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La supervisión del Banco de España alteró normas al estallar la crisis

Un comité impuso una interpretación blanda de forma extraoficial de circulares y normativas que retrasó el reconocimiento de morosidad y pérdidas

El exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez.
El exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez.EFE

La Dirección General de Supervisión del Banco de España maquilló la regulación (normas y circulares contables) al estallar la crisis en 2008 para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria desde las entidades financieras. Entre otras iniciativas, un grupo de trabajo interno denominado Comité Técnico de Coordinación (CTC) dio instrucciones a los inspectores para que no se exigiera el cumplimiento de la legalidad vigente a las entidades supervisadas en las operaciones relacionadas con la refinanciación de préstamos hipotecarios y de consumo. El CTC prohibía a los inspectores la entrega por escrito a las entidades de esta y otras posiciones, que solo podían ser comunicadas a los bancos de manera oral. El Banco de España justificó este miércoles que el objetivo era "homogeneizar la aplicación de las normas".

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El Comité Técnico de Coordinación, según ha confirmado este periódico, que ha tenido acceso al contenido de sus trabajos y a las instrucciones dictadas, es un grupo creado dentro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España al que concurren los llamados coordinadores ejecutivos de los cuatro departamentos de inspección. En sus reuniones se analizan problemas detectados en los contactos con las entidades financieras. A su vez, el CTC formula recomendaciones a los inspectores sobre distintas materias. Muchas de ellas, sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008, sobre las normas contables vigentes.

Entre 2006 y 2009 fue director general de Supervisión Javier Aríztegui, cargo desde el que pasó a ser subgobernador del Banco de España, siendo sustituido como director general de Supervisión entre 2009 y octubre de 2012, por Jerónimo Martínez Tello.

Desde 2014, Aríztegui forma parte del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE); Martínez Tello se jubiló en 2016.

Mientras las reuniones citadas del CTC registran el nombre de los miembros participantes e invitados de diferentes áreas de la inspección en un acta con membrete de la Dirección General de Supervisión, las instrucciones que se imparten no llevan membrete alguno.

Pero esas instrucciones a los inspectores llevan un mismo encabezado en un recuadro: “Los criterios internos de la DGS no son interpretaciones oficiales del Banco de España, sino pautas acordadas para contribuir a una aplicación homogénea y consistente de las normas a que se sujetan las entidades supervisadas. En consecuencia, son posiciones que deben defenderse ante las entidades de crédito quedando prohibida, por tanto, i) su difusión a usuarios externos de la Dirección General de Supervisión y ii) su entrega por escrito a las entidades, debiendo comunicarse a las mismas de forma oral”.

Este disclaimer o exención de responsabilidad indica que la Dirección General de Supervisión no quería dejar rastros de sus “interpretaciones”. Algunas de esas “interpretaciones” referidas a normas contables afectaban a otro departamento: la Dirección General de Regulación del Banco de España. Es el responsable de crear y velar por las normas contables que debían cumplir bancos y cajas.

"Flexibilización"

Según la reconstrucción realizada por este diario, las reuniones relevantes de los CTC y las instrucciones de “flexibilización” contable tienen lugar en relación con la marcha de la crisis financiera internacional y sus efectos sobre España, que había experimentado en los años 2000 una gran expansión crediticia.

El 11 de noviembre de 2008, por ejemplo, cuando era director general de la Supervisión Aríztegui, se imparten instrucciones a los inspectores sobre el caso de carteras de hipotecas adquiridas con descuentos significativos.

Uno de los criterios es “considerar que el descuento obtenido en la adquisición es equivalente a una provisión aplicable a la cobertura de morosos que se vayan generando en la cartera comprada…”.

Lo que es presentado como “interpretación” suponía un cambio radical respecto de la regulación vigente. Porque un ajuste por riesgo de crédito, es decir, la provisión para cubrir pérdidas, es mezclado con el precio pagado por la adquisición, que en caso de descuento, según interpretaba el CTC, se transforma en una provisión futura para enjugar los morosos que emerjan en la citada cartera.

Con esta fórmula un banco o caja que comprara una cartera de 100 por 70 podía lucir provisiones que no había dotado contra sus resultados por valor de 30. Estas provisiones ficticias podían ser posteriormente liberadas y dar beneficios o trasladarse a otros préstamos. Una interpretación incompatible con el Código de Comercio, las normas contables europeas y la propia Circular 4/2004 del Banco de España.

Objetivo: "homogeneizar"

El Banco de España señaló este miércoles que los criterios del CTC y las instrucciones son “interpretaciones de la Supervisión sobre las normas contables que buscan homogeneizar su aplicación, no su modificación”. Y añaden que “la instrucción de no entregar por escrito a las entidades estos criterios, el disclaimer, intenta evitar que los acreditados o clientes bancarios que pueden verse afectados por dichas posiciones puedan actuar contra el Banco de España o exigirle explicaciones como tal”.

