La inicua asimetría del poder

En los tres actos políticos celebrados durante el fin de semana (PP, PSOE, Podemos) se ha visibilizado con mucha nitidez la asimetría del poder: omnímodo en el caso de Rajoy, expectante en el acto de apoyo a Susana Díaz, disputado en la competencia entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. La desigualdad en el uso y disfrute de ese poder ha sido objeto de muchos estudios en el ámbito de la ciencia política a través del tiempo. Era difícil pensar que también se iba a encontrar en el último Informe sobre del Desarrollo Mundial (La gobernanza y las leyes), del Banco Mundial, presentado recientemente.

Tiene un interés añadido este documento por ser el primer informe sobre el desarrollo publicado desde que Paul Romer fue escogido como economista jefe de la institución. No había habido un economista de tanta personalidad en la organización multilateral desde que lo fue Joseph Stiglitz (1997-2000), y lo ha demostrado elaborando un durísimo trabajo sobre los problemas de la macroeconomía, que ha dejado temblando los cimientos de la profesión. Aunque es lógico pensar que este informe pertenece, sobre todo, a la etapa anterior (Romer sólo está desde el pasado mes de octubre), el economista jefe tiene como potestad dirigir las líneas de investigación de la institución creada en Breton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial.

El Informe sobre el Desarrollo trata de responder a una historia muy frecuente: por qué las políticas públicas no tienen en muchas ocasiones la eficacia suficiente, incluso si están bien enfocadas. El Banco Mundial se centra en las responsabilidades de la gobernanza y en cómo una distribución desigual del poder en el seno de las sociedades mina aquella eficacia. La asimetría del poder se centra en tres características que se complementan: la exclusión de grupos y ciudadanos que son sistemáticamente apartados de las decisiones, de las instituciones y de los recursos del Estado; la captura del Estado (o de algunos de sus organismos, como los reguladores y supervisores) por parte de élites que se adueñan de la política y la ponen al servicio de sus intereses; y el clientelismo, cuando se proporcionan beneficios a cambio del apoyo político, se compra el voto ciudadano a cambio de beneficios a corto plazo.

Exclusión, captura y clientelismo reducen la capacidad de los Estados para proporcionar el bienestar a sus ciudadanos, lo cual adquiere más significación en coyunturas de crisis abierta o en otras de mucha vulnerabilidad frente a las tendencias y los ciclos económicos, en las que el crecimiento y la productividad a nivel mundial disminuyen, lo que limita los recursos disponibles al tiempo que las demandas ciudadanas de servicios, infraestructuras e instituciones justas (por ejemplo, la ayuda al desarrollo) continúan aumentando. Dadas las restricciones que pesan sobre los presupuestos públicos es imprescindible que los recursos se utilicen con la mayor eficacia, lo que significa que habrá de reducir también la desigualdad en el poder (además del resto de las desigualdades, sobre todo la de oportunidades).

Errejón ha dicho estos días algo que sirve para todas las formaciones políticas y para cualquier momento: para que un partido pueda gobernar, la ciudadanía tiene que visibilizar que es capaz de gobernar. Las decisiones se toman en escenarios políticos y sociales complejos; los individuos y los grupos con poder desigual interactúan en un marco de reglas cambiantes. En este sentido, el PP goza ahora de gran ventaja.