Garzón responde a Jersey que la intimidad de los clientes del BBV no es 'incondicional'

El derecho a la intimidad 'es esencial pero no puede tener un carácter absoluto e incondicional'. Así responde Baltasar Garzón, instructor del caso BBV, a William J. Bailhache, fiscal de Jersey que se niega a colaborar con la investigación judicial y asegura que los clientes del BBV Privanza Bank 'tienen un derecho legítimo a la privacidad de sus asuntos'. La fiscalía de Jersey, isla del canal de la Mancha, ha prohibido a Simon Drew, letrado en ese organismo, que tenga ninguna relación con el caso, ya que su padre es una de las cuatro personas vinculadas al banco al que el juez ha pedido interrogar.

La elegante sede de piedra del BBV Privanza en Jersey, en el número 2 de la calle Mulcaster, cerca de la estatua que conmemora la liberación de Jersey de las tropas nazis, se ha convertido en un muro infranqueable para la Fiscalía Anticorrupción y para el juez Garzón, cuyas peticiones rogatorias han sido rechazadas.

William J. Bailhache, fiscal general de esta isla de 85.000 habitantes, se niega a colaborar porque 'me pide que parta del hecho de que todos los clientes de la entidad son delincuentes, ya que de otro modo no sería legítimo interferir en la privacidad a la que tienen derecho con arreglo al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos... que en Jersey respetamos'.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en un escrito de cinco folios, le ha respondido así: 'Es inadecuada la sugerencia de que el reino de España podría estar incurriendo en el incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tal intención se niega'. Y le recuerda que el mismo fue firmado y ratificado por España en 1979. Asimismo, añade que 'velar por la correcta aplicación del sistema tributario tiene perfecto encaje en las excepciones contempladas en esa declaración'.

William J. Bailhache, que antes de fiscal general fue presidente del Barclays Bank Finance Company Limited, cuestionó en su respuesta que los productos financieros offshore (fuera de territorio) sirvieran para defraudar y pidió que 'me haga llegar las disposiciones del Código Penal español en las que conste que es ilícito adquirir productos fiduciarios offshore'. Garzón le ha remitido una traducción del artículo 395 del Código Penal en el que se recoge el fraude a la Hacienda pública y la prohibición expresa de usar personas interpuestas para ocultar la identidad del tributario.

El juez señala en su respuesta que 'la adquisición de productros fiduciarios offshore permite ocultar la identidad del que percibe una renta y la evasión de los impuestos españoles'. Y añade que la confidencialidad que se ofrece en los productos del banco investigado en el caso de las compañías 'hace figurar accionistas y consejeros distintos de los reales que actúan como personas interpuestas de quienes verdaderamente están tras ellas'.

Garzón pone el ejemplo los trust (fundaciones) que se ofertan por el BBVAPJ y critica que se asientan en una confidencialidad 'que se consigue a partir del compromiso de no hacer pública la escritura de constitución del trust y por tanto de la ocultación de la identidad del fideicomitente, violentando los elementos jurídicos del trust al facilitar su revocación con una flexibilidad absolutamente extraña en este tipo de instituciones'.

Y añade otra referencia, la del Trust Discrecional Standard, que aparece en la página 46 del Manual de productos fiduciarios localizado durante el registro del BBVA en Madrid, que ofrece el banco para asegurar la transmisión sucesoria de un patrimonio, fundamentalmente de activos situados fuera del país del cliente y no incluidos en su testamento, libres de impuestos.

'Se invita directamente a los clientes residentes en España a evadir el impuesto sobre sucesiones cuando realicen adquisiciones patrimoniales mortis causa, e implícitamente a ocultar la preterición de aquellos herederos que ostentando derechos legales no tengan conocimiento de la estructura fiduciaria', responde el juez a la negativa de Bailhache.

Impresos en español

Garzón destaca que los impresos utilizados para abrir cuentas bancarias están redactados en español y asegura que éste 'es uno más de los serios indicios de que las cuentas abiertas en BBVAPJ y los productos fiduciarios a ellas asociados son contratados, entre otros, por clientes residentes en España y, por tanto, que es la Hacienda pública española la que resulta defraudada'. Bailhache le había contestado que, en su opinión, 'eso no implica que hayan cometido delito'.Para el fiscal de Jersey, el Manual de productos fiduciarios localizado en la sede del BBVA en Madrid, 'no es especialmente sorprendente' que sea un documento de uso interno y a disposición de los gestores. Sólo significa 'que el grupo está bien organizado como para garantizar una coherencia en el enfoque a adoptar por sus gestores'.

Sobre la confidencialidad que el fiscal de Jersey defiende a capa y espada, Garzón le responde: 'Es un principio rector esencial. Pero también es cierto que el derecho a la intimidad no es ni puede tener carácter absoluto e incondicionado, puesto que está matizado por dos preceptos, también de rango constitucional'. Y cita el artículo 31 de la Constitución Española en el que se recoge la obligación 'de todos' a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo.

La comisión rogatoria española pedía al fiscal de Jersey el registro de la sede del BBV Privanza y el interrogatorio de cuatro testigos vinculados al banco y a Canal Trust Corporation, la sociedad que comercializaba los productos del manual. Uno de ellos es John Drew, cuyo hijo Simon trabaja como letrado en la fiscalía que dirige William J. Bailhache. El fiscal de Jersey informa en su contestación sobre esta circunstancia y añade: 'He dado instrucciones en el sentido de que Simon Drew no debe ver el expediente que ha enviado y no debe ocuparse del mismo en ningún aspecto'. Bailhache asegura que esta coincidencia no le va a mediatizar en este caso.

Garzón remitirá en los próximos días una nueva comisión rogatoria con datos más precisos de algunos clientes, según fuentes judiciales. Si la isla no colabora, la Fiscalía Anticorrupción estudia denunciar a Jersey ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que persigue el blanqueo de dinero.