La caída del banco norteamericano Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 provocó una paralización del mercado interbancario internacional. La expansión crediticia en España dependía, en buena medida, de ese mercado. La tasa de paro comienza a escalar y los préstamos hipotecarios a no ser devueltos.

Sin embargo, la información que transmite el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero es optimista. El 24 de septiembre, días después de la caída de Lehman, Rodríguez Zapatero proclama en Nueva York, ante directivos de empresas multinacionales y bancos de inversión norteamericanos, que “quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor”. El presidente insiste en aquellas fechas: “El sistema financiero español es un sistema financiero sólido, muy sólido, comparable al más sólido de las economías desarrolladas”. Y añade: “No se trata de presumir, sino de decir lo que tenemos”.

Por ello, el 10 de junio de 2009 —tres meses después de que Caja Castilla La Mancha fuera rescatada para evitar su quiebra— la Dirección General de Supervisión (DGS) a través de un CTC propone “flexibilizar la aplicación literal de la norma sobre refinanciaciones” de hipotecas con el objetivo de que los créditos continúen siendo calificados como normales, o subestándar (provisión del 10% o 15%) pero no como dudosos (provisión del 25% al 100%). Con ello se maquillan los morosos mostrados en balance y los resultados contables no sufrían.

La crisis y la comprensión de la Supervisión permiten el florecimiento inmediato de un sistema de refinanciación masiva de hipotecas impulsados por la Supervisión. Con el CTC dictado desde la Supervisión del Banco de España, se trataba de frenar el impacto de estas refinanciaciones sobre los balances y los resultados de cajas y bancos.

Pero el coste no era irrelevante: vulnerar la regulación vigente sobre préstamos refinanciados, según la cual la sola prórroga, o alargamiento del plazo de un préstamo, no interrumpe su morosidad. Solo pueden hacerlo, según la circular 4/2004, un plan realista de pago, la liquidación de todos los intereses vencidos y la aportación de nuevas garantías eficaces.

Aun cuando en los primeros momentos se negaba de cara al público y los mercados la crisis sobre el sistema bancario español, las medidas de “flexibilización” de las normas vigentes impulsadas desde la Supervisión del Banco de España suponían una confesión interna de la magnitud de la crisis incubado delante de sus propios ojos.

El Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea resultaban burlados con este sistema sumergido de contabilización sobre la salud de bancos y cajas.

El 16 de junio de 2014, el presidente saliente de la CE, José Manuel Durao Barroso, acusó, con ocasión de una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, al Banco de España de ocultar la verdadera situación.

“El supervisor era el Banco de España. Le preguntábamos: ¿cómo están las cajas? Porque oímos que estaban mal. Pero la respuesta siempre era: todo perfecto. El Banco de España, que era el mejor banco central del mundo, tuvo errores muy importantes de supervisión”, aseguró.

Serán los decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, de febrero y mayo de 2012 los que conducirán a aflorar la realidad que la regulación “paralela” de la Supervisión logró ocultar, al exigir un incremento de las provisiones del orden de los 60.000 millones de euros.

La Dirección General de Supervisión confió en que con el maquillaje contable se podría ganar tiempo ocultando a los mercados los graves problemas que sufrían sobre todo las cajas de ahorro. Con ello, se retrasaron las acciones y se agravaron aun más los problemas.

La Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE), en un comunicado difundido este miércoles, ha solicitado una aclaración a la Dirección General de Supervisión sobre los criterios de las instrucciones dadas por el CTC, un grupo de trabajo que continúa existiendo bajo el actual director, Mariano Herrera.

Según señala la citada asociación, existen fundadas dudas sobre su encaje en la normativa contable. La consulta no ha tenido ninguna respuesta hasta la fecha, según fuentes consultadas, por lo que AIBE ha recomendado a sus asociados no aplicar estas instrucciones en tanto y en cuanto no se clarifique su legalidad.

Críticas a los 'decretos Guindos'

El rastreo de los CTC ha permitido a este diario saber que estos decretos del ministro Guindos también fueron objeto de cuestionamiento por los mismos que estaban obligados a hacerlos cumplir. En una reunión del CTC del 20 de diciembre de 2012, el acta no oculta la guerra entre el Ministerio de Economía y la supervisión del Banco de España.

“Se toma nota de las inconsistencias de los reales decretos Guindos” y se señala que “el proceso de elaboración de los reales decretos Guindos fue acelerado. Además en el informe sobre provisiones remitidas a la troika no se ha pedido subsanar esta materia”.

La “inconsistencia” se refiere a que se obligaba a dotar los riesgos préstamos inmobiliarios normales hasta el 45% cuando habitualmente no requieren dotación. Los decretos reflejaban la desconfianza de Guindos desconfianza en la Supervisión del Banco de España.

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