Caos en la protección a los sin ingresos
El plan Prepara estatal muere sin salida; la nueva renta ciudadana catalana carece de reglamento
La protección a los ciudadanos carentes de ingresos o con ingresos muy precarios es un caos donde reina la improvisación y el arbitrismo. Eso sí, bienintencionados: lo contrario de una política.
Este lunes caducó el plan Prepara, el de los 400-450 euros al mes para parados que hayan agotado el seguro de desempleo y carezcan de todo ingreso, que ha beneficiado a 960.000 personas desde 2011. No se pudo prorrogar automáticamente, porque se cumplió su cláusula de caducidad, la reducción del desempleo por debajo del 18% de la población activa. Y no se puede prorrogar manualmente porque una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recordó que ese es un asunto de competencia autonómica.
Así que hasta el 4 de septiembre no se avizorará una solución, en la Conferencia Sectorial Gobierno-Comunidades Autónomas, convocada precipitadamente en plena canícula. Claro que antes se puede arbitrar una chapuza: para atender a los desde ahora desatendidos, podría forzarse otra reforma del Programa de Activación para el Empleo —ya retocado en primavera—, vía decreto ley urgente. Pero se trata de un programa más restringido, que solo ha beneficiado desde 2014 a 140.000 parados de larga duración. Y según lo chapucero que fuese el fórceps, incurriría en igual ilegalidad que el Prepara, y el TC se vería compelido a tumbarlo.
En el nivel autonómico de gobernanza sucede tres cuartos de lo mismo. El Parlament catalán aprobó el 12 de julio —y se publicó el día 20— una deseada ley de protección social, la 14/2017 de Renta Garantizada Ciudadana. Que viene a sustituir el actual sistema complementario de rentas mínimas de “inserción”, amplía el número de sus beneficiarios, aumenta su dotación y aborda la vulnerabilidad de muchas familias monoparentales, trabajadores con salarios míseros y refugiados.
La génesis de esa benéfica ley es bonita, porque nació a impulso de ciudadanos de base, mediante una Iniciativa Legislativa Popular, en 2014, y al cabo alcanzó una insólita unanimidad (¡en la fragmentada Cataluña!). Pero su implementación augura obstáculos. De entrada, la norma entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, mientras que su despliegue reglamentario desborda ese plazo, hasta el 20 de octubre: será que la Generalitat puede interrumpir vacaciones para activar el procés soberanista, pero no para ocuparse de los que necesitan un urgente rescate social.
Quizá esta carencia de reglamento no acabe siendo mortal para la iniciativa, porque el Govern es ya ducho aplicando leyes huérfanas de normativa derivada. Lo que resulta en una creciente inseguridad jurídica, como en el caso de la pobreza energética, que ha dado lugar a una ejecución arbitraria, si no despótica.
Pero en sus detalles, “en los pliegues” inconcretos —como ha descrito Alfredo Pastor (La Vanguardia, 1-8-2017)—, anida el diablo: la dotación inicial es ignota y la final, escasa, lo que inducirá a restringir el número de beneficiarios o a incrementar artificiosamente los requisitos para obtenerla; la dispersión entre los distintos sectores atendidos es excesiva, lo que burocratizará la gestión; la rendición de cuentas apenas queda pautada.
¿Hay solución para todo eso? La hay. Volveremos con ella.
