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La fiscalía pide siete años de cárcel para dos sindicalistas por agresión en un piquete

Arranca en Madrid el juicio por los altercados ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012

Manuel V. Gómez
Los sindicalistas Rubén Ranz y José Manuel Nogales, en el juicio.
Los sindicalistas Rubén Ranz y José Manuel Nogales, en el juicio.Álvaro García

Los sindicalistas Rubén Ranz y José Manuel Nogales se enfrentan a partir de hoy a un juicio en el que la Fiscalía reclama siete años de cárcel para cada uno de ellos. El ministerio público acusa a los dos sindicalistas, afiliados de UGT, de un delito contra el derecho de los trabajadores y otros dos delitos de atentado contra la autoridad por unos hechos ocurridos durante la huelga general de 2012. Ambos sindicalistas participaron en un piquete a las puertas de un bar. Según la acusación, en un momento de tensión golpearon con una bandera sindical a un policía.

En el caso de Ranz y Nogales, la Fiscalía vuelve a aplicar el 315.3 del código penal, que castiga con tres años y medio de cárcel a quien atente contra el derecho de los trabajadores. La aplicación de este artículo en los últimos años ha acabado con el procesamiento de unos 300 sindicalistas, que en varias ocasiones han sido castigados penas de prisión, y movilizado a las centrales a lanzar varias campañas para que se derogue. En este marco, una de las últimas iniciativas ha consistido en el envío de cartas desde organizaciones nacionales e internacionales, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Fiscal General de Estado, José Manuel Maza.

Hoy, antes del comienzo del juicio, UGT y CC OO han llevado a cabo una manifestación con los lemas Huelga no es delito, Justicia para Rubén y Nogales y Yo soy piquete, que acaba ante la puerta de los juzgados. No es la primera vez que las centrales convocan una movilización de apoyo justo el día en que empieza uno de estos juicios.

Ya en febrero de 2016 se manifestaron en apoyo de Los 8 de Airbus, el caso más emblemático de los procesamientos de huelguistas que ha habido. Ese caso acabó con la absolución de los ocho acusados en el juicio, celebrado en Getafe. El fallo no fue recurrido por la Fiscalía, con lo que la sentencia provisional fue firme.

Un piquete en la huelga

Los hechos que narra el fiscal en su escrito de acusación sucedieron en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ese día, a primera hora de la mañana, los dos acusados fueron detenidos en la Plaza de la Lealtad, en Madrid, donde está la sede de la Bolsa y la puerta del Hotel Ritz.

Según el ministerio público, los dos sindicalistas formaban parte de un piquete informativo de unas 60 personas que en la puerta de una cafetería de la plaza gritaron expresiones como “esquiroles” o “cerrad el bar, que no vais a heredar la empresa”. La situación acabó, siempre según el fiscal, con golpes por parte del grupo a dos de los trabajadores, uno de ellos el dueño.

Posteriormente intervino la policía para “evitar la continuación de los hechos”, prosigue el texto, que añade que entonces ambos acusados golpearon a la policía con los palos de banderas sindicales. La defensa rechaza esta última parte de los hechos porque dice que Nogales, de 60 años, no llevaba bandera alguna y estaba “a seis u ocho metros del grupo”, y que el papel de Ranz, que tampoco llevaría bandera, solo reprochó a los agentes llevarse al mayor del grupo.

Sobre el enfrentamiento con los trabajadores del bar, el abogado expone que sí hubo “tensión verbal” y que Ranz trataba de calmar los ánimos. Fue entonces cuando hubo una carga policial. Según este escrito, ambos sindicalistas “tuvieron que ser asistidos por el SAMUR, constando en la causa el parte de lesiones que sufrieron consecuencia de la carga policial”.

La defensa señala que esto no constituye ningún tipo de infracción penal. Y reprocha a la Fiscalía que no tenga en cuenta sentencias del Tribunal Constitucional que subrayan que “el ejercicio del derecho de huelga conlleva el derecho a difundirla y a hacer publicidad de la misma, y ello se integra en el propio contenido esencial de aquel”.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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