Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011
Las entidades aducen diferencias de criterio con la Seguridad Social
Dietas no permitidas, pagos ilegales a colaboradores, despidos de trabajadores a punto de jubilarse, marisco, alquileres sin justificar… Estos son algunos de los conceptos por los que la Seguridad Social reclamó a las mutuas de accidentes laborales la devolución de 142,4 millones de euros de dinero público en seis años, según las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son, sobre el papel, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Se encargan de la atención de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales, para lo que reciben el dinero que recauda la Seguridad Social en forma de cotizaciones. Entre las 20 mutuas existentes —hubo más que han ido fusionándose—, gestionan este año 13.150 millones en cotizaciones, es decir, dinero público.
Aunque sean asociaciones de empresarios, las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social. Por eso, los interventores del organismo auditan cada año sus cuentas. En esos exámenes, como muestra la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fue donde los auditores han hallado esos gastos que no se ajustan a la norma y que las mutuas deben devolver. Los desembolsos van desde la compra de obsequios de Navidad al pago de “eventos y servicios de restauración”, pasando por “exceso de retribución del gerente”, para los que no se puede usar dinero público.
Las reclamaciones más cuantiosas llegan por pago indebido a colaboradores externos, que muchas veces son a su vez agentes de seguros. Está prohibido que las mutuas tengan actividad comercial, es decir, captar afiliados. Los pagos demuestran que sí hacían esa actividad. También hay reclamaciones por retribuciones excesivas a otros colaboradores con los que sí pueden trabajar.
Dinero público gastado sin justificación
Las decenas de resoluciones de la Seguridad Social —en total, más de 600 páginas— permiten entrar al detalle de los gastos que los auditores censuran a las mutuas. Fraternidad, por ejemplo, gastó 152.482 euros en pagar un alquiler de un local que “ha permanecido vacío e inutilizado”. La Mutua Gallega empleó 371.554 euros en alquileres “por locales sin uso y su mantenimiento”.
Fraternidad abonó 12.967 euros en “dos viajes a Argentina realizados por el director gerente” que la Seguridad Social ordenó devolver. Uno de los mayores gastos irregulares de esta mutua (2,8 millones) fue por el control de las bajas “cuya realización no ha quedado acreditada”. Egarsat pagó taxis “insuficientemente justificados”. Varias mutuas usaron dinero público para pagar los honorarios del despacho de abogados que les defendió de una denuncia.
Desde que finaliza un ejercicio, se audita y la Seguridad Social emite la reclamación definitiva, pueden pasar tres o cuatro años. Las mutuas recurren por sistema a la Audiencia Nacional, lo que dilata el proceso de devolución aún más. Por ejemplo, el Ministerio de Empleo exigió a Fremap en 2012 que le devolviera 10,7 millones por gastos irregulares de 2006. La mutua impugnó la reclamación sobre 8,5 de esos 10,7 millones. La Audiencia estimó una parte pequeña, y Fremap recurrió al Supremo. El fallo definitivo llegó en junio de 2016 y dejó intacta gran parte de la reclamación de la Seguridad Social. EL PAÍS intentó recabar la versión de Fremap, sin éxito.
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) asegura que en el periodo analizado la Administración “quiso asemejar a asociaciones de empresarios al sector público y fue reclamando ciertas cosas que creía que no tenían que haberse realizado”. “A día de hoy, todo está totalmente regularizado y se cumple al pie de la letra cada uno de los mandatos de la Administración. En aquel momento las cosas no estaban claras; ahora todos los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas y de la Intervención están aceptados y sin problemas”, asegura un portavoz.
El análisis de más de un centenar de resoluciones revela que Fremap fue la que incurrió en más gastos irregulares (43,5 millones). Por ejemplo, en sus cuentas de 2008, los auditores públicos hallaron gastos en marisco, como desveló este diario en 2014. En la clasificación por volumen de dinero gastado irregularmente también está Mutua Universal, con 23,5 millones de euros; Fraternidad, con 20,1 millones; Asepeyo, con 10,6 millones, e Ibermutuamur, con 9,8 millones.
Diferencias de criterio
Universal, cuya antigua cúpula está pendiente de un juicio por un fraude de 200 millones, asegura que los ajustes de estos años “tienen su origen en discrepancias de criterio” entre la Seguridad Social. Fraternidad, por su parte, precisa que ya hay fallos firmes en las reclamaciones que van de 2006 a 2009 y que la cantidad se habría reducido de 19,8 millones a 11,5 millones.
Asepeyo asegura que muchas de las cantidades que les reclama la Seguridad Social están “pendientes de resolución, reclamación o en los tribunales”. Su jefe de auditoría explica que en 2006 y 2007, años que tienen reclamaciones de 3 y 3,6 millones, respectivamente, el grueso se debe a indemnizaciones por despido de trabajadores prejubilados “que suponían un ahorro, para la mutua y para la Seguridad Social”. La Audiencia Nacional aceptó este argumento para 2006 y redujo la devolución a 1,1 millones. No lo vio así para 2007.
Buena parte de lo reclamado a Ibermutuamur corresponde a pagos a colaboradores. La mutua se escuda en una diferencia de criterio: “Las mutuas se guiaron por el Registro Público de la Dirección General de Seguros para excluir a los colaboradores que tuvieran la condición de agentes de seguros. La Seguridad Social, por su parte, decidió aplicar un criterio más extensivo, la clasificación de su inscripción fiscal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”.
MC Mutual explica que algunas de las cantidades reclamadas se vieron reducidas tras ir a juicio y llegar a sentencia firme. En 2006, por ejemplo, los tribunales redujeron un 9,5% las cantidades irregulares. En 2007, un 26,7%, y en 2008, casi a la mitad.
El volumen de reclamaciones no se corresponde con el tamaño de las mutuas. En el caso de Fremap sí hay correspondencia, es la más grande, gestiona unos 2.600 millones al año y da cobertura a más de cuatro millones de trabajadores, y es la que tiene reclamaciones más altas. Pero la segunda es la catalana Asepeyo, que en 2015 gestionaba más de 1.800 millones, y aparece en cuarto lugar.
Todos los gerentes cobran más que Rajoy
Ni uno solo de los gerentes de las 20 mutuas colaboradoras de la Seguridad Social cobra menos que el presidente del Gobierno. El que menos es el primer ejecutivo de Solimat, una pequeña entidad castellanomanchega, que gana un sueldo fijo de 96.426,7 euros al año, según las cuentas de la mutuas auditadas por la Seguridad Social correspondientes a 2015. Mariano Rajoy ganó ese año 78.185 euros brutos.
El mejor pagado, con mucha diferencia, es el de MC Mutual. Ganó 259.913,8 euros de sueldo fijo. Si se añade lo cobrado por el epígrafe “indemnizaciones por servicio”, la remuneración sube hasta los casi 300.000.
Ambas cantidades son muy superiores a lo que percibe cualquier responsable del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el encargado de supervisar a estas asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que gestionan cotizaciones sociales. El alto cargo mejor pagado de Empleo ese año fue el secretario de Estado, con 110.465 euros.
El segundo gerente mejor retribuido es el de Asepeyo, que supera los 228.000 euros. El tercero, el de Fremap, con 222.000. Estas cantidades no coinciden con las que divulga el Portal de la Transparencia que gestiona el Ministerio de Presidencia, donde las cifras son en algunos casos superiores y en otros inferiores a las que reconocen las propias mutuas en sus cuentas anuales.
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