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El convenio de los vigilantes ‘low cost’ que contrata la Administración es ilegal

La Audiencia Nacional anula el convenio colectivo de Sinergias, empresa de seguridad que paga 700 euros a sus trabajadores

Centro de acogida de Refugiados (CAR) de Alcobendas.
Centro de acogida de Refugiados (CAR) de Alcobendas.

La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.

La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.

Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.

El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que debía.

El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad y de días festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rondaba los 900 euros. Este diario intentó, sin éxito, contactar con algún responsable de Sinergias.

"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".