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Cataluña quiere obtener 250 millones con nuevos impuestos a empresas

Los gravámenes sobre refrescos, nucleares, grandes superficies o artículos de lujo fueron pactados entre Junts pel Sí y la CUP

Dani Cordero

Si no hay más cambios, el Parlamento catalán aprobará el martes sus Presupuestos para este año y el miércoles hará lo propio con las Medidas Fiscales y Financieras. El acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP habilita la asignación de recursos para el referéndum, pero también una batería de impuestos dirigida básicamente a empresas, con la que la Generalitat prevé ingresar en torno a 250 millones a partir de 2018. Algunos entrarán en vigor el próximo 1 de abril.

Varios vehículos hacen cola en el aparcamiento del centro comercial Diagonal Mar (Barcelona), este sábado.
Varios vehículos hacen cola en el aparcamiento del centro comercial Diagonal Mar (Barcelona), este sábado. Albert García

La CUP fracasó en su exigencia de subir el Impuesto de la Renta (IRPF) y los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio a las clases más altas, pero ha logrado impulsar los nuevos tributos como fórmula para redistribuir recursos.

Algunas empresas afectadas, como las que integran la patronal de bebidas refrescantes Anfabra lamentan, —además de los impuestos— el escaso margen entre la aprobación y su entrada en vigor. La Generalitat responde que las compañías han tenido tiempo suficiente para implementar la nueva norma, ya que el anteproyecto de ley es público desde noviembre y que miembros del Departamento de Economía se han reunido con los sectores afectados para explicar las medidas.

De los que siguen, dos impuestos pactados se aprobarán mediante leyes propias y no a través de la Ley de Acompañamiento.

Cambios en el Impuesto de la Renta

La Generalitat también ha introducido un pequeño cambio en el Impuesto de la Renta que afectará directamente a los tramos medios. Pese a que se negó a hacer cambios para una mayor progresividad fiscal, como reclamaba la CUP, sí optó por suprimir en su tramo autonómico una deducción a la adquisición de vivienda que beneficiaba a jóvenes, parados o con hijos a su cargo. A partir de ahora, solo podrán seguir beneficiándose de esa deducción, del 1,5% a cargo del tramo autonómico, las personas con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales. La medida ha disgustado a expertos y asociaciones de familias, que consideran que va en contra de las clases medias. La Generalitat calcula que afectará a 250.000 familias, que dejarán de poder deducirse por ese concepto un máximo de 135 euros al año. A cambio, la Generalitat se ahorrará 12,6 millones de euros en bonificaciones. Ese 1,5% de deducción, argumenta el Ejecutivo catalán, no se aplica en todas las comunidades.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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