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MARCOS PEÑA Presidente del CES y árbitro en el conflicto de El Prat

“Nadie hace huelga por capricho”

El árbitro del conflicto laboral del aeropuerto de Barcelona admite que se ha basado en la oferta previa de la Generalitat porque le parecía "razonable"

Marcos Peña, presidente del Consejo Economico y Social, durante la entrevista
Marcos Peña, presidente del Consejo Economico y Social, durante la entrevista

Siempre que tiene oportunidad Marcos Peña (Teruel, 1948), deja constancia de su fe en el diálogo. Es el presidente del Consejo Económico y Social, el órgano que acoge a sindicatos y empresarios. Pese a esa fe, o por ella, el Gobierno le confió la facultad de imponer la solución al conflicto laboral del verano: la huelga de los vigilantes de Eulen en los controles del aeropuerto de El Prat para reclamar mejoras salariales y laborales. Aceptó sabiendo que su decisión no gustaría a todos.

Preguntas. Dijo usted que “nadie va a quedar contento” con el arbitraje. En cambio, se ha basado en la oferta de la Generalitat aceptada por la empresa, pero rechazada por los trabajadores.

Respuesta. El laudo arbitral obligatorio es excepcional. Uno tiene que tener presente esa excepcionalidad y conseguir dos cosas. Una es limitar el daño en la zona afectada, El Prat. La segunda, que la solución no contamine. Por eso quería dejar la negociación del convenio libre de ataduras. La propuesta de la Generalitat, a regañadientes o no, había sido aceptada por Eulen, Aena y Fomento. Y para mí era razonable. En ningún momento se me pasó por la cabeza modificar la cantidad [ha fijado un complemento salarial de hasta 200 euros mensuales en 12 pagas].

P. No ha sido el dinero el único punto de fricción.

R. Hubo cosas cuya concreción no es sencilla: la igualdad efectiva y las condiciones de trabajo. De ahí que se haya intentado potenciar los planes de igualdad y de prevención, y evaluaciones específicas de seguridad de las mujeres en los filtros [controles de seguridad].

He querido armar un laudo que cerrara la puerta a la contestación

P. La decisión que ha tomado en este tema ha sido muy criticada por los trabajadores.

R. Es normal. No tiene que mover a la sorpresa que lo critiquen. El laudo responde a la mediación de la Generalitat y la rechazaron. No me escandaliza.

P. Ha anulado las sanciones. Elimina así la causa de la huelga del 8 de septiembre.

R. Uno no hace las cosas de forma maquiavélica para pillar al otro. Es habitual en conflictos de esta dimensión que se pretenda empezar de nuevo y desaparezca lo sucedido hasta ahora. Y, evidentemente, uno quiere armar su laudo, en el sentido de no dejar puertas abiertas a la contestación. Nada es inocente.

P. Entonces, ¿cree que ha sido equilibrado?

R. Creo que sí, pero no era el objetivo. El equilibrio es el que se produce en el convenio, e insisto, no quería contaminarlo. Sé que había una singularidad en El Prat, pero no es una pieza separada. Me interesa más promover una ordenación del sector que extralimitarme un poco.

P. ¿Está diciendo que el laudo debe extenderse al convenio del sector que se negocia ahora?

R. Al contrario, el laudo no debe contaminar el convenio.

P. ¿Y debe ser un referente?

Los concursos públicos con precios a la baja tienden a depreciar el trabajo

R. Sería ingenuo pensar que, en aquello que sea útil, no se vaya a usar.

P. ¿Ha faltado voluntad de negociación en alguna parte? El ministro de Fomento acusa de esto a los trabajadores.

R. Nadie va a la huelga por capricho, ni nadie se resiste a dar más por capricho. El tema de estas licitaciones de servicios es muy inhóspito.

P. ¿Deberían cambiar entonces las licitaciones en las que el precio pesa tanto?

R. El precio tiene una valoración abrumadora, inconscientemente empuja a la baja. Estos servicios, que son esenciales para la comunidad, se caracterizan por dos datos contradictorios y sorprendentes: la valoración social, laboral y salarial de estos empleos no está en consonancia con los daños producidos por su ausencia. La huelga de unos limpiadores en un hospital puede hacer más daño que la de unos médicos. En cambio, no es comparable el rol social de unos y otros. Esta contradicción genera una situación incómoda. Están en conflicto varios sujetos: el ciudadano/seguridad, el viajero/confort y el trabajador/dignidad. Y eso hay que conciliarlo.

P. ¿Y la regulación de la contratación pública lo consigue?

R. Debe ayudar.

P. ¿Entonces debe cambiar?

R. Sí. No puede ser ni mucho menos el precio [tan determinante]. A menudo se da, partiendo de la desconfianza,que el Tribunal de Cuentas entra en el supuesto de que se da a una empresa cuyo precio sea superior al ofertado por otra. Y la tendencia es curarte en salud.

P. Porque la regulación da mucho peso al precio.

R. Lo permite, pero contrataciones dadas a precios superiores han sido contestadas. No puede basarse en el precio porque inconscientemente se tiende a la baja. También tiende a la depreciación del trabajo y del servicio. Hay que intentar corregir esto.

P. ¿Y tiene alguna idea?

R. Si la varita mágica es la herramienta de trabajo, estamos perdidos. Lo que existe es la palabra, la razón, incluso la complicidad. Tenemos que hablar más, y reconocer y respetar el trabajo de los agentes sociales y económicos, que son contemplados con cierto desdén intelectual en nuestro país.