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La sentencia de Florida genera una lluvia de demandas contra las tabacaleras

El abogado defensor apelará la inconstitucionalidad de la ley que limita las indemnizaciones

El daño está hecho. A pesar de que las tabaqueras norteamericanas insisten en restar importancia al veredicto que las condena a indemnizar con 145.000 millones de dólares (25 billones de pesetas) a los fumadores enfermos del Estado de Florida, seguras de que ganarán el proceso de apelación, los costos de la batalla legal -que se reanudará mañana mismo en los tribunales de Miami-, y la puerta que la lección de humildad recibida el viernes abre a una lluvia de demandas nacionales e internacionales, siembran un futuro muy diferente e incierto.

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De momento, en Estados Unidos tienen pendientes cerca de medio centenar de querellas de particulares, compañías de seguros, del gobierno norteamericano y de gobiernos de otros países. "Incluso si nunca llegan a pagar esta indemnización, el mensaje está claro y es un dardo contra las finanzas de la industria" señaló ayer Michael Moore, fiscal general del estado de Misisipi, que encabezó las demandas de los estados contra las tabaqueras, que hace dos años se cerró con un acuerdo extrajudicial que las obliga a pagar 254.000 millones de dólares (45 billones de pesetas) durante veinticinco años, por los gastos en que incurrieron los gobiernos tratando a fumadores enfermos.

Varios analistas del mercado coincidieron ayer en el impacto que el veredicto tendrá en imagen de los fabricantes de tabaco, que ahuyentará a miles de potenciales fumadores. "Han sido declarados culpables de mentir, matar, y provocar enfermedades. Eso no se olvida fácilmente", subrayó Joseph Turner, fundador de Smokefree Educational Services.

La industria ya se ha resentido de los procesos en su contra en los últimos años. Las exportaciones de tabaco han bajado un 25%, que equivalen a 50.000 millones de cigarrillos menos al año. Y dentro de EE UU el consumo disminuyó el año pasado un 8% y un total de un 42% en la última década, según cifras del Ministerio de Agricultura de EE UU.

El ejército de abogados de la defensa no tiene planes de rendir las armas en mucho tiempo. Dan Webb, letrado de la mayor tabaquera, Philip Morris, confirmó ayer que la ofensiva legal se hará a tres bandas. Por una parte intentarán "descertificar" la demanda colectiva, dividiéndola en 500.000 o más pequeñas querellas (estrategia que intentaron el año pasado y les falló al desestimarla el Tribunal Supremo de Florida; simultáneamente recurrirán el caso completo al Tribunal Estatal de Apelaciones de Miami, alegando, entre otros argumentos, errores técnicos procesales. Y quizá mañana mismo le soliciten al juez Robert Kaye que rebaje la suma de indemnización acogiéndose a las leyes recientemente aprobadas en Florida que prohíben que las sentencias provoquen la bancarrota de las empresas. La industria pidió hasta el último momento al jurado que la indemnización no superara los 15.000 millones de dólares, equivalentes al valor neto actual de las tabaqueras en el banquillo -Philip Morris RJ Reynolds Tobacco, Brown and Williamson, Lorillard, Ligett, Council for Tobacco Research y Tobacco Institute-. No obstante para empezar cualquier apelación, cada una de las tabaqueras está obligada legalmente a poner por delante una fianza de 100 millones de dólares (unos 18.000 millones de pesetas). Todos los juristas consultados sostienen que el laberinto legal puede tardar años. Hay posibilidades de que prospere la petición de dividir la demanda colectiva, ya que existen varios precedentes en otros estados. Y aún suponiendo que perdieran todos los envites legales, quedan pocas dudas de que pasarán años, quizá décadas, antes de que los fumadores puedan cobrar su porción de daños punitivos que ascendería a unos 50 millones de pesetas por persona. Webb, el abogado de Philip Morris, dijo arrogantemente al acabar el juicio que "tendrán que esperar al menos 75 años para cobrar algo. Esto a nosotros no nos afecta". El victorioso abogado de los fumadores enfermos, Stanley Rosenblatt, piensa apelar la inconstitucionalidad de la ley de Florida que limita las indemnizaciones. "Pelearemos hasta el último momento, sabemos que la batalla está lejos de haber terminado, pero este fin de semana lo queremos pasar tranquilos con nuestros hijos", dijo Rosenblatt, que comparte bufete con su esposa, Susan.

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