El coste de los errores

Las propuestas económicas de Mariano Rajoy en el Congreso, etiquetadas ya como el ajuste presupuestario más importante de la historia española desde el Plan de Estabilización, se dividen, como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, en dos: aquellas que tienen una definición nítida, casi perfilada, de inmediata aprobación y aplicación, y aquellas difusas y profusas, de calendario azaroso y naturaleza retórica.

Las primeras son las más importantes, e incluyen una subida del IVA en 3 puntos, un ajuste drástico para los funcionarios que equivale a la supresión de la paga extra de Navidad y diversos recortes de libranzas y moscosos (una concesión sin duda al tópico extendido en Berlín de que los españoles no trabajan y los funcionarios españoles menos aún), un recorte de las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de percepción, una aproximación temporal de la jubilación a los 67 años y la liquidación de la desgravación fiscal por vivienda, un insulto a la racionalidad económica que el Gobierno recuperó quizá con el insano propósito de volver a inflar otra burbuja inmobiliaria.

El segundo tipo de medidas se nutre de las generalidades habituales en la hojarasca discursiva del equipo económico, y consisten básicamente en promesas de reformas estructurales que no son ni reformas ni estructurales. Sobre esta división cabe recordar al eximio Samuel Johnson cuando analizó así una obra que le había sido remitida para su calificación: “Su obra es original e interesante; lastima que lo que es interesante no sea original y lo que es original no sea interesante”. Porque las medidas nítidas, útiles y contundentes son las que ha impuesto el Consejo Europeo, así que poco mérito le corresponde al Gobierno por ella, y las proposiciones de relleno o imprecisas hay que cargarlas en la cuenta del Gobierno.

Una primera observación al intenso conjunto de ajustes económicos que propone Europa, por boca de Rajoy, es que estas son las decisiones que deberían haberse tomado en diciembre de 2011. En su lugar, se decidieron extravagancias como dos reformas financieras fracasadas, una subida del IRPF equivocada como instrumento de recaudación adicional, una miríada de recortes educativos y sanitarios que no han servido para nada útil (el déficit sigue en el 8%) pero han roto los derechos sociales y las oportunidades de futuro de muchos ciudadanos y una amnistía fiscal que cada día que pasa parece más infame. El eje fiscal subida del IVA-reducción de las cotizaciones sociales era la política económica (conservadora) más acertada en tiempos de crisis financiera más recesión. Subir el IVA tres puntos acentúa la recesión, pero, después de seis meses de errores concatenados, la alternativa de la economía española ya no está entre crecimiento y estabilidad fiscal, sino en supervivencia o ruina. Correctamente aplicada en enero, la subida del IVA hubiera evitado sin duda la farsa de los recortes en educación y sanidad y, desde luego, la de las prestaciones por desempleo. Es el coste de contar con un gobierno que, parafraseando a Fraga (d.e.p) solo acierta cuando se desmiente y suele desmentirse tarde y mal.

Situados en la tesitura de la supervivencia o la ruina, y supuesta la pertinencia de la subida de impuestos, indirectos, parece útil observar varias cosas:

1) La enunciación de una medida no implica que se desarrolle rápida y adecuadamente, y los precedentes de gestión del gobierno invitan a la sospecha;

2) En temor de que la subida del IVA solo será eficaz si, además se cierran las vías al fraude en el impuesto, proclive por sí mismo a generar dinero negro;

3) En una situación de extrema debilidad de la deuda, con una necesidad bruta de financiación externa de una vez y media el PIB, es obligado un plan para estimular el ahorro.