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Palma prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad a partir del verano

El Ayuntamiento anuncia multas de hasta 40.000 euros a quienes arrienden su vivienda

Una imagen de la catedral de Mallorca. ATLAS

El Ayuntamiento de Palma prohibirá este verano el alquiler turístico de pisos en todos los barrios de la ciudad y anuncia multas de hasta 40.000 euros a quienes promocionen esta actividad. El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, ha anunciado la aprobación de esta medida ante los problemas que esta actividad ha generado a la hora de garantizar el acceso a la vivienda para los residentes, con alquileres que se han disparado un 7,5% en el último año y un incremento medio del metro cuadrado para arrendar que ha crecido un 40% y roza los 11 euros según sus cálculos. El anuncio de la regulación municipal ha despertado polémica, porque en principio esa regulación es competencia de la comunidad autónoma, que está preparando su propia norma. Pero el alcalde ha decidido no esperarla.

El Consistorio pretende luchar contra el creciente fenómeno de las plataformas de vivienda vacacional como Airbnb, en las que muchos propietarios comercializan y promocionan inmuebles plurifamiliares con finalidades lucrativas, un extremo que ya está prohibido por la Ley de Arrendamientos Urbanos. A pesar de que el Gobierno autonómico está elaborando una normativa para permitir y regular la oferta de pisos turísticos según las zonas de cada isla, el Ayuntamiento de Palma se plantea la posibilidad de prohibirlo de forma definitiva en todas las zonas de la ciudad, según ha señalado el concejal.

Un estudio municipal revela que en la capital balear hay actualmente 3.191 viviendas destinadas al alquiler vacacional, lo que representa 21.216 plazas y el 70% de la oferta turística de la ciudad. “El 90% es oferta no reglada” dice el edil, que insiste en que “no hay una sola vivienda plurifamiliar turística en Palma que tenga licencia”. Por eso ha anunciado una ofensiva sancionadora con multas de hasta 40.000 euros contra los propietarios de pisos y apartamentos que se promocionen y publiciten en plataformas turísticas como Airbnb.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el Consistorio a la hora de multar es que las competencias sancionadoras son de la Consejería de Turismo, que apenas cuenta con una quincena de inspectores que no sólo se dedican a esta labor. A pesar de ello, Noguera ha advertido a quienes este verano intenten sacar rédito del alquiler vacacional: “puede llegar a su casa una multa de 40.000 euros”.

Alquiler de un iglú

El colectivo ecologista Terraferida ha publicado esta semana un estudio en el que desvela que AirBnB ofrecía en Mallorca a principios de 2016 un total de 11.271 alojamientos con capacidad para 78.543 plazas y que ninguno “declara tener licencia turística” en el anuncio. Sus alojamientos, según el documento, sumaron más de medio millón de estancias en 2015 y se llegaron a ofertar desde estancias en tiendas de campaña hasta en un iglú y una casa en un árbol.

El problema de acceso a la vivienda de alquiler ha sido denunciado no sólo por los residentes, sino por muchos trabajadores que se ven obligados a desplazarse desde la península. El Sindicato Profesional de Policía informó la semana pasada de la excesiva rotación de agentes en Mallorca e Ibiza debido a los problemas que tienen para encontrar un alquiler que puedan pagar, mientras que UGT y Comisiones Obreras han advertido de que una gran cantidad de trabajadores de la hostelería están renunciando a sus empleos de temporada al no encontrar alojamiento.