Presupuestos 2017: El Gobierno liga a la corrupción el incremento del presupuesto para Justicia

De los 13 ministerios del Gobierno, el de Justicia es el que recibe el mayor incremento presupuestario en las cuentas para 2017 después del de Sanidad: un 7,6% respecto al ejercicio anterior. En total, la dotación para el departamento que dirige Rafael Catalá asciende a 1.726 millones de euros. El Ejecutivo ha incluido una partida de 100 millones destinados específicamente a lo que llama "la modernización del servicio público de Justicia".

En un momento en el que se suceden los escándalos de corrupción - según el CIS, es el segundo problema que más preocupa a los españoles, después del paro-, el Gobierno asegura en sus Presupuestos que se compromete a invertir en el Ministerio para lograr "una justicia fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción".  Con la entrada de personal procedente de la oferta de empleo público de 2016 y la que se apruebe este año, añaden, se crearán cerca de 5.000 nuevas plazas al servicio de la Administración de la justicia. España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. En 2017 contará con 1.358 millones de euros para gastos de personal.

Habrá 150 millones de euros para la transformación digital de la Justicia, lo que supone un incremento del 87,9% para este cometido respecto a 2016. El libro amarillo de los Presupuestos propone la creación de una nueva aplicación, Minerva Digital, que suponga "un sistema de gestión procesal automatizado, común y compartido por todas las Administraciones Públicas, con los tribunales y las fiscalías". El Gobierno quiere digitalizar por completo los procesos hasta llegar al "papel cero" tanto para profesionales de la Justicia como para los ciudadanos. Actualmente, hay ocho sistemas informáticos distintos - siete de comunidades autónomas con las competencias transferidas y el del Ministerio- que no se pueden comunicar entre sí y toneladas de folios anegan los juzgados.

El libro amarillo de los Presupuestos promete "una profunda reforma de procedimientos", entre los que cita el relativo a la adquisición de la nacionalidad por residencia, con la tramitación electrónica de todos los expedientes, así como la comunicación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios para su inscripción en el Registro Civil.

De esos 1.726 millones de presupuesto, 37 se dedicarán a la asistencia jurídica gratuita. La aplicación desde enero del Ministerio de Hacienda del 21% del IVA a este servicio había puesto en pie de guerra al colectivo, de más de 35.000 profesionales, pero el Gobierno y el PSOE acordaron no cobrar este impuesto a abogados y procuradores del turno de oficio el pasado 1 de marzo.

Habrá un millón de euros para asistencia psicológica para víctimas de delitos violentos, contra la libertad sexual y de violencia de género y 56 millones (un 2,5% más) para el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.