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La Seguridad Social rebaja a 92 la cifra de fallecidos que ‘cobra’ pensión

Empleo niega que reciban la prestación 30.000 pensionistas muertos, como dijo el Tribunal de Cuentas

Manuel V. Gómez
La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez
La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima BáñezPedro Puente Hoyos (EFE)
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La Seguridad Social ha reducido mucho la cifra de personas que figurando como fallecidos percibían pensión. El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el Instituto Nacional de la Seguridad Social conocido el jueves, concluyó que eran 29.321. Este viernes el instituto público rebajó la cifra hasta casi hacerla desaparecer: 92.

Para llegar al resultado, el Tribunal de Cuentas parte del cruce de datos de Seguridad Social e Instituto Nacional de Empleo (INE). En una nota de cinco páginas, en la que el Ministerio de Empleo utiliza parte de las alegaciones remitidas al órgano fiscalizador y las completa con datos actuales, rebaja mucho la cifra y se defiende poniendo de relieve que el mecanismo que tiene el INE para registrar los fallecimientos tiene un alto riesgo de error. 

"El procedimiento de cumplimentación manual de los boletines de fallecimiento en los registros civiles de pequeños municipios que se remiten al INE para su informatización se encuentra expuesta a elevados riesgos de error en la asignación y cumplimentación de los datos identificativos del fallecido, de manera que han sido muchos los casos en los que del análisis efectuado por el INSS sobre la información del INE se ha comprobado error en un solo dígito del DNI de la persona fallecida", apunta la nota de la Seguridad Social.

A continuación, subraya que "en el proceso de depuración realizado por el INSS durante la fase de alegaciones y hasta la fecha actual se han detectado 92 casos en los que efectivamente el pensionista había fallecido, lo que representa el 0,3% del colectivo “detectado” por el Tribunal de Cuentas y el 0,0009% del número de pensiones contributivas de la Seguridad Social".

Explica el instituto previsor que en su proceso de comprobación de los 29.321 fallecidos detectados por el Tribunal de Cuentas, halló que en 27.341 casos en los que solo el DNI coincidía en el cruce de sus datos con los del INE, "siendo totalmente diferentes los datos relativos a nombre, apellidos, fecha de nacimiento". También advierte la Seguridad Social en una primera fase de comprobación que en 1.607 casos eran personas distintas. Estos serían las discordancias más abultadas detectadas por Empleo.

Realizadas las comprobaciones, el órgano que dirige el secretario de Estado, Tomás Burgos, señala que "hay dos posibles circunstancias que inducen al Tribunal de Cuentas a incurrir en el error de afirmar la sospecha sobre un colectivo cercano a 30.000 personas fallecidas que presuntamente estaban cobrando pensión". La primera que apunta es que hay "ciertas debilidades en tanto que persiste la existencia de DNI duplicados", es decir, con números de identificación oficial iguales que se repiten en personas distintas. Y añade datos para sustentar esta afirmación: "Los sistemas de información de la Seguridad Social tienen identificados 1.207.694 DNI duplicados o, lo que es lo mismo, un mínimo de 2.415.388 personas que comparte DNI con otra". 

El segundo punto que señala es la facilidad, a su entender, con que se puede caer en el error en los municipios pequeños durante el proceso de comunicación de datos al INE.

Por otro lado, preguntado José Sevilla, consejero delegado de Bankia, sobre la responsabilidad de los bancos en el cobro de la pensión por parte de personas fallecidas por realizar las transferencias, señaló que "las entidades no tienen capacidad de saber si la persona que recibe el dinero está o no fallecida". El directivo explicó que el banco recibe la orden de la Seguridad Social y traspasa el dinero. "Solo tenemos certeza de que el cliente está fallecido cuando vemos un certificado por eso creo que este asunto no es responsabilidad de los bancos ya que es imposible controlar esta circunstancia".

Sevilla, que compareció ante la prensa para presenta los resultados de junio de 2016, abogó por la creación de un registro general fácil de consultar, "de forma que pueda arbitrar un mecanismo automático para controlar los clientes fallecidos. De esta forma, se podría acabar con este envío de prestaciones de la seguridad social" a personas.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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