Un avance con peros

La negociación de la reforma de la negociación colectiva ha concluido con una intervención del Gobierno que los agentes sociales han rechazado con ostensibles muestras de disgusto. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es la respuesta política adecuada a la falta de acuerdo entre la patronal CEOE y los sindicatos; por tanto, parte de las decepciones y críticas que los empresarios, UGT y CC OO han transmitido deben recaer sobre ellos mismos. Si han sido incapaces de pactar, lo lógico es que se recurra a la segunda mejor opción: que el Gobierno legisle. No parece elegante que la CEOE se rasgue ahora las vestiduras después de que una parte de la patronal se dedicara al juego político de bloquear el pacto tras el triunfo del PP el 22-M en espera de tiempos más propicios a sus intereses.

El Gobierno ha optado por mantener la ultraactividad de los convenios, pero introduciendo una detallada casuística para renovarlos. Después de fijar plazos de entre 8 y 14 meses para que se pacte un nuevo convenio, el decreto establece que, en caso de desacuerdo, es obligatorio que las partes se sometan a un arbitraje o mediación. Dado que esa obligación tiene problemas de constitucionalidad, Trabajo ha querido eludir la dificultad calificando el arbitraje como "transitorio". Pero la fórmula no resuelve la dificultad del todo, porque, tenga carácter transitorio o permanente, la imposición de arbitraje subsiste y puede ser recurrida.

En conjunto, la norma supone un notable avance respecto a la situación actual; por su contenido, pero también porque, ante las renovadas turbulencias que se avecinan en los mercados financieros acaba con una situación insostenible en la que el enroque de los agentes sociales amenazaba con deteriorar aún más la imagen de España como país atrapado en un sistema social y político que impide cualquier tipo de reforma.

Esta circunstancia se encuentra también en el origen del resto de debilidades que afectan a esta estrategia. La primera es que, como en el caso de la reforma de la contratación, sigue la línea de aprobar un decreto mientras se insta a las partes a que sigan negociando, con la promesa de que los acuerdos subsiguientes se tramitarán con la ley. Es un método incierto, que puede dar lugar a situaciones como la que ayer mismo se produjo, cuando el Ejecutivo anunció un real decreto para regular los expedientes de regulación de empleo que permite despidos a las empresas que prevean pérdidas transitorias (la exigencia inicial en la reforma eran pérdidas permanentes). Las reformas no deben estar sometidas a cambios permanentes e imprecisos. El segundo es que, en la práctica, sea quien sea el culpable del desacuerdo entre los agentes sociales, una norma que todos rechazan difícilmente se aplicará con comodidad y eficacia. Aunque, claro está, mucho peor hubiese sido seguir a estas alturas sin cerrar la discusión, con las nubes de tormenta financiera sobrevolando Europa.