajadores no iban a acudir a su puesto porque "habían realizado el máximo de horas" anuales previstas por la legislación, según dijo un portavoz del sindicato. Con los días, esa misma situación se extendió por otras torres españolas y se creó tal caos aéreo que el Gobierno tuvo que ordenar a los militares que asumieran el mando sobre las torres de control. AENA siempre ha asegurado que los controladores no habían superado el número de horas permitidas y aplicó sanciones por ello y llevó el caso ante los tribunales.

A la espera del resultado del juicio en Santiago, USCA destaca que "sentencias firmes de diversos juzgados ya han revocado las sanciones que AENA impuso a controladores, al determinar que las instrucciones de la empresa fueron en contra del Reglamento de la Circulación Aérea". Las sentencias determinan que "no puede obligarse a un controlador aéreo a atender dos posiciones de control [torre y aproximación] incompatibles de manera simultánea".

Según el sindicato, este hecho fue denunciado "reiteradamente" por los controladores ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, mientras responsables de AENA "coaccionaban con amenazas de sanciones y despidos a los controladores".