La televisión pública en España cuesta 39 euros por habitante al año

Las televisiones públicas europeas tienen ante sí un doble reto: la sostenibilidad financiera y su adaptación al ecosistema digital. Cada país tiene su propio modelo y el español no es el más caro pero sí el que más ha sufrido los recortes. Un estudio liderado por la Universidad de Santiago de Compostela desvela que el coste del servicio audiovisual español de titularidad pública, tanto estatal como autonómico, está por debajo de la media de comunitaria. RTVE y los entes regionales cuestan al año 38,9 euros por habitante frente a los 66,9 de promedio de las televisiones públicas de la UE.

Si se toma como referencia el coste por hogar o si se compara el peso de la televisión pública en el PIB, España está también en situación de inferioridad. Las familias europeas pagan de media 156,2 euros al año para sufragar la televisión pública, frente a los 98,8 euros que cuesta la española, una cantidad que se aporta de manera indirecta, a través de los impuestos. El servicio audiovisual público en la UE representa 2,4 euros por cada 1.000 euros del PIB, mientras que en España baja a 1,7 euros.

El estudio, en el que han colaborado universidades de Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, País Vasco y Galicia, analiza el impacto de la crisis económica en la televisión. España es el país que peor parado ha salido de los años de recesión. “Aparece en una clara desventaja”, sostiene Santiago Negrín, director general del ente público canario y presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), que agrupa a 11 corporaciones regionales. “Los recortes han afectado de manera muy especial a la televisión. En general, el mundo audiovisual y de la cultura han sido siempre castigados a la esquina”, agrega.

Los datos avalan esta teoría. En conjunto, las televisiones públicas han perdido en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 un 35,3% del presupuesto. Los recortes tuvieron un gran impacto también en Chipre, Portugal, Polonia, e Irlanda. Aunque la peor parada fue Grecia. El Gobierno cerró la televisión pública en 2013 como medida de ahorro nacional. Una vez jibarizada, recuperó las emisiones dos años después.

Durante este quinquenio hubo también países que vieron crecer los recursos destinados a la financiación de sus televisiones. Hungría disparó el presupuesto un 65% y varios países bálticos incrementaron los recursos destinados al sector audiovisual más de un 30%. En España, la crisis provocó el cierre de canales autonómicas y duros ajustes laborales y presupuestarios. Canal 9 apagó su señal a finales de 2013 y Telemadrid ejecutó un ERE que afectó a dos tercios de su plantilla. “El sector ha sufrido, pero ha resistido”, afirma Negrín.

Menos recursos, menos audiencia

Uno de los efectos del ajuste ha sido el descenso de la audiencia. “Está demostrado que la audiencia de la televisión pública depende directamente del nivel de financiación”, incide Enrique Laucirica, secretario general de la Forta. Y constata que en los países nórdicos y del este de Europa, donde estos canales están más estructurados, son líderes. “En el sur de Europa, donde el modelo de financiación es más inestable, la crisis ha tenido mayor influencia y la audiencia se ha resentido”, añade.

Durante el periodo 2010-2014, las autonómicas han experimentado recorte presupuestario del 19%, mientras que en otros modelos vecinos equivalentes su financiación aumentó. Así por ejemplo, las televisiones regionales de Alemania —asociadas en la ARD— subieron un 8,5% y los canales belgas no estatales —la VRT flamenca y la RTBF francófona— crecieron el 3,5%, según el mismo estudio. Estas diferencias se plasman en el coste per cápita. En 2014, las entidades que integran la ARD tuvieron un coste por habitante de 85 euros y las belgas regionales costaron 72,5. En el caso de la Forta, la factura fue de 28,5 euros.

Negrín lamenta el gran desconocimiento de los políticos acerca de las televisiones públicas. “Si les quitan financiación, le quitan identidad a los territorios”, defiende. Algunos entes han sido acusados de marginar su misión de servicio público y actuar al servicio del poder regional de turno. “La política vive entre nosotros y también en los medios privados”, asegura Negrín, quien insiste en que “no hay medios más sometidos al control, ya sea de los sindicatos, los comités de informativos o los órganos parlamentarios”.

Para cumplir con el objetivo de servicio público de proximidad, los canales de la Forta reclaman a sus respectivos Parlamentos un plan estable de financiación, clarificar el impacto del segundo dividendo digital y establecer directrices para que todos los canales públicos tengan garantizada su difusión en las plataformas de pago. También solicitan medidas para evitar la restricción de la competencia en el mercado de la publicidad ante el dominio de Mediaset y Atresmedia, que operan, de facto, como un duopolio.

Modelos autonómicos heterogéneos

El modelo de televisión autonómica es heterogéneo, tanto en la oferta de canales como en el presupuesto. Corporaciones como las de Cataluña o Andalucía son netamente públicas, mientras que otras como la Murcia, tiene externalizada el servicio de producción, programación y publicidad. Aunque la audiencia media es del 8%, son líderes en informativos, con cuotas de pantalla que rondan el 30%. Para el directivo de Comunicación de la RTV aragonesa, Javier Romero, la Forta otorga un “plus de calidad a los informativos al tener acceso a las imágenes de todas las cadenas”. “Ni TVE ni las privadas pueden competir con la Forta”, añade.

Los entes públicos tienen ante sí el reto de aclimatarse al entorno digital. “Estamos inmersos en la dinámica de adaptación tecnológica. Nuestro servicio de descargas a la carta o visionado online está subiendo de forma exponencial”, dice Romero.