Ribera Salud afronta el fin de sus concesiones públicas y problemas judiciales
La Generalitat Valenciana anuncia que no renovará la concesión del hospital de Alzira
Ribera Salud, la compañía que inauguró en España la gestión privada de hospitales públicos, atraviesa dificultades. La Generalitat Valenciana le ha comunicado oficialmente que no prorrogará su concesión sobre el hospital de Alzira, el primero que adoptó este sistema y que dio nombre al modelo. La justicia investiga, además, presuntas irregularidades por el cobro de comisiones que Ribera Salud reclama a sus proveedores por productos sanitarios que paga la administración autonómica que dirige Ximo Puig.
La compañía se hizo cargo en 1999 de la gestión de un hospital en el interior de Valencia, el de Alzira. Casi 20 años después, la empresa destaca que es la única empresa española que se dedica de forma exclusiva “al modelo de colaboración público privada en sanidad”. Pero eso precisamente se convierte en su talón de Aquiles, ya que depende de la sintonía política con la Administración.
La compañía vio frustrada la perspectiva de ampliar su modelo a Madrid. Y en la Comunidad Valenciana la reversión del hospital de Alzira y su área de salud puede ser solo el principio, para una empresa que en 2015 facturó 350 millones, empleó a 5.883 personas y ganó 13 millones gestionando la salud de 701.042 valencianos, los análisis clínicos de 1,2 millones de madrileños y dos hospitales en Perú.
El Gobierno autonómico que preside Ximo Puig ha anunciado que revertirá las cinco concesiones sanitarias, que ahora cubren al 19,2% de la población de la Comunidad Valenciana, a medida que venzan. La Generalitat ha iniciado el proceso para revertir la concesión de Alzira, que acaba en 2018. Las otras cuatro concluyen después de 2019.
El segundo frente abierto de la empresa, propiedad al 50% de Banco Sabadell y del grupo norteamericano Centene, es judicial. Un magistrado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción investigan el cobro de comisiones irregulares de Ribera Salud a empresas de material ortoprotésico. Según la denuncia, la compañía pedía comisiones a proveedores para acceder al mercado de las áreas de salud que gestiona.
Malversación
A diferencia de otros suministros utilizados por la compañía, el material ortoprotésico lo paga el Gobierno autonómico. La policía apunta por ello a la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía de Valencia ha solicitado la declaración como imputados de dos directivos: Alberto de Rosa, consejero delegado, y Pablo Gallart.
Ribera Salud rechaza hacer declaraciones sobre esta investigación, pero sí defiende comprar con descuentos los medicamentos que usa en sus hospitales sin hacer partícipe de ello a la Administración. La empresa afirma que al ser una entidad privada no tiene “obligación de negociar los precios” con el Gobierno valenciano.
Las comisiones investigadas por la justicia han tensado la relación de la compañía con la Generalitat valenciana. La consejera de Salud Universal, Carmen Montón, calificó esta semana los presuntos hechos de “especialmente graves”. Los tres partidos que sostienen al Ejecutivo autonómico (socialistas, Compromís y Podemos) prometieron en la campaña de 2015 acabar con el sistema implantado por el PP.
De las cajas de ahorro a una aseguradora del ‘Obamacare’
Ribera Salud fue fundada en 1997 bajo el auspicio del Gobierno valenciano del PP para dar cuerpo a su modelo sanitario de colaboración público-privada. Los socios iniciales, Bancaja, CAM y Caixa Carlet han desaparecido. Los propietarios son ahora Banco Sabadell y la aseguradora norteamericana Centene. Vinculada al Obamacare, el seguro médico creado por Obama, Centene ha caído bastante en Bolsa desde la victoria del republicano Donald Trump. Ribera también gestiona tres departamentos de salud: La Ribera, Torrevieja y Elche. En Denia es socia de la aseguradora alemana DKV con un 35%. En 2018, al acabar la concesión de Alzira, el hospital, construido por Ribera Salud, pasará a ser de propiedad pública. La Generalitat baraja fórmulas para absorber a la plantilla. Una posibilidad es adscribirla a una nueva fundación pública.
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