La CNMV va a los tribunales para no divulgar un expediente sancionador

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está dispuesta a pleitear para no entregar a un ciudadano una copia de uno de sus expedientes sancionadores. El organismo ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo antes de acatar una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a publicar el expediente de una sanción millonaria que impuso al Banco Popular el año pasado.

El CTBG consideró, en una resolución del pasado mes de abril, que la información que pedía el ciudadano "entronca directamente con el objetivo de la Ley de Transparencia que aboga por la transparencia de la actuación pública y de rendición de cuentas de la misma". Este organismo, creado hace tres años para velar por el cumplimiento de esa ley, recuerda en su decisión que el procedimiento sancionador ya está finalizado y que ha acabado con una sanción por infracción muy grave.

La propia CNMV publicó el resultado en el Boletín Oficial del Estado: una multa de un millón de euros por "la comercialización a clientes de determinados productos financieros, entre enero de 2009 y noviembre de 2011". Según el CTBG, la sanción ya fue objeto de publicación, por lo que no se ven afectadas las funciones conferidas a la CNMV de supervisión y control del Mercado de Valores.

Este organismo, en cambio, no está de acuerdo. "Estamos sujetos a deber de confidencialidad y secreto profesional", aseguró un portavoz de la CNMV. "Nuestros servicios jurídicos discrepan del Consejo basándose en la Ley del mercado de valores y directivas europeas", añadió.

La Ley de Transparencia creó la figura del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para dirimir las discrepancias entre los ciudadanos y la Administración. Pero sus resoluciones como organismo experto para garantizar su cumplimiento no son vinculantes y, cada vez más, la Administración las está cuestionando. Como resultado, la Ley de Transparencia está alcanzando un alto grado de judicialización.

Pese a que los expertos pronosticaban que serían los ciudadanos los que recurrirían a los tribunales para obtener información, en la mayoría de los casos son los ministerios o los entes públicos los que ponen en marcha la maquinaria jurídica para no tener que divulgar datos. Hasta ahora se han presentado 55 recursos a resoluciones del CTBG.