La tasa de empleo público de las comunidades retrocede una década
Un informe elaborado por analistas de la Airef muestra el anormal aumento de las plantillas públicas entre 2008 y 2011
El número de trabajadores que desarrollan su tarea en la prestación de servicios públicos ha evolucionado casi en paralelo a la población entre 2002 y 2014, según un documento técnico elaborado por técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El informe analiza la evolución del empleo público entre todas las administraciones públicas y describe cómo los efectivos de las comunidades autónomas se dispararon entre 2008 y 2011 sin seguir en este periodo una relación con el aumento de la población o el PIB. El ajuste posterior en las plantillas que realizaron las autonomías (entre 2011 y 2014) ha absorbido el aumento previo. El balance final es que el número de empleados públicos regionales por cada 1.000 habitantes ha retrocedido a nivel de 2003.
El trabajo elaborado por los analistas de la Airef analiza la estructura y evolución del empleo de las Administraciones Públicas españolas entre 2002 y 2014. El estudio muestra cómo el número de asalariados del conjunto de las administraciones ha aumentado un 12% hasta 2014. Un ritmo similar al que ha experimentado la población española (13,3%).
Para afinar su análisis los analistas hacen la comparación con competencias homogéneas —como no todas las autonomías tienen las mismas atribuciones, utilizan supuestos para que todos los territorios sean comparables— y añaden los empleos utilizados en la provisión de servicios públicos de los conciertos privados aplicados en sanidad y educación.
Los autores han calculado la tasa de empleo público por cada 1.000 habitantes. El resultado refleja las secuelas de la crisis: Ha pasado de 63,8 trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes en 2002 —cuando las comunidades recibieron las competencias de Sanidad— a 62,9 empleados públicos doce años después, tras la estela de recortes aprobados durante la segunda parte de la crisis financiera que estalló en 2008.
Si se hubiera mantenido la evolución de aumento en el empleo público de la etapa inicial 2002-2008, habría unos 145.000 trabajadores utilizados en la provisión de servicios públicos más que los realmente contratados. Y la tasa de empleo público utilizada por cada 1.000 habitantes sería de 66 empleados, 3,1 más.
Los autores del estudio, Ignacio Fernández-Huertas, Miguel Ángel García y Federico Geli, distinguen un periodo en el que la evolución del empleo público fue anómalo, sobre todo en las comunidades. "El anormal comportamiento entre 2008 y 2011 con un elevado crecimiento del empleo usado en la provisión de servicios públicos autonómicos por cada 1.000 habitantes, podría estar explicado por el retraso temporal en la adecuación de los ingresos tributarios de las comunidades a la situación real de la economía (anticipos a cuenta) y por alguna otra circunstancia ajena a la evolución de la población", señala el informe.
Distorsión de la financiación autonómica
Tras estallar la crisis financiera, el Gobierno decidió estimular la economía con un aumento de gasto público. Además, para cerrar la reforma del sistema de financiación entregó 11.000 millones de euros más a las comunidades. Las distorsiones creadas por el propio sistema —que reparte parte de los recursos con dos años de retraso— provocó que en plena recesión las comunidades se encontrasen con una inyección multimillonaria que aprovecharon para gastar más durante lo peor de la crisis. Por eso las plantillas públicas aumentaron con fuerza durante ese periodo.
El estudio del organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas (Airef) refleja cómo el posterior ajuste de las comunidades fue en buena medida para absorber ese alza desmesurada de gasto y por tanto de las plantillas públicas entre 2008 y 2011. Los analistas remarcan que "el posterior ajuste aplicado a partir de 2011 ha protegido comparativamente el empleo en sanidad". Y en buena medida también en educación. Aunque la comparación en este caso es más complicada porque se ha reducido la población entre 0 y 24 años, considerada en edad formativa.
La tasa de empleo público de las comunidades ajustada por competencias y modo de producción (incluyendo conciertos) ha pasado de 36 trabajadores por cada 1.000 habitantes en 2002, al iniciarse el periodo de expansión, a 38 empleados públicos al final de 2014. En 2011 antes de iniciarse la austeridad, esta tasa ascendió a 43,4 trabajadores autonómicos por cada 1.000 habitantes, casi cuatro más que en 2007 en plena burbuja inmobiliaria y en plena orgía de la economía española. El estudio insiste en que no mide la eficiencia de los trabajadores públicos ni determina cuál es el número idóneo de empleados en cada administración pública.
El signo político no determina los efectivos
Una de las conclusiones del estudio es la gran disparidad de trabajadores utilizados por cada comunidad. Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Navarra son los territorios cuya tasa de empleo es mucho mayor a la media, mientras que Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, son las autonomías con una tasa de empleo público por cada 1.000 habitantes que están más por debajo de la media (38,1 trabajadores por cada 1.000 habitantes).
Los analistas coinciden en que el primer factor que explica la diferencia es la población. Las diferencias en la evolución de las plantillas autonómicas son independiente del color político de los gobiernos regionales. Consideran que hay una pequeña correlación con la renta per cápita de cada comunidad. También existe cierta relación con las transferencias recibidas tanto del sistema de financiación como por las prestaciones por jubilación de la Seguridad Social y otras subvenciones.
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