Un 20% de los españoles, en riesgo de ser ‘pobre energético’
Un estudio revela en solo dos años un incremento del 22% de las familias que no pueden mantener su casa caliente
Un 20% de los españoles está en riesgo de ser un pobre energético o de hecho ya lo es. Dentro de este amplio abanico hay situaciones como no poder hacer frente a las facturas, no poder mantener el hogar a una temperatura adecuada o a casi estar bajo el umbral de la pobreza tras pagar los recibos. Esta es la principal conclusión del tercer informe que sobre este tema realiza la Asociación de Ciencias Ambientales, la entidad pionera en estos estudios a nivel estatal. El 15% de las familias dice gastar más de una décima parte de sus ingresos en la factura eléctrica.
La Eurocámara pide moratorias invernales
El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución no vinculante que insta a los países miembro a establecer moratorias invernales que impidan hacer cortes de luz y gas a las familias vulnerables o que reactive el servicio durante ese tiempo a los hogares que lo tienen suspendido. “La energía debería ser considerada como un bien esencial en la medida en que nuestra sociedad está cada vez más dependiente de ella”, defendió el poniente, Tamás Meszerics.
La resolución contó con 310 votos a favor, 73 en contra y 26 abstenciones. “Una moratoria reduciría las muertes y las graves consecuencias en la salud que provocan hogares fríos durante el invierno”, agregó el eurodiