Moscovici: “No hay automatismo en la decisión de la multa a España”

Europa trata de aferrarse a esa barrera difusa que separa la austeridad de la flexibilidad con las cuentas públicas. En esa tierra de nadie ha encontrado su acomodo Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, que logró imponerse al ala más dura de la Comisión Europea al evitar en julio una multa a España por no haber hecho lo suficiente para enderezar sus números. El Gobierno español se arriesga, pese a todo, a incumplir la principal condición que estableció Bruselas para sortear esa sanción: presentar unos presupuestos que encaucen el rumbo en 2017. Dos meses después de aquella decisión, el comisario envía un mensaje poco coercitivo. “Lo que está claro es que esperamos que España presente un borrador de Presupuesto, al menos prorrogado [de 2016]”, advierte Moscovici en una entrevista con EL PAÍS y otros seis medios europeos.

El comisario económico muestra enormes cautelas al aventurar qué ocurrirá si el Ejecutivo español, en funciones desde hace nueve meses, no convence a la Comisión de que los mínimos cambios que un Gobierno interino puede introducir en el Presupuesto bastan para contener el déficit (5,16% del PIB en 2015): “El colegio de comisarios decidirá. Ahora hay incertidumbre”. Pero Moscovici introduce un matiz al ser preguntado por la posible multa –5.500 millones de euros- a la que se enfrenta España: “No hay automatismo [en la decisión]”. Existirá, por tanto, un considerable margen para evaluar si uno de los países más castigados por la crisis merece o no ese correctivo.

Más allá de la sanción, que España y Portugal esquivaron en julio principalmente porque Bruselas temió enfurecer a una ciudadanía ya agotada por la larga senda de ajustes, existe otra medida que sí es automática. Se trata de la congelación –parcial- de los fondos estructurales a los que tiene derecho a España. Ante la falta de esas medidas eficaces sobre la mesa, el Ejecutivo comunitario retendrá cautelarmente unas cantidades que rondarán los 1.200 millones de euros. Pero la decisión no llegará hasta que el equipo económico de la Comisión dialogue con el Parlamento Europeo, cuya opinión no es vinculante. Lo más probable es que Bruselas acabe congelando igualmente esos fondos. “Pero si se toman medidas [en España], podemos levantar esa suspensión”, aclara Moscovici.

La voluntad de sancionar parece muy lejana en este comisario, al que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, respaldó para alejar el escenario de castigo a España. Las instituciones son conscientes de que el sentimiento europeísta no vive su mejor momento y quieren dar señales de que escuchan al ciudadano medio. El problema es que el ciudadano medio de Alemania puede ver en esa mayor laxitud fiscal de Bruselas precisamente un motivo de crítica hacia la cúpula europea.

El comisario de Asuntos Económicos trata de hablar para las dos audiencias, un punto de equilibrio muy complejo. “Estoy harto de ser atacado por las dos partes. La Comisión Europea toma sus decisiones de manera independiente. Y les puedo asegurar que ni una sola de nuestras decisiones va contra las reglas. Somos una Comisión política, pero no politizada”, se defiende.

Bruselas muestra una enorme inquietud por el auge que viven los populismos –en diferentes formatos- en toda Europa. Pero las decisiones que pueden ir destinadas a apaciguar los movimientos eurófobos en un país pueden crear el efecto contrario en otro. “Esta es una Comisión antipopulista. Parte de nuestra misión es luchar contra los populismos”, proclama. Moscovici cree haber encontrado un mínimo común denominador en esta afirmación: “No necesitamos cambiar las reglas. No vamos a desmantelar el pacto de estabilidad y crecimiento [que fija topes de déficit y deuda a los países comunitarios]. Lo que sí es posible es tener un mejor funcionamiento del pacto”.

Más allá de relajar el corsé del déficit, la Comisión aboga por otra vía para recuperar la confianza: la lucha contra la evasión fiscal. “El caso Apple ha sido un punto de inflexión. Se ha acabado el tiempo de que las grandes empresas no paguen sus impuestos. Todas las compañías que operen en la Unión Europea deben pagar donde generan sus beneficios”, confía. Con este espíritu, el departamento de Moscovici se dispone a impulsar ahora una estrategia mil veces abortada: unificar las cantidades sometidas a tributación en el impuesto de sociedades, de manera que en todos los países haya que pagar por el mismo volumen de ingresos y se eliminen esas distorsiones que desvían la tributación hacia Estados miembros que ofrecen ventajas excesivas.

No lo va a tener fácil. Los países que albergan la sede fiscal de la mayoría de multinacionales (Irlanda o Luxemburgo) se resisten a ceder en algo que entienden como atractivo capital para la inversión extranjera. Y la Comisión no va a fijar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Moscovici habla de establecer una “tributación efectiva” que impida que los países apliquen un tipo “cero o insuficiente”. Pero rehúsa cifrar qué entiende por insuficiente.

El brazo ejecutivo de la UE espera también poder consensuar la prometida lista negra de paraísos fiscales. Los Estados ya han recibido un borrador para que puedan proponer sus correcciones (añadir jurisdicciones opacas o retirarlas). A partir de ahí, existirá una lista común, no antes de un año. ¿Qué ocurrirá con esos territorios que se nieguen a compartir información fiscal con Europa? “La disuasión es tan importante como las sanciones. Siempre prefiero persuadir a sancionar”, sugiere.