Rato prepara su contraataque

El consejo que preside censura la gestión del Gobierno en Bankia y encarga auditorías

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, en la conferencia pronunciada el viernes en Valencia. / MANUEL BRUQUE (EFE)

El pasado viernes 4 de mayo, el departamento de marketing de Bankia tenía listo un folleto explicativo para sus sucursales sobre la solución definitiva para la entidad financiera, que pasaba por una drástica decisión para reforzar la solvencia de la entidad solicitando ayudas públicas multimillonarias a costa de declarar unas pérdidas colosales y, a la vez, anunciar que de esa manera se facilitaba una salida rápida del pozo para dar beneficios en un plazo breve.

Ese proyecto de salvamento que se iba a explicar a partir del lunes 7 de mayo contaba con el aval del Banco de España, que en abril había dado su visto bueno con escasos reparos.

El borrador del folleto, al que ha tenido acceso este periódico, explicaba que Bankia, con diez millones de clientes y 20.000 trabajadores, había decidido "realizar de una sola vez" la provisión para cubrir los riesgos correspondientes a cuatro años (2012-2015) lo que supondría una necesidad de fondos por 9.700 millones de euros. Esta operación provocaría que en el primer semestre de 2012, Bankia daría unos resultados negativos de 5.500 millones de euros. Para llevar a cabo esta provisión extraordinaria, Bankia necesitaría una inyección de capital a través del tercer Fondo público de Restructuración Ordenaba Bancaria (FROB) de 6.350 millones de euros.

Desde la caja madrileña Rato encarga auditorías sobre el rescate de Bankia cifrado en 24.000 millones

Con esa estrategia y algunos otros ajustes, Bankia entraría en beneficios a finales de 2012 y no estaría al albur, según explicaba el folleto, del ciclo económico. Así, se convertiría “en una de las diez entidades más capitalizadas a nivel mundial”.

Pero ese viernes 4 de mayo, a Rodrigo Rato se le torcieron los planes porque desde el ministerio de Economía idearon otra salida distinta para el futuro de la entidad que agrupa a Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

El folleto que explicaba la salvación de Bankia con el plan de Rato nunca llegó a las sucursales. Rato dimitió el lunes 7 de mayo forzado por el Gobierno, que convirtió los 4.350 millones de euros prestados a la entidad en acciones. Así tomó el control y el 9 de mayo situó al frente de Bankia a José Ignacio Goirigolzarri.

El 25 de mayo, el nuevo presidente anunció que Bankia necesitaba ayudas públicas por valor de 19.000 millones de euros para provisionar las supuestas pérdidas por desgravaciones fiscales que no se iban a poder llevar a cabo (3.000 millones); por el riesgo de sus créditos hipotecarios y activos inmobiliarios (13.000 millones) y por el menor valor de sus participaciones accionariales en distintas empresas (3.000 millones)

Del beneficio al bienio negro

Caja Madrid, accionista mayoritario de Bankia, ganó 2.860 millones de euros en 2007. El extraordinario resultado fue debido principal a la venta de 105 millones de acciones de Endesa (el 9% del total) que reportó enormes beneficios —2.300 millones antes de impuestos—. Los gestores de Caja Madrid presumieron aquel año de colocar a la entidad en la mejor posición de sus 300 años de historia. Sólo dos ejercicios después, los beneficios de Caja Madrid cayeron hasta 265 millones de euros con todas las luces de alarma disparadas. En 2009, la guerra política por el poder en Caja Madrid se desencadenó con tal virulencia que el PP entró en crisis a cuenta del enfrentamiento entre Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid que quería colocar al frente de la entidad a su vicepresidente, Ignacio González; y Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, que maniobró para situar en ese puesto estratégico a Rodrigo Rato.

Dos años después de aquellas guerras, los fieles de Rato consideran injusto que se le culpe de la situación creada. Recuerdan que Rato apenas ha estado unos meses al frente de Bankia. Los colaboradores del ex vicepresidente del Gobierno sostienen que la inmensa mayoría de los activos tóxicos inmobiliarios o de la morosidad en créditos hipotecarios que acumula Bankia corresponde al “bienio negro” que va de 2005 a 2007, cuando se daban créditos muy por encima del 80% del valor del piso hipotecado a familias con escasos recursos económicos, o se aprobaban operaciones de préstamos multimillonarios a empresas que quebraron poco después; o se financiaban promociones de 1.000 chalés en pueblos de 800 habitantes.

