Los expertos piden que las comunidades puedan subir el IVA de forma colegiada
El comité de sabios para la financiación autonómica propone reestructurar la deuda de las autonomías con el Estado
El comité de expertos elegidos por el Gobierno y las comunidades autónomas para que elaboren un informe sobre la reforma de la financiación autonómica ha concluido su trabajo. En un extenso documento proponen que las comunidades puedan subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada. También aconsejan homogeneizar el impuesto de sucesiones y donaciones. Aunque se muestran partidarios de suprimir el impuesto de Patrimonio, aceptan mantenerlo con retoques. Además, plantean dar más libertad a las autonomías para fijar copagos.
El informe sobre la reforma de la financiación autonómica, al que ha tenido acceso EL PAÍS, será remitido al Ministerio de Hacienda este miércoles. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro lo llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes. A partir de ahí comenzará una ardua negociación política —en la que participarán partidos y Ejecutivos regionales— para tratar de sacar adelante una de las reformas más importantes de la legislatura, en un momento en el que la situación de Cataluña complica el resultado final.
El documento ha sido elaborado por los 16 sabios propuestos por las comunidades y las ciudades autónomas —todas excepto Cataluña y las dos forales— y otros cinco expertos designados por el Gobierno central. Se trata de un acuerdo de mínimos, que busca ofrecer alternativas para que los políticos tengan cierto margen a la hora de negociar el modelo final, aunque dentro de un marco preestablecido. Por eso, las propuestas que presentan no son rupturistas. Tratan de mejorar el actual sistema de financiación remendando los problemas, aportando transparencia, simplificándolo y haciéndolo más equitativo. En definitiva, abogan por una evolución perfeccionada de las últimas reformas.
Los sabios estructuran el documento en cinco capítulos, en los que diagnostican la situación del modelo actual, analizan si los recursos que recibe el sistema son suficientes y calculan las necesidades de gasto público de las autonomías. También examinan los impuestos cedidos y la coordinación entre los Gobiernos autonómicos y el central.
Entre las propuestas más llamativas destacan aquellas que tienen que ver con el ámbito tributario. El documento considera crucial aumentar la visibilidad de la fiscalidad autonómica para mejorar la rendición de cuentas de los políticos regionales. La comisión, sin embargo, no recomienda realizar cambios significativos en la cesta de tributos cedidos, aunque sí incluye entre las opciones a estudiar algunas medidas, como las siguientes:
Críticas de los ‘sabios’ al cupo y al concierto
Los expertos han vertido críticas contra el cálculo del concierto vasco y el convenio navarro. Los expertos admiten que estos sistemas forales están reconocidos en la Constitución. Sin embargo, advierten de que el dinero que estas autonomías forales pagan al Estado por los servicios que este presta son insuficientes.
La comisión, señala el documento, considera imprescindible una revisión del cálculo del cupo y de la aportación. También reclaman que se estime mejor el consumo que se hace en esas comunidades y por tanto el IVA que se llevan, muy sobrevalorados en estos dos casos. Eso, sí, sin cuestionar el sistema foral del concierto o convenio. Los sabios reclaman que las forales comiencen a aportar al sistema común de solidaridad de forma inmediata.
Un tipo autonómico de IVA. Los expertos proponen que las comunidades puedan subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada. Para ello se establecería un tramo autonómico, separado del estatal. El Estado tiene hasta ahora plena capacidad para legislar sobre el IVA. Las comunidades solo tienen derecho a recibir el 50% de la recaudación. Los sabios consideran que este nuevo mecanismo en el IVA y en los impuestos especiales permitiría a las comunidades aumentar su autonomía de ingresos y su responsabilidad fiscal. Los expertos reconocen que esta medida puede favorecer la aparición de free riders (actitudes parasitarias). Es decir, comunidades que se opongan a la subida porque politicamente no les favorezca pero se benefician del acuerdo de la mayoría. Ante esta situación, plantean que sea el Estado el que tutele la negociación de los cambios en el Consejo de Política Fiscal. Eso sí, a propuesta de estas.
Impuesto de Patrimonio. El informe recuerda que este es un impuesto controvertido, que provoca distorsiones sobre el ahorro y la inversión. Pero dado que su recaudación aporta algo más de 1.000 millones, en estos momentos de estrecheces presupuestarias aceptan mantenerlo pero con cambios. Por eso, defienden homogeneizar la base imponible y el mínimo exento para que no haya comunidades como Madrid, que lo tienen bonificado al 100%, y otras como Cataluña, donde el tipo es más alto. Los sabios se resisten a establecer un nivel mínimo de tributación. Además, recomiendan aclarar la normativa para evitar pagar dos veces al sumar este impuesto y el IRPF, lo que sería confiscatorio.
Sucesiones y donaciones. Es otro de los impuestos polémicos, con grandes diferencias entre autonomías y con una recaudación de unos 2.200 millones. Los expertos creen que se debería introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan una espiral de competencia a la baja que termine con la desaparición del tributo. Es el caso de Madrid, donde casi no se aplica. Otras comunidades la acusan de competencia desleal por tener tipos muy reducidos y muchas bonificaciones. Resulta urgente, dicen los sabios, que se actualice el impuesto para establecer una base liquidable homogénea.
Copagos. Esta nueva biblia sobre la financiación plantea que las comunidades gocen de más competencias para establecer nuevos instrumentos de copago. Ponen énfasis en los copagos sanitarios que pueden ayudar a disciplinar la demanda, sostienen.
Los sabios recomiendan reestructurar la deuda del FLA
La comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica considera conveniente eliminar los fondos de liquidez que el Estado inyecta a las comunidades autónomas desde 2012 en el menor plazo posible.
Las comunidades han recibido cerca de 168.932,5 millones de euros desde 2012 en préstamos muy ventajosos del Estado. Estos salvavidas financieros se establecieron cuando los mercados cerraron las puertas a las comunidades autónomas y estas no podían financiarse. Se trata del plan de pago a proveedores, un mecanismo para que pudieran liquidar las facturas atrasadas, y los Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los créditos con bajos tipos para que abonen sus vencimientos de deuda y hagan frente a las facturas que no pueden pagar.
El tratamiento de estos mecanismos ha suscitado un gran debate en el comité de sabios. De hecho, explican en el informe que existen dos posiciones claramente diferenciadas sobre su tratamiento. Por un lado, una parte mayoritaria consideran que estos préstamos forman parte de la deuda financiera de las comunidades. Y como tal, se deben pagar y atender todos los intereses. Son compromisos que deben cumplirse sin excepción alguna, recalcan. Sin quitas posibles.
No obstante, este grupo mayoritario de los expertos entiende que no todas las comunidades han realizado el mismo esfuerzo para ajustar sus cuentas. Así, que aceptan que sería aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades con el Estado. Es decir, se podría alargar el plazo de devolución y suavizar el tipo de interés e incluso añadiendo periodos de carencia. Este proceso estaría supervisado por el Banco de España y la Autoridad Fiscal (Airef). Y la decisión estaría condicionada al cumplimiento estricto de los objetivos presupuestarios de déficit y deuda.
Otros miembros de la comisión opinan que para que las comunidades regresen al mercado se necesita una reducción de la deuda. Y plantean que haya quitas de esta deuda pero teniendo en cuenta qué parte de estos compromisos financieros proceden de una insuficiencia de financiación y cual de haber gastado más de la cuenta.
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