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OPINIÓN

Políticas económicas de oferta progresistas

Políticas económicas de oferta progresistas

Hace un mes, el Partido Republicano de Kansas votó, a pesar del veto de su propio gobernador, por revertir los grandes recortes de impuestos (en el IRPF y en sociedades) que el propio partido había puesto en marcha en Kansas en el 2012. El gobernador republicano había argumentado entonces que no producirían un “agujero” fiscal, porque las bajadas de impuestos se compensarían con un fuerte aumento del crecimiento económico. Desgraciadamente, los Reyes Magos no existen. Un reciente trabajo de investigación de Jason De Becker, de la Universidad de Carolina del Sur, y varios coautores; concluía que la reforma de Kansas tuvo un impacto insignificante sobre la actividad económica y que, por tanto, solo sirvió para producir un elevado déficit fiscal que ha asfixiado la educación y la inversión en infraestructuras públicas.

Con su reversión de la rebaja fiscal, la muy ‘anti impuestos’ legislatura de Kansas certificaba la muerte de una idea que nunca tuvo apoyo en la literatura académica: la de que bajar los impuestos es ‘gratis’ porque el crecimiento que genera el recorte aumenta desproporcionadamente la recaudación. Es el fracaso de lo que se llamó en los años 80 la ‘economía de la oferta’ (supply side economics), que buscaba incrementar, mediante bajadas impositivas a las empresas y a las rentas más altas, la inversión y el empleo.

En cualquier lugar, no solo en Kansas, para los políticos, sean de izquierda o de derecha, es siempre conveniente halagar los oídos de sus votantes con regalos fiscales supuestamente sin coste. A la derecha le gusta argumentar, como en Kansas, que si bajamos lo suficiente los impuestos la gente buscará gastar el dinero que tiene en el bolsillo, y la actividad se reactivará tanto que no habrá que pagar por las rebajas. A la izquierda le resulta conveniente argumentar que el ‘multiplicador del gasto’ es muy elevado por lo que, si gastamos más, la economía se reactivará tanto que el gasto se pagará solo.

La evidencia nunca ha apoyado estas teorías. Empíricamente, es cierto que, como quiere la derecha, existe un efecto positivo modesto sobre la actividad económica de las bajadas de impuestos. Y también, como desea la izquierda, se producen efectos positivos reducidos sobre el crecimiento de aumentos limitados del gasto; siempre que no generen desconfianza. Pero tales efectos nunca son suficientes para que estas políticas ‘salgan gratis’. Al final, las facturas hay que pagarlas. Y cercenar, como se hizo en Kansas, la capacidad fiscal de un Estado para pagar sus escuelas o sus inversiones resulta dañino a medio plazo, sea esto mediante recortes de impuestos o subidas indiscriminadas del gasto.

España debe hacer una política fiscal que pase por reducir el paro estructural y aumentar la estabilidad del empleo

¿Quiere esto decir que no hay lugar para una política fiscal activa en España? En absoluto. España debe hacer política fiscal, siempre que esta pase por reducir el desempleo estructural y aumentar la estabilidad del empleo. El punto de partida para entender las posibilidades de política fiscal en España es el elevado déficit estructural de todo el conjunto de las administraciones públicas, que sigue siendo de alrededor del 2% del PIB. Para entendernos, el déficit estructural es el que tiene la economía en un momento ‘normal’ del ciclo económico. ¿Qué es lo ‘normal’ para España? El desempleo medio de los últimos 40 años es de casi el 18%; y, desde 1995, el paro medio ha sido del 15,5%. Pues bien: los cálculos del déficit estructural de nuestras administraciones asumen estos elevadísimos niveles de paro, como lo ‘normal’.

Un reciente estudio del BBVA, firmado por sus economistas Rafael Doménech y José Manuel González-Páramo, calculaba el posible impacto de una deseable reducción del desempleo estructural en España. Las cifras que obtienen son muy esperanzadoras: una caída de 8 puntos en la tasa ‘normal’ de paro, desde el 15,5% hasta el 7,5% —todavía mayor que la de EEUU o Alemania—, supondría una mejora en el balance fiscal estructural de 6% del PIB. Por tanto, la prioridad de todas las políticas económicas en nuestro país debe ser la reducción de la elevadísima y anómala tasa de paro estructural.

Pues bien, existen una serie de nuevas políticas, que podríamos llamar ‘políticas económicas de oferta progresistas’ (usando una expresión propuesta recientemente por Neil Irwin en The New York Times) que ayudarán a que los ciudadanos se incorporen al mercado laboral, con empleos y salarios dignos. Son políticas que, además, tienen efectos redistributivos muy positivos, es decir son eficaces en la lucha contra la desigualdad:

• Universalizar la educación infantil de 0 a 3 años: estas son quizás las mejores políticas que existen en términos de su coste y beneficio; mejoran dramáticamente la educación de los niños y facilitan que sus progenitores se reincorporen al mercado laboral.

• Extender los permisos por paternidad y maternidad: evitan la desconexión de la mujer cuando tiene hijos, aumentan la igualdad de género y aumentan la fertilidad.

• Complemento salarial, que, al incrementar los ingresos de aquellos que reciben salarios más bajos, aumenta fuertemente la incorporación al empleo de los trabajadores y elimina la pobreza laboral en esos colectivos (como ha demostrado una investigación sobre el Earned Income Tax Credit en EE UU y en otros países).

El país no puede permitirse rebajas de impuestos indiscriminadas y políticas manirrotas de gasto

• Reducir selectivamente la fiscalidad a los menos favorecidos para incrementar los salarios netos y eliminar las trampas de pobreza, que surgen cuando los más desfavorecidos se incorporan al mercado de trabajo y ven desaparecer la panoplia de subsidios que reciben, lo que lleva a que los trabajadores el empleo les “cueste” dinero.

• Las políticas activas de empleo y de formación —como el recientemente aprobado ‘cheque de formación’— que facilitan la adaptación de todos, y especialmente de los parados de larga duración, a los empleos del futuro.

• Políticas de empleo que eliminen la dualidad y eliminen la discriminación contra los trabajadores temporales —el contrato único—.

• Políticas anti fraude laboral y fiscal, que aumenten la estabilidad del empleo y la recaudación, pero sin aumentar los tipos impositivos.

Todas y cada una de estas políticas reducirán el paro estructural y por tanto el déficit estructural y reducirán fuertemente la desigualdad. Y todas ellas estaban en los programas económicos de Ciudadanos desde su primera presentación el 17 de febrero de 2015. Finalmente, todas ellas están ya poniéndose en marcha a raíz del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular.

En una situación de brutal cambio demográfico y tecnológico, y con un elevado endeudamiento, España no se puede permitir ni rebajas fiscales indiscriminadas ni políticas manirrotas de gasto. Lo que si podemos hacer es usar todas las políticas económicas disponibles, incluyendo las fiscales y de empleo, para luchar contra el elevadísimo desempleo estructural y aumentar la capacidad productiva de nuestra economía: con niveles “normales” de paro del 7,5%, España pasaría de un déficit estructural del 2% del PIB a un superávit estructural del 4%. Esto aseguraría que España tendría recursos para afrontar el enorme tsunami demográfico que se avecina como consecuencia del envejecimiento de la población. Y permitiría también, a su vez, aliviar la excesiva presión fiscal a la que se enfrentan en España los que cumplen.

Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos.