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La justicia europea reduce a 3 millones de euros la multa a España por la estiba

El Gobierno cambió la ley en mayo pero tenía pendiente una posible sanción de más de 25 millones por no haber acatado la sentencia de 2014 que exigía modificaciones

Vista de unos contenedores del Puerto de Algeciras (Cádiz). En vídeo: lectura de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. EPV

Sanción simbólica para España, para subrayar que los incumplimientos tienen consecuencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto hoy una multa de 3 millones de euros "por haber tardado en liberalizar el sector de servicios portuarios de manipulación de mercancías".  España modificó en mayo la ley que regula la estiba. En un proceso que ha conllevado protestas y huelgas en los puertos, ha acabado liberalizando el sector tal como pedía la UE: las empresas ya no están obligadas a pertenecer a unas sociedades especiales y a contratar ahí obligatoriamente a los estibadores, lo que generaba barreras de entrada que vulneraban las normas de competencia. Pero tardó tres años en acatar el mandato europeo.

En una sentencia de finales de 2014, la justicia europea condenó a España por incumplir la regulación comunitaria y abrió la puerta a una multa posible de 27.000 euros diarios, que hubieran ascendido a 25,5 millones a día de hoy. El Tribunal de Justicia considera "grave" ese incumplimiento "durante un periodo de tiempo significativo". Pero en definitiva, la corte europea acaba imponiendo una sanción simbólica, una cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros, a la vista de que la nueva ley está ahí y satisface a Bruselas.

España es uno de los Estados de la UE que más incumple la normativa europea. Cada año está en los puestos de cabeza: en 2016 incluso lideró esa dudosa clasificación. España ha mostrado una notable desidia en la transposición de directivas comunitarias, y en algunos casos solo lo hace bajo amenaza de sanción: en las estadísticas oficiales, aparece entre los grandes incumplidores de forma sistemática, junto a Italia, Grecia y Bélgica. Este es uno de esos casos: España no adoptó las medidas necesarias después de la sentencia de diciembre de 2014, y la Comisión Europea solicitó otros 134.000 euros diarios de multa. Finalmente, el pasado 12 de mayo, el Gobierno aprobó la nueva ley. Bruselas considera que es suficiente y ha desistido parcialmente de su recurso en lo relativo a la multa coercitiva.

En su sentencia de este jueves, el tribunal declara que al término del plazo señalado por Bruselas, "España no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2014". "Persistió durante un periodo de tiempo significativo", dice el fallo. Nada menos que 29 meses. "Ese incumplimiento debe considerarse grave", subraya la sentencia. Pero el tribunal ha tenido en cuenta finalmente el atenuante de haber aprobado una difícil reforma, cuando en otros países ese cuello de botella de la estiba aún persiste: en Bélgica, sin ir más lejos. De ahí que la multa se haya quedado en tres millones de euros, ocho veces menos de la cantidad que podría haber aplicado la corte europea.

El ministro de Fomento culpa a la oposición de la multa

La multa que ha impuesto Bruselas a España es resultado de no haber reformado la normativa de la estiba hasta hace dos meses, pese a que el ultimátum de Bruselas databa de diciembre de 2014. Hubo tres años para cambiar la ley y no se hizo. Pero  el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy que es el retraso de los dos últimos meses en sacar adelante el decreto ley es lo que ha ocasionado el pago. Así, ha culpado a los grupos políticos de la oposición en el Congreso que impidieron aprobar el el primer texto, cuyo borrador presentaron el pasado febrero.

"La primera vez que acudimos al Congreso para aprobar el Decreto Ley de reforma de la estiba teníamos una notificación de la Comisión Europea que decía que, si lo aprobábamos, la parte ya devengada de la multa, que entonces ascendía a 24 millones, no iba a tener que pagarse", detalló el ministro, según recogió Europa Press. "La segunda ocasión que llevamos el Decreto Ley al Congreso, en mayo, la posición era distinta", señaló De la Serna, que por ello asegura que "si se hubiera aprobado en la primera ocasión, los españoles no hubieran tenido que pagar nada".