Presupuestos 2017: La inclusión de las compras de armas dispara el gasto en Defensa un 32%

La inclusión de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) –grandes sistemas de armas como el avión de combate Eurofighter, las fragatas F-100 o el carro de combate Leopardo--- en el presupuesto de Defensa para 2017 ha provocado que este se dispare y crezca un 32%, hasta los 7.635 millones de euros, respecto al año pasado, un aumento sin parangón en ningún otro ministerio (los siguientes que más crecen, Sanidad y Justicia, lo hacen un 8 y un 7,7% respectivamente).

Se trata, en gran medida, de una ilusión óptica, pues el grueso de este aumento (el 96%) corresponde al pago de dichos programas, que hasta ahora se financiaban al margen del presupuesto. Dos sentencias del Tribunal Constitucional, que anularon por ilegales los decretos leyes con los que se pagaban los PEAS, han obligado a incluir una partida de 1.817,63 millones para abonar tanto 711 millones de la factura de 2016 (cuando la prolongación de un Gobierno en funciones impidió atender los pagos) como 1.107 de 2017.

El volumen de los PEAS es tan desmesurado que distorsiona todo el capítulo de inversiones reales del Estado, que sobre el papel crece un 46,8% cuando, si se descuentan los programas militares, se reduce un 3,3%. El Gobierno ha podido incluir esta partida sin alterar el objetivo de déficit gracias a una peculiar fórmula contable: los sistemas de armas no se imputan al déficit cuando se pagan sino cuando se recepcionan. Como la mayoría de estas armas  fueron recibidas por las Fuerzas Armadas en ejercicios anteriores, no computan para el déficit público. Ello provocó el año pasado el recurso a un sistema denominado “corralito”: aviones de combate terminados y pagados quedaban en manos del fabricante hasta que Hacienda autorizara su entrega al Ejército del Aire.

Si se excluyen los PEAS, el crecimiento del presupuesto de Defensa es mucho más modesto, del 0,6%, 33 millones de euros en términos absolutos, pese a lo cual aumenta en una décima (3,8%) su participación en los presupuestos generales del Estado. Según reconoce el Gobierno en la presentación del proyecto, con este incremento se persigue mantener “las capacidades operativas mínimas e imprescindibles de las Fuerzas Armadas”.

El grueso del presupuesto de Defensa sin contar los PEAS (4.432 millones, el 76% del total) se destina a los gastos de personal, mientras que a gastos operativos y de funcionamiento se dedican 743 millones y a inversiones reales (al margen de los grandes programas ya comprometidos) 426, un 12,5% menos que en el año pasado. Además, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de las Fuerzas Armadas cuenta con 186 millones (un 15,4% menos que en 2016) y Instituto Social de las Fuerzas Armadas con 755 (los mismo que este año). El número máximo de soldados y marineros se mantiene en 79.000, una cifra que no varía desde 2014.

A pesar de incluir los PEAS, el presupuesto continúa sin reflejar el gasto total en Defensa, ya que las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior (más de 770 millones el año pasado) se siguen financiando con créditos ampliables. Eso significa que probablemente a final de año el gasto militar total ronde los 9.000 millones, en torno al 0,9% del PIB, sin que se haya iniciado de hecho la senda de crecimiento hacia el 2% en una década a la que el Gobierno español se comprometió en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 y que ha reiterado ahora ante las demandas de la Administración Trump. Quedan siete años para cumplir lo prometido.