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Bruselas exigirá al próximo Gobierno un presupuesto completo

La Comisión se resigna a una prórroga de las cuentas públicas pero impone deberes al siguiente Ejecutivo, bajo tutela fiscal de la UE

Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea
Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea REUTERS

España se libró —de milagro— de la multa por los incumplimientos del déficit público. La Comisión Europea suspenderá fondos estructurales por importe de unos 1.200 millones de euros: pero solo como medida temporal, y con la máxima cautela por parte de Bruselas. Las instituciones comunitarias, además, ya se han resignado a que el Gobierno en funciones prorrogue los presupuestos de 2017. Pero España está bajo sospecha. Bruselas admite que un Gobierno en funciones tiene un poder legislativo “limitado” y se conforma con que “mantenga el gasto público bajo control, tanto el estatal como el regional”, según un documento destinado a preparar la comparecencia del vicepresidente Jyrki Katainen ante el Parlamento Europeo sobre la congelación de los fondos. La Comisión, sin embargo, exigirá al próximo Ejecutivo “un presupuesto completo” y reserva para entonces toda su dureza.

El Gobierno actual se va con un endurecimiento de última hora del Impuesto de sociedades, con el que se ve obligado a recuperar la recaudación perdida en la última rebaja fiscal, electoralista y a destiempo, que ha metido a España en problemas. Esa subida encubierta de la tributación de las empresas ya es una obligación para evitar males mayores. A partir de ahí, Madrid enviará antes del 15 de octubre una prórroga del presupuesto de 2016. Pero el próximo Ejecutivo nacerá con las manos atadas: en previsión de dificultades para formar Gobierno, Bruselas no exigió esfuerzos adicionales para este año, pero obliga a hacer recortes estructurales —es decir, sin tener en cuenta el ciclo económico— de medio punto de PIB en 2017 y de medio punto adicional en 2018. En total, un ajuste de más de 10.000 milones, que deberá estar presente en el “presupuesto completo” que el próximo Ejecutivo está obligado a aprobar.

“Un nuevo fracaso podría suponer dar un paso más en el procedimiento de déficit excesivo”, según el citado documento, con una sanción del 0,5% del PIB (5.500 millones).

Las sanciones de Bruselas son variaciones del que viene el lobo del cuento popular. Pero España —de la mano de Portugal— está de nuevo bajo una especie de tutela fiscal por parte de la Comisión, y con varios países de uñas por la flexibilidad mostrada en Bruselas. “Los instrumentos disponibles deben usarse”, según fuentes del BCE.

Y el primer instrumento disponible es la suspensión de los fondos. La Comisión está “legalmente obligada” a congelar los fondos, según el documento que usará Katainen para lidiar con un Parlamento Europeo reacio con esa medida. Katainen se verá el lunes con los europarlamentarios, y en previsión de posibles reacciones negativas —pese a que la Eurocámara no tiene poder de decisión en este asunto— apuntará que el Ejecutivo de la Unión quiere “manejar con cuidado” la suspensión, de manera que ni Portugal ni España pierdan inversiones. Lisboa está en una situación difícil: los fondos europeos suponen el 78% de la inversión pública, y la congelación podría hacer descarrilar la frágil recuperación. En España, esa cifra se limita al 21%. Bruselas promete que la congelación “no tendrá efectos a corto plazo”, “no afectará a áreas sensibles como la reducción de la pobreza” y, en fin, tan solo supondrá “retrasos en las inversiones”. Eso, siempre que Lisboa y Madrid hagan lo que tienen que hacer y Bruselas levante automáticamente las suspensiones si ambos Gobiernos toman medidas efectivas.

Katainen extremará la precaución ante la Eurocámara para evitar “reacciones negativas”. “España y Portugal fueron golpeados duramente por la crisis y su ciudadanía ha hecho grandes esfuerzos”, dice el informe.