Lo que Rato proponía salvar con 6.500 millones de euros de inyección de capital y el Banco de España había apoyado en abril, Goirigolzarri lo haría con 19.000 millones, una suma con la que el Banco de España también estaba de acuerdo en mayo.

El apoyo sin límites del Gobierno a los planes de Goirigolzarri —“el Estado aportará lo que haga falta", llegó a decir el ministro Luis de Guindos—, hizo crecer la sospecha sobre los anteriores gestores de Bankia.

Rato prefirió mantener silencio. La semana pasada convocó en su domicilio particular a alguno de los consejeros que lideran los distintos grupos de poder existentes en Caja Madrid, entidad de la que sigue siendo presidente. En esas reuniones, alguien le preguntó por lo que había pasado. Rato se encogió de hombros y siguió mudo, según una persona conocedora de los encuentros.

Las citas sirvieron para acordar la convocatoria de un consejo de administración de Caja Madrid, que se reunió el pasado miércoles en el edificio que esta entidad posee en la Plaza de Celenque, junto a la Puerta del Sol.

Rodrigo Rato y su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella, distribuyeron la fotocopia de un informe de tres folios supuestamente elaborado por un consejero de Bankia.

El informe criticaba la gestión que el Gobierno había hecho para resolver la crisis de la entidad. Recordaba que algunos consejeros de Bankia habían manifestado ya “su preocupación y las consecuencias negativas” que el plan de recapitalización propuesto por Goirigolzarri y respaldado por el Ejecutivo “tendría sobre los accionistas de la entidad”, que pueden perder hasta un 90% de lo invertido si las previsiones se cumplen, “y sobre el resto del sector financiero”.

El informe cuestionaba, por ejemplo, que hubiera que provisionar 3.000 millones de euros en créditos fiscales: “Se provisionan por si no fuera posible su utilización en el futuro, esto es, para la hipótesis de que no se generen bases imponibles positivas que permita la compensación con bases imponibles negativas del pasado. Como el plazo legal de compensación es de 18 años, esta provisión de créditos fiscales es sorprendente”. Y concluía que si Bankia había pasado de registrar 300 millones de beneficios a 3.000 millones de pérdidas era solamente porque se habían aplicado en las cuentas de 2011 las medidas aprobadas por el Gobierno en dos reales decretos de 2012, que obligaban a aumentar mucho las provisiones.

Rato no quiso valorar el informe que distribuyó a los consejeros, pero todos entendieron que compartía lo fundamental del mismo y que era la primera señal de que el ex presidente de Bankia iba a pasar a la ofensiva para defender su gestión.

El consejo de Caja Madrid aprobó por unanimidad encargar sendos estudios a Price Waterhouse sobre el valor de Caja Madrid en Bankia y BFA tras las decisiones adoptadas por el Gobierno, que le convierten en accionista minoritario; y sobre el valor de edificios, obra social, fundaciones y obras de arte que siguen en manos de la entidad.

Cuando esos informes se entreguen y se lleven a cabo las juntas de accionistas de Bankia y BFA, Rodrigo Rato tiene previsto convocar a los 333 miembros de la Asamblea General de Caja Madrid para contarles su versión de lo que ha pasado.

En el Consejo de Caja Madrid celebrado el pasado miércoles, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, que ocupa un sillón en el organismo, o Ricardo Romero de Tejada, dirigente del PP fiel a Rato, defendieron la gestión que se había hecho en la entidad y cuestionaron las decisiones adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas.

Uno de los consejeros llegó a decir que el plan de recapitalización de los 24.000 millones era una "elucubración de ingeniería financiera de Goirigolzarri y De Guindos". Otro más manifestó así su incomprensión: “No entiendo cómo el Gobierno puede haber puesto en solfa a todo el sistema financiero con esta operación”.

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