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Google acusa a Bruselas de perjudicar a su sistema Android frente a Apple

La compañía presenta sus alegaciones al procedimiento que le abrió Bruselas

Lucía Abellán
El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, durante una conferencia de la compañía.
El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, durante una conferencia de la compañía.EFE

El gigante tecnológico Google considera que la Comisión Europea tiene una idea desfasada del mercado digital. Y que esa percepción la llevó a abrir un procedimiento contra su sistema operativo Android por presuntas prácticas monopolísticas. En cambio Apple, que vende teléfonos solo con sus aplicaciones preinstaladas, no afronta ningún cargo. Este es uno de los principales argumentos incluidos en las alegaciones que ha presentado este jueves Google contra el proceso europeo. El de Android es el caso más relevante del paquete Google que examina el Ejecutivo comunitario desde hace años.

La firma estadounidense ha activado toda su artillería legal durante casi siete meses para producir una respuesta más extensa que el propio pliego de cargos que le abrió la Comisión. El texto, que no es público, incide en que Android proporciona a los fabricantes de móviles y tabletas un sistema que ha permitido extender y abaratar enormemente esos dispositivos. Y reprocha a la Comisión que actúe por las quejas de otros competidores, cuyos productos resultan menos atractivos que los de Google.

“Ignorar la competencia con Apple es perder de vista el elemento que define hoy el escenario competitivo de los teléfonos inteligentes”, expone Kent Walker, vicepresidente de Google, en un comunicado. La compañía alega que menos de un tercio de las aplicaciones preinstaladas en los teléfonos que funcionan con Android proceden de Google, mientras en el caso del iPhone, las de Apple representan el 100%.

Los servicios de Competencia que dirige la comisaria Margrethe Vestager iniciaron el pasado abril la primera fase del proceso sancionador contra Google por considerar que aprovecha Android, con el que operan el 80% de los teléfonos y las tabletas en Europa, para consolidar su primacía en el mercado de las búsquedas de Internet. Bruselas objeta especialmente que Google exija a los fabricantes por contrato que preinstalen las aplicaciones del gigante estadounidense. Y que los remunere por comprometerse a no ofrecer Android en el formato de código fuente abierto, que permite desarrollar otros sistemas operativos rivales.

Incentivos a los fabricantes

La compañía fundada por Larry Page detecta falta de precisión y análisis erróneo en el pliego de cargos de la Comisión. Aun así, el propio comunicado del vicepresidente Walker admite que su modelo no es equiparable al de Apple, que funciona de manera integrada, mientras que Android es, en principio, abierto. La firma defiende dar incentivos a los fabricantes que comercializan Android como sistema cerrado y con aplicaciones incluidas por defecto como una manera de preservar su identidad y compatibilidad en todos los dispositivos.

Para la empresa, la prueba definitiva de que sus prácticas no vulneran la competencia es que cada consumidor elige libremente si se descarga o no otras aplicaciones (aunque las de Google no se puedan eliminar). A lo largo de la vida útil de su teléfono, el usuario de Android incorpora de media otras 50 aplicaciones más, según datos de Google.

Con la respuesta al caso de Android, la empresa estadounidense ha contestado ya a todos los casos que le ha abierto formalmente la Comisión y que pueden acabar en multas de hasta el 10% de su facturación, aunque ese nivel nunca se ha alcanzado. Hace pocos días la firma tecnológica presentó sus segundas alegaciones al caso del servicio de comparativas de precios, Google Shopping, y al de la exclusividad en los contratos de publicidad. Bruselas confía en resolver los contenciosos a lo largo de 2017, aunque otras metas anteriores ya se han incumplido. Las investigaciones comunitarias al gigante tecnológico comenzaron en 2010 y aún no se ha resuelto un solo caso. Hasta 2014, el anterior comisario de Competencia, Joaquín Almunia, trató de alcanzar un acuerdo con la compañía que evitara las multas, pero finalmente legó el caso a su sucesora, que ha optado por una posición más agresiva.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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