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Diez comunidades acusan a Empleo de privatizar el sistema de formación de parados

Las autonomías critican al Ministerio por no dialogar sobre el cheque formativo

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso de los Diputados. EFE

El Ministerio de Empleo no solo ha chocado con los sindicatos y los empresarios por el reglamento que desarrolla la ley de formación. También lo ha hecho con la mayoría de comunidades autónomas, que gestionan más de la mitad de los fondos del sistema. De hecho, diez de las 17 han suscrito un documento conjunto en el que, como los agentes sociales, rechazan “la forma unilateral” en la que Gobierno ha desarrollado el reglamento y le acusan de “profundizar en la privatización de la formación para desempleados”.

Los firmantes del documento son los responsables directos de empleo (directores generales y viceconsejeros) de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Navarra y Asturias. En él, expresan su disconformidad con “alguna de las medidas más destacadas, principalemente con el cheque formación”.

Esta medida supone la creación de una especie de cuenta virtual en la que el desempleado acumulará un dinero procedente de la cotización para el sistema de formación (la cuota de formación es del 0,7% sobre la base de cotización que pagan empresarios, un 0,6%, y trabajadores, 0,1%). Con ese cheque, el parado podrá acudir a centros certificados antes por las autoridades para recibir la formación que los servicios de empleo hayan detectado previamente que necesita.

Este pasado miércoles, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, declaró en el Congreso que las administraciones autonómicas podrían poner en marcha el “cheque formación” a partir de agosto. La respuesta de estas 10 autonomías lamenta que “la implantación del cheque formación no haya sido consensuada ni diálogada con los agentes sociales, ni tampoco con las comunidades autonómas, que son precisamente quienes tendrán que hacerse cargo de su puesta en marcha”.

La crítica prosigue diciendo que “profundiza en la privatización de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de las administraciones públicas de configurar una oferta formativa [...] ajustada a las necesidades del tejido productivo”. Para corregir la situación, los firmantes reclaman al Gobierno diálogo y “participación en el diseño y en la gestión de las políticas de empleo”.

En lo que queda de mes, hay varias opciones para recuperar ese diálogo. La próxima semana hay un encuentro entre los directorres generales de Empleo y el Ministerio. Y en la última semana de julio está convocada la conferencia sectorial de Empleo, órgano compuesto por el Ministerio y las consejerías del ramo.

La mayoría de las comunidades que suscriben el documento están gobernadas por el PSOE, en solitario o en coalición (Comunidad Valenciana y Baleares). También las hay regidas por regionalistas (Cantabria), nacionalistas (Navarra) o soberanista (Cataluña). Se han quedado fuera las cinco administraciones dirigidas por el PP (Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Galicia), Canarias y País Vasco, gobernadas por nacionalistas.

Una medida de la reforma laboral aún por desarrollar

La primera vez que el Gobierno introdujo el cheque formación fue en la reforma laboral, ya en 2012, en la disposición final tercera. Se hablaba de evaluar su creación, junto con los agentes sociales.

No volvió a aparecer hasta 2015. Se creó entonces pero necesitaba de desarrollo posterior en un reglamento y este llegó hace una semana. Este texto deja en manos de la comunidades autónomas “como alternativa a convocatorias de subvenciones [...] la financiación de las acciones formativas dirigidas a desempleados mediante la implantación del cheque formación”.

La iniciativa ha sido rechazada por 10 comunidades autónomas y, al menos, por CC OO, que ayer emitió un comunicado solicitando su retirada. Denuncia el sindicato que Empleo admitió en una reunión que se implantó por “la presión de los representantes del sector de formación”. La central dirigida por Unai Sordo reclama más participación de los agentes sociales en el sistema.