El Campo de Montiel contra las tierras raras
Vecinos de 23 municipios de Albacete y Ciudad Real se movilizan contra el proyecto para extraer monacita
El único proyecto minero de tierras raras avanzado en España, que prevé una inversión de 25 millones, ha levantado a la comarca del Campo de Montiel, 23 municipios de Ciudad Real y Albacete con unos 60.000 habitantes. El mineral del yacimiento de esta zona, conocido también como monacita gris, es una agrupación de elementos fundamentales en fabricación de componentes de turbinas eólicas, coches híbridos, lámparas de bajo consumo, láseres y decenas de aplicaciones más, incluida la industria armamentística. La explotación en esta provincia, en fase de investigación, se ha encontrado con la oposición de los vecinos, que preparan una gran concentración para el 21 de mayo porque temen que puedan perder sus tierras, su entorno y su forma de vida.
El proyecto de Quantum Minería es el más adelantado y cuenta con cuatro investigaciones ya iniciadas en un entorno de 6.300 hectáreas de las 27.000 sobre las que se prevé que realicen catas esta y otras empresas con permisos concedidos. El proyecto de esta entidad prevé una concesión final de 1.500 hectáreas de las que se explotarían solo 300, el 80% en las cercanías de Torrenueva y el 17% en Torre de Juan Abad, ambos municipios de Ciudad Real.
De la inversión total prevista, la mayor parte iría destinada a la construcción de una planta de concentración gravimétrica para la separación de los minerales que componen la monacita por densidad y por tamaño gracias a la acción de la gravedad y por fluidos. Hay una fase de separación final, denominada metalúrgica, para la que no existe tecnología en España. La más cercana se encuentra en Francia y también disponen de la misma China y Canadá.
Pero el producto que se obtendría en España es vendible y muy rentable, dado el incremento de la demanda de una minería que acapara China en su mayor parte. El proyecto prevé la creación de entre 130 y 150 puestos de trabajo directos durante 10 años.
Los números no convencen a los vecinos agrupados en la plataforma Sí a la Tierra Viva, que preparan una protesta para el próximo día 21 a la que se han sumado los sindicatos, las organizaciones agrarias, las cooperativas, los consejos de las denominaciones de origen y distintas asociaciones vecinales y ecologistas.
Ángel Carmelo Simón es el dueño de un olivar ecológico junto a una de las zonas investigadas. “No soy minero, soy agricultor. La mina acabaría con la tierra, con las cooperativas. Destruiría más empleo del que crearía”, afirma mientras señala los restos de una cata cerca de su campo.
Los vecinos temen perder su tierra por las expropiaciones o que las fincas queden tan degradadas que no vuelvan a ser fértiles. El proyecto no prevé la enajenación forzosa, aunque la ley lo permite, y baraja alquilar o comprar con derecho a recompra. Según el plan minero, las tierras afectadas serían en un 77% de cereal de secano y un 15% de olivar. Cada mes se excavarían entre dos y 2,5 metros de profundidad sobre dos hectáreas y se repondrían las tierras una vez extraída la monacita.
El portavoz de la plataforma, Luis Manuel Ginés, desconfía. Teme que la población, después de vender las tierras, no vuelva y que los agricultores de la zona, muchos agrupados en cooperativas, se vean marcados por la actividad minera y sus productos pierdan el mercado.
También advierte de que la explotación requeriría de mucha agua, un bien escaso y fundamental en la zona. El proyecto preveía inicialmente la extracción de medio millón de metros cúbicos y ha rebajado los recursos hídricos requeridos a 300.000 metros cúbicos. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha denegado la cesión de sus recursos, por lo que la entidad minera baraja recurrir a pozos de entre 200 y 300 metros de profundidad.
José Guzmán, de SEO Birdlife, también asegura que la explotación minera “acabaría con la sostenibilidad del Campo de Montiel” y cree que el polvo que generarían las excavaciones, el ruido y el drenaje del agua utilizada para la separación del mineral afectarían a todas las especies -alguna de ellas amenazadas, como águilas imperiales y linces- y a los acuíferos de una zona incluida en la Red Natura 2000, una agrupación de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.
El plan no prevé la utilización de explosivos y pretende minimizar la existencia de polvo en suspensión con coberturas de la zona, riego y limitación de las velocidades en la circulación de camiones y funcionamiento de la maquinaria.
Los vecinos añaden la preocupación por la salud, en especial por la presencia de un porcentaje de material radiactivo. El proyecto empresarial defiende que la concentración de elementos como el torio sería de 0,18% y el de uranio, del 0,02%, cantidades que considera inocuas.
Por ahora el proyecto sigue adelante y el trámite para conseguir la concesión también. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha respondido a la petición de Podemos en las Cortes para que deniegue los permisos y suspenda el trámite que esa actuación no sería legal. El Gobierno defiende que el plan no saldrá adelante si existe una mayoría ciudadana que se opone al mismo. Por ahora cuatro Ayuntamientos han expresado su rechazo y la plataforma vecinal crece. “Queremos trabajar en el campo”, resume un vecino.
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