Bruselas defiende la economía colaborativa y urge a no vetarla

Bruselas pide a los Gobiernos nacionales que dejen de restringir la llamada economía colaborativa, la que ha propiciado fenómenos como Uber en el transporte urbano o los alojamientos de Airbnb. La Comisión Europea ha divulgado este jueves las primeras reglas comunes —de momento a modo de recomendación— para fomentar estos negocios. Aunque casi todas las cuestiones las supedita a un análisis caso por caso, el Ejecutivo comunitario deja clara una indicación: las prohibiciones absolutas deberían ser solo una medida “de último recurso”, no el criterio general para estas actividades.

Las plataformas colaborativas “ofrecen posibilidades y no constituyen una amenaza”, ha defendido la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, en la presentación de las directrices europeas.

Sin dar nombres concretos, Bruselas concluye que no se deberían exigir licencias para operar a plataformas que “solo actúan como intermediarias entre consumidores y quienes ofrecen el servicio”. Y cita como ejemplos de lo que no debería estar sujeto a licencia los casos más conocidos de empresas colaborativas: transporte y alojamiento. Para fijar normas claras, la Comisión invita a establecer umbrales de ingresos a partir de los cuales la actividad pueda considerarse más cercana a lo empresarial y, por tanto, sujeta a obligaciones.

Más allá de esos criterios generales, el texto es poco preciso en lo que puede o no puede hacer cada país. Considera que la actividad colaborativa debe abonar impuestos (de la renta, de sociedades y de IVA) y anima a los Estados a simplificar las normas para que los participantes en este sector puedan cumplir. También deja a criterio de los países decidir si entre las empresas intermediarias y los particulares que prestan el servicio existe o no una relación laboral.

El Ejecutivo comunitario admite que el texto no es vinculante, pero advierte de que con estas directrices examinará la actuación de los Gobiernos y desempeñará su papel como guardiana de los tratados europeos, también “ante el Tribunal de Justicia de la UE”. Es decir, Bruselas advierte a los Estados de que cualquier restricción que crea injustificada a este sector puede acabar con una denuncia ante la justicia europea.

La Comisión considera la economía colaborativa como una fuente potencial de crecimiento y empleo en Europa y reprueba las limitaciones que imponen algunos Estados. El sector generó 28.000 millones de euros en 2015, con crecimientos de dos dígitos respecto al año anterior. Bruselas estima que más de un 5% de la población comunitaria ya provee servicios colaborativos.