Otro modelo de autopistas

Para este Gobierno y para todos los ciudadanos la quiebra y el proceso de liquidación de nueve autopistas de peaje es un problema grave que debería haberse resuelto ya con el mínimo coste posible en dinero público. El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un convenio para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras (Seittsa) asuma la gestión de las vías quebradas —entre las que se cuentan las radiales de Madrid, impulsadas por Francisco Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre— en tanto se procede a una nueva licitación, de forma que estén adjudicadas a finales de 2018.

Es obligado insistir en que el coste de gestión debe minimizar el empleo de dinero público. Pero, sobre todo, el convenio y el desarrollo de la licitación que prepare Seittsa tiene que liquidar definitivamente el procedimiento perverso de que el Estado tiene la Responsabilidad Patrimonial Efectiva en caso de quiebra. Este es el modelo rapaz en el que las grandes obras públicas tienen carácter privado mientras producen beneficios y se convierten en cargas públicas en cuanto generan pérdidas. Este patrón de negocio no es patrimonio de las carreteras; ahí está el caso Castor para demostrarlo. Pero causa una grave distorsión en la inversión viaria y dificulta la inversión en redes secundarias.

La segunda gran condición es que las proyecciones de tráfico sobre las que se calculen las condiciones financieras de la licitación sean realistas y no una simple entelequia para garantizar el capricho político de inaugurar autopistas o radiales. Ese capricho es la causa de una quiebra que, por pura incompetencia de los gestores públicos, se ha convertido en un problema grave (no es evidente que se consiga una nueva licitación) y un perjuicio para el erario público, todavía impreciso pero probablemente elevado. España necesita otro modelo para gestionar las infraestructuras públicas y una revisión de lo que se ha hecho por Gobiernos anteriores.