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El PP se opone a la renta mínima de los sindicatos y pide crear un grupo de trabajo

El grupo popular presenta una iniciativa contra la iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos

Manuel V. Gómez
El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, durante una rueda de prensa en el Congreso
El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, durante una rueda de prensa en el CongresoZipi (EFE)

El Partido Popular se opone a la creación de la renta mínima cuya creación los sindicatos han llevado al Congreso a través de una iniciativa legislativa popular. El grupo parlamentario que apoya al Gobierno ha presentado una enmienda a la totalidad a la iniciativa de UGT y CC OO. En el texto alternativo, propone la creación de un grupo de expertos, que tendría que elaborar un estudio y clarificar “el mapa de prestaciones existente en España”.

Ha tardado más de siete meses que la renta mínima que los sindicatos llevaron al Congreso echara a andar realmente. Fue admitida a trámite en febrero en el Parlamento con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Pero hasta ahora, gracias al control que tienen estos dos partidos de la mesa del Congreso, no había pasado de ese punto porque se prorrogaba el trámite de enmiendas, hasta en 17 ocasiones se ha prorrogado. Finalmente, el martes se desbloqueó la situación y el PP presentó el miércoles la enmienda a la totalidad.

La alternativa que propone el Partido Popular es la creación de grupo de trabajo que estaría integrado por nueve miembros del Gobierno y siete a repartir entre comunidades autónomas, sindicatos y patronales. La tarea de ese grupo sería la de estudiar y clarificar el mapa de prestaciones existente en España. Ese mapa fue un compromiso del Gobierno con los agentes sociales en el verano de 2014. No obstante, ese mapa, que ahora el PP dice que existe, no se ha publicado hasta ahora.

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En la argumentación de la enmienda a la totalidad, el Gobierno recuerda que está preparando la creación de una tarjeta social o la prórroga de las ayudas a parados del Plan Prepara. Sin embargo, tanto este plan como otros extraordinarios aprobados durante la crisis no tienen el alcance de la renta mínima que los sindicatos proponen, que cuando presentaron tenía un alcance potencial de 2,4 millones beneficiarios y un gasto de 11.000 millones.

La iniciativa del grupo popular ha provocado la denuncia de los sindicatos, que han tildado la enmienda a la totalidad y su alternativa de “insulto a las miles de familias necesitadas de prestaciones”. “Es el remate de una política obstruccionista promovida durante más de un año en el Parlamento, prorrogando innecesaria y permanentemente el plazo de presentación de enmiendas”, han continuado.

El comunicado conjunto emitido por UGT y CC OO ha pedido a los grupos que admitieron a trámite la iniciativa legislativa popular que mantengan su posición el jueves cuando se debata en el pleno. Esto supondría que la propuesta continuaría su camino parlamentario ya que estos partidos suman 181 diputados (PSOE, Podemos, PNV, ERC, PdCat, CC, Compromís y Bildu). También interpelan directamente a Ciudadanos que cambie su postura y rechace la enmienda a la totalidad.

Por su parte, el PSOE, que mantendrá su posición, apunta quela intención del PP es "impedir la mejorar la protección de las personas desempleadas". Y se preguntan: "¿Donde fue a parar la afirmación de la Ministra de Empleo de que ningún desempleados se quede sin cobertura?". Los socialistas también rechazan el aprovechamiento de las técnicas parlamentarias para evitar que la medida salga adelante, según la diputada Rocío de Frutos.

También Podemos avanza que seguirá apoyando la inciativa sindical. El presidente de la Comisión de Empleo y diputado de este partido, Alberto Montero, apunta que el movimiento del PP "es filibusterismo parlamentario" al presentar una alternativa en la enmienda que "no tiene nada que ver con el texto de la ILP".

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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