Álvaro Nadal ante la lupa del sector eléctrico

Hace exactamente un año que se celebró la subasta de 710 megavatios de energías renovables (500 MW de eólica y 210 de biomasa). Aquella subasta era muy esperada en el sector porque ponía fin a la moratoria que impuso el PP nada más llegar al Gobierno para frenar la sangría de las subvenciones. Todos se prepararon para participar. Sin embargo, las grandes empresas fueron madrugadas por las firmas Forestalia y Grupo Jorge, ambas ligadas a la familia aragonesa Samper y con muy poca tradición en la materia. Los adjudicatarios se llevaron la mayor parte (Forestalia, 408 MW, y el grupo Jorge, 102) y no sin polémica porque ofrecieron construir las instalaciones a coste cero (es decir, sin cobrar subvención). También acudió a precio cero la portuguesa EDP, con 90 MW. El resto fue a parar a pequeñas empresas.

La subasta significó un antes y un después porque, además de dejar a las grandes eléctricas noqueadas, fue un punto de inflexión que tuvo trascendencia más allá de las fronteras nacionales por el abaratamiento de costes. Pero levantó una gran pelotera en el sector, donde los competidores sostuvieron (y sostienen) que era imposible abordar las obras sin coste alguno y que eso se iba a demostrar en su desarrollo.

Y justamente cuando se cumple un año de aquella subasta y con permiso de las subidas del precio que ha originado la ola de frío, la expectación sobre la nueva subasta de renovables que anunció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para este trimestre por 3.000 MW va en aumento. El texto del decreto fue remitido en vísperas de Noche Buena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que debe analizarlo y hacer las salvedades que considere (si las considera). Devuelto a Energía, se emitirá la orden correspondiente y la resolución en la que se determinará la letra pequeña, que es la que realmente esperan los operadores.

El sector se queja de no hacer sido consultado y pone en entredicho el proyecto

La subasta, que se espera para la segunda mitad de marzo, se hará sin cupos previos, es decir, sin fijar cantidades concretas para cada una de las tecnologías, como se hizo entonces. Ahora se irán determinando de acuerdo a la mejor oferta y al mejor precio. Y, al contrario de la anterior, se hará con un descuento sobre el coste de inversión en lugar de hacerlo sobre el del MW y de acuerdo al número de horas de funcionamiento de las plantas. Aunque se mantendrá que la oferta más cara será la que determine el precio, otra de las cosas que se variarán será que se establecerá un mínimo. De esta forma se evitará un coste cero como ocurrió entonces.

La nueva subasta también incrementará los avales (en el sector se habla de 60.000 euros frente a los 20.000 de la anterior) y establecerá un calendario, de manera que, una vez recibidas las autorizaciones, los parques deberán estar produciendo antes de dos años y medio. Esto supone un recorte importante frente a los más de cuatro años de la anterior, que fijó el 28 de marzo de 2020, fecha en la que sus adjudicatarios están obligados a evacuar a la red todos los megavatios comprometidos. Además, impondrá unos mecanismos de control temporales que vayan verificando si se cumplen los plazos de construcción.

Con los mecanismos de control, el ministerio trata de garantizar también que no se venda la licencia, algo que se ha especulado con la anterior subasta dado que todavía no se han empezado las obras. Sin embargo, Forestalia tiene previsto comenzarlas este año con lo que cerrará las bocas a los que la atacan y, asimismo, entregarlas con tiempo de sobra, al menos un año antes de la fecha límite.

La puja se hará sin cupos predeterminados, exigirá mayores avales y reducirá plazos de entrega

Para ello, la firma que preside Fernando Samper contará con socios, con los que tiene previsto cerrar una alianza próximamente, para abordar la inversión, además del grupo chino Gedi que ya la acompañaba en la subasta para la inversión en biomasa. El gasto estimado se acerca a los 350 millones de euros. El objetivo de la sociedad es que los socios sumen el 70% de cada uno de los proyectos y quedarse con el control.

En todo caso, el departamento ha tenido muy en cuenta la subasta del año pasado, principalmente para no repetir algunas de las cuestiones que levantaron la polémica que envolvió al entonces secretario de Estado, Alberto Nadal, hermano gemelo del actual ministro. También ha querido sujetar la presión de los lobbies, bastante frecuentes en este sector, al tiempo que ha querido constatar la seguridad jurídica.

A expensas de conocer la letra pequeña, las patronales de renovabels (AEE, APPA, UNEF y Protermosolar) han puesto en tela de juicio el proyecto. Se quejan de que nos les ha tenido muy en cuenta y que se ha hecho con precipitación. Asimismo, algunas rechazan la neutralidad tecnológica ya que, al atender únicamente al precio, creen que sólo pueden ganar los parques eólicos terrestres y las grandes plantas fotovoltaicas.