Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno negocia los últimos Presupuestos de la legislatura

Las cuentas de 2018 recogerán una subida del sueldo de los funcionarios mayor que los últimos años, una bajada de impuestos y un ligero aumento de la inversión

El Ministerio de Hacienda abrió la semana pasada la ronda de contactos para perfilar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El Gobierno trabaja con la hipótesis de que estas sean las últimas cuentas de la legislatura. Existe el convencimiento en el seno del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que será complicado sacar adelante las de 2019 tras las dificultades del año pasado para recabar los apoyos y las tensiones que auguran este otoño. Los próximos Presupuestos incluirán una subida del sueldo de los funcionarios superior a la de años anteriores, algunas bajadas de impuestos y una leve alza de la inversión.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la primavera pasada con el presidente de CSIF, Miguel Borra, el representante de UGT, Julio Lacuerda, y el de CC OO, Javier Jiménez.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la primavera pasada con el presidente de CSIF, Miguel Borra, el representante de UGT, Julio Lacuerda, y el de CC OO, Javier Jiménez. EL PAÍS

El Gobierno tiene bastante camino ganado para aprobar las cuentas de 2018 tras el acuerdo del año pasado con Ciudadanos, PNV y los partidos canarios para aprobar los Presupuestos de 2017, según reconocen fuentes gubernamentales. Pero no descartan que las negociaciones se puedan complicar si el tema catalán se recrudece aún más y los nacionalistas vascos comienzan a desconfiar del Ejecutivo central. En cualquier caso, en Hacienda también trabajan con el escenario de que sean las últimas cuentas de la legislatura. Son conscientes de la dificultad de sacar adelante los Presupuestos de 2018 y creen que los de 2019, que se elaboran y aprueban el año que viene, serán aún más complicados. Los partidos de la oposición tendrán más reticencias a pactar y aparecer junto al PP cuando falten seis meses para las elecciones autonómicas y locales. Fuentes del PSOE y Ciudadanos también reconocen este escenario.

En cualquier caso, la primera toma de contacto del Ejecutivo para hilvanar los Presupuestos de 2018 ha sido con Ciudadanos, una formación con la que ya alcanzaron algunos compromisos a raíz de la aprobación del techo de gasto. La formación naranja arrancó al Gobierno de Mariano Rajoy una bajada del IRPF para que los que ganen menos de 14.000 euros no paguen impuestos. Actualmente los que tienen una renta inferior a 12.000 euros ya no tributan en el IRPF. El compromiso pactado con Ciudadanos está valorado en unos 2.000 millones. Ahora esa rebaja fiscal debe incorporarse a las cuentas del próximo año.

Pacto salarial a tres años

El Ejecutivo también incluirá otros guiños fiscales como la bajada del IVA al cine, filtrada durante la semana pasada. A pesar de estas bajadas fiscales el Gobierno espera que la recaudación de impuestos aporte los mayores ingresos de la historia por segundo año consecutivo gracias al empuje de la economía y supere con holgura los 200.000 millones.

El plato fuerte de los Presupuestos será para los funcionarios. El Gobierno ya ha comenzado a negociar con los sindicatos una mejora salarial que permita a los empleados públicos recuperar parte del poder adquisitivo durante los peores años de la crisis. De hecho, el ministro de Hacienda se reunió el pasado jueves con los líderes sindicales como primera toma de contacto de cara a los Presupuestos.

Las organizaciones sindicales abogan por un pacto a tres años que garantice un incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Para ello, el alza salarial debe ser superior a la inflación. Desde el ministerio de Hacienda se resisten a vincular el incremento de los sueldos a los precios, pero buscan una fórmula que esté ligada al crecimiento de la economía.

Los compromisos para 2018

Techo de gasto. El Gobierno del PP logró sacar adelante el techo de gasto del Estado de 2018 —subirá un 1,3% hasta los 119.834 millones— tras pactar con Ciudadanos, PNV, y los dos partidos canarios.

Objetivo de déficit. Las Administraciones tendrán que reducir los números rojos al 2,2% del PIB, lo que implica un ajuste de alrededor de 8.000 millones.

Rebaja del IRPF. Rajoy se comprometió con Ciudadadanos a que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros no pagarán IRPF. Se estima un coste de 2.000 millones.

Alta Velocidad del País Vasco. El pacto con el PNV incluía una revisión del cupo, que supondrá unos 280 millones más al año, y el impulso de la Y vasca, supone una inversión de 3.380 millones hasta 2023.

Bajadas de impuestos. El Gobierno no descarta otras rebajas fiscales, como guiños a los autónomos o bajada del IVA al cine.

Corredor Mediterráneo. Rajoy ha mostrado su intención de impulsar esta línea. Hace unas semanas anunció una licitación de 2.000 millones.

Sobre la mesa también está la reducción de la jornada laboral a 35 horas para las comunidades y Ayuntamientos que así lo decidan. Desde Hacienda echan cuentas porque saben que aunque el Estado se puede permitir cierto margen presupuestario no pierden de vista que las decisiones que adopten en temas laborales se trasladan al resto de administraciones, lo que podría dificultar el ajuste de las cuentas públicas.

Los Presupuestos de 2018 recogerán también un ligero aumento de la inversión. No será algo sustancial, pero si incluirán partidas para el nuevo impulso a la Alta Velocidad, sobre todo del Corredor Mediterráneo que ha comprometido el presidente Rajoy. También se recogerá las partidas para acelerar la construcción de la Y vasca, la principal infraestructura ferroviaria del País Vasco, tras el acuerdo alcanzado con el PNV. En el capítulo de inversiones hay que contar con el coste del rescate de las autopistas de peaje que ascenderá a unos 3.500 millones, según figura en el programa de estabilidad remitido a Bruselas.

Todas estas promesas deben incluirse en unas cuentas que deben dejar margen para la negociación. El Ejecutivo tiene cierto margen de maniobra. "Hay que tener zanahorias para la negociación", dijo Montoro hace unos meses en referencia a los Presupuestos de 2018. Aunque el escenario presupuestario está muy pautado tras la aprobación del techo de gasto —sube un 1,3% en 2018 hasta los 119.834 millones— y el objetivo de déficit marcado por Bruselas en el 2,2% del PIB para el próximo año, la buena marcha de la economía y la posibilidad de que el ajuste presupuestario del año que viene sea menor que el exigido por Bruselas deja cierto margen.

El reto de sacar adelante la nueva financiación autonómica

Si el Gobierno cumpliese lo pactado con los barones autonómicos en la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado enero, la reforma del sistema de financiación autonómica debería comenzar a aplicarse a partir del próximo año. Pero el calendario, los inestables equilibrios parlamentarios y la delicada situación catalana hacen casi imposible que las comunidades vean un nuevo sistema en el corto plazo.

Desde el Ministerio de Hacienda encargaron a una comisión de expertos que elaborara un boceto que marcara por donde tenía que ir la reforma. Pero en el grupo de sabios, designados por las comunidades, afloraron las tensiones territoriales y solo han podido alumbrar una reforma de grandes rasgos y con muchos flecos pendientes de cerrar.

Para dilatar la situación sin que parezca que se deja en un cajón, el Gobierno pretende crear una comisión por la que desfilen todos los expertos que participaron en la comisión.

El Ejecutivo de Rajoy no quiere aprobar una reforma de este calado sin el apoyo del PSOE. "No puede haber una reforma del modelo de financiación autonómica en España sin el acuerdo de al menos los dos grandes partidos nacionales", dijo el sábado Mariano Rajoy. "Los socialistas gobiernan en muchas comunidades autónomas y en muchos municipios, por tanto, este no puede ser un tema para que se utilice políticamente contra el Gobierno de España, para volver al viejo truco de 'Madrid tiene la culpa", agregó el presidente del Gobierno.

A diferencia de otras ocasiones, en las que las reformas se sacaban adelante con el acuerdo de las comunidades, en esta ocasión será necesario además el pacto entre los partidos.