"La industria tabaquera tiene perdida la batalla jurídica"

,El catedrático de Derecho Civil Ángel López, de 55 años, junto a un grupo de 13 expertos, ha estudiado durante seis meses la legislación nacional, comparándola con la de países como Francia, Estados Unidos y Canadá, para hallar una base jurídica que respalde el planteamiento del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves: demandar a la industria tabaquera si ésta no sufraga parte de los 60.000 millones de pesetas anuales que le cuesta a la sanidad el tabaquismo.Pregunta.¿Por qué el Gobierno andaluz toma una iniciativa descartada en Cataluña?

Respuesta.Desde el punto de vista político, ignoro las razones. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, me encargó un estudio jurídico sobre el tema. Sin más, el equipo que coordino se puso a trabajar. Desde el punto de vista social, no cabe duda de que el problema del tabaco y las demandas por los daños que causa su consumo están en la calle. En los hospitales nadie duda ya de que muchas patologías tienen su origen en éste y que repercute en los costes de la sanidad pública.

P.¿Cuáles serían las conclusiones fundamentales a las que ha llegado su equipo?

R.Pues que existe suficiente base jurídica en la legislación española como para demandar a las tabaqueras y vencerlas. Hay leyes como la que regula la protección de consumidores y usuarios ante los productos defectuosos o normativas como las que vigilan y combaten la publicidad engañosa o regulan los seguros, tanto privados como sociales, que son una base más que suficiente para poder albergar esperanzas de éxito en caso de una demanda. Y así se lo hemos hecho saber a la Junta. Aunque la industria gane la primera batalla, la guerra jurídica la tiene perdida. A la larga, estas empresas no podrán ir contra la sociedad, que es la que en definitiva les está reclamando y les va a reclamar, cada día más, que se corresponsabilicen y paguen los gastos sanitarios que genera el tabaco.

P.Ellos alegan que ya pagan suficientes impuestos.

R.¡Claro, cómo cualquiera! También los pagan las fábricas de yogures; con la diferencia, probada -no jurídicamente, que éste es uno de los problema que se plantean de momento- , de que el tabaco hace daño, y los yogures, no. ¡Y que no diga la industria que paga ya un billón de pesetas para compensar el gasto sanitario, porque eso, hasta ahora, nunca se había planteado!

P.¿Una sanidad privada condicionaría el tratamiento a los fumadores?

R.¡Por supuesto! Las aseguradoras cobrarían a los tabaquistas una prima más alta que a los que no lo son. Esto sólo prueba que el tabaco le genera a la sanidad pública un coste extra.

P.¿Por eso la Junta reclama compensaciones?

R.Algo así. Lo que la Junta plantea es una equidistribución del coste sanitario. La Administración no recibe el daño, como el fumador, en sus pulmones; donde lo sufre es en su financiación. Las empresas tabaqueras deberían entender que también tienen una responsabilidad social en tanto en cuanto comercializan un producto que universalmente es considerado como tóxico.

P.Quien contamina paga. ¿Y quien envenena?

R.¡Pues lo mismo! Si el futuro de la economía, dicen, es el mercado, el mercado deberá tener, creo yo, las responsabilidades sociales con aquello que ocurre en su seno.

P.Pero el fumador lo es aun sabiendo que el tabaco es tóxico.

R.En mi opinión, éste es un argumento fácil de rebatir. Todos los estudios epidemiológicos -en el mundo hay varios miles que nos sirven de ejemplo- demuestran que la adicción al tabaco la adquieren los jóvenes antes de cumplir 15 años. ¿A esa edad puede hablarse de un consentimiento consciente? Y, en segundo lugar, ¿la publicidad les muestra toda la verdad? ¿No es engañosa? ¿No les oculta información? ¿Les dicen que, además de tabaco, fuman centenares de aditivos, en muchos casos tóxicos y en otros que han sido introducidos en el cigarrillo para crear adicción? Son demasiadas cosas las que tienen las tabaqueras en su contra: estamos hablando de coste sanitario, de publicidad engañosa, de atentados contra la salud, de mecanismos de seguros, de la protección de los menores. Además, una buena causa siempre encuentra una técnica adecuada para defenderse.

P.¿Que más hace falta?

R.Aunque el fundamento jurídico me parece claro, aunque la articulación técnica sea compleja, no dejo de reconocer que es necesario un nítido estudio epidemiológico y químico que refleje la relación de causalidad.

P.¿Qué destaca del informe?

R.Hemos considerado las reclamaciones individuales y aquellas otras que las asociaciones de consumidores y usuarios afectados pudieran plantear. Desmenuzamos, con respuestas concretas, los problemas que a lo largo de un hipotético proceso pueden plantearse. La filosofía fundamental es la responsabilidad civil, reina de una sociedad en la que cada día se fabrican más productos peligrosos.