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El Santander compensará a los pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital del Popular

El banco pagará con bonos y exigirá 7 años de permanencia para recuperar el 100% de lo invertido

Íñigo de Barrón
La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. EFE/Archivo
La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. EFE/ArchivoEFE

El Banco Santander ha anunciado que ha puesto "en marcha, pese a no tener obligación legal alguna, una acción comercial para aportar una solución a clientes minoristas" del Popular y del Santander "que adquirieron acciones y/o determinadas obligaciones subordinadas del Popular" y que han perdido su inversión tras la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR). "Podrán recuperar, si cumplen una serie de condiciones y límites, gran parte de su inversión", afirma la entidad.

"La oferta consiste en la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos (“bonos de fidelización”) que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente", dice el banco. Los bonos se entregarán en septiembre y "serán obligaciones perpetuas emitidas por el Santander, con 100 euros de valor nominal, y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del Santander. Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización", según el banco cántabro.

Pero para recuperar el dinero, vía bonos que cotizarán en los mercados, hay condiciones: el 100% de lo invertido solo se obtendrá si se mantiene la relación comercial con el Santander siete años. Además, se deberá renunciar a emprender acciones legales contra la entidad presidida por Ana Botín. También se exige mantener, "cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial con el Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada equivalente a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas".

El Santander excluye a los inversores institucionales "y va dirigida exclusivamente a clientes minoristas (personas y empresas) que hubieran adquirido acciones en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016", es decir, la última ampliación de capital. Esta iniciativa incluye a los empleados del Popular, que acudieron masivamente a la ampliación. No se compensará a los inversores en otras ampliaciones porque han podido vender posteriormente con beneficios.

Los que acepten los bonos deberán renunciar a emprender acciones legales contra el Santander

Quedan excluidos los miembros del consejo de administración del Popular hasta su resolución, las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa en Popular declarada en la CNMV. Esta última condición excluiría al grupo de accionistas agrupados por el mexicano Antonio del Valle, a Luksic y a la Sindicatura de Accionistas, que llegó a ser el principal accionista de la entidad con el 9% del capital.

También incluirá a los tenedores de obligaciones subordinadas emitidas el 29 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011 del Popular "y, en ambos casos, las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Grupo Popular en España o de Banco Santander en el momento de la resolución". Estos bonos se vendieron entre pequeños clientes.

El Santander busca retener a los clientes, contentar a los empleados del Popular, y frenar posibles demandas

Se estima que el valor nominal máximo a emitir de “bonos de fidelización” será de aproximadamente 980 millones de euros. "Si bien el valor nominal de cada bono de fidelización será de 100 euros, está previsto que su valor razonable en el momento de la entrega sea inferior", advierte el Santander en un hecho relevante enviado a la CNMV.

Con este movimiento, el Santander trata de lograr varios objetivos: retener a los clientes y contentar a los empleados que acudieron a la última ampliación de capital de hace un año y que lo han perdido todo. Mantener la fuerza del negocio comercial del Popular es clave para que el Santander rentabilice esta compra. A la vez, que trata de frenar un posible aluvión de reclamaciones judiciales. No obstante, el Santander descarta a los inversores institucionales, que según la doctrina del Tribunal Supremo, son agentes cualificados con otros conocimientos e intereses diferentes de los de los pequeños accionistas, según un argumento utilizado en la crisis de Bankia.

Además, el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas. Para los que superen los 100.000 euros se aplicará este sistema: por ejemplo, para un importe de 250.000 euros, se pagará el 100% por los primeros 100.000 y el 75% por los segundos 150.000, con lo que se compensará por 212.500. Y así en el resto de los casos.

No obstante, el banco aclara que "el 99% de los clientes y empleados del Popular que compraron acciones" en la ampliación "realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió".

El importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos.

Rodrigo Echenique, presidente del Banco Popular y vicepresidente del Grupo Santander, ha señalado a través de una nota de prensa: “En reconocimiento a la lealtad de los clientes que invirtieron en el Banco Popular, hemos querido poner en marcha esta acción voluntaria con el fin de reforzar nuestra relación con ellos, responder lo mejor posible a sus necesidades financieras y seguir adelante con el trabajo de integración que tenemos por delante”.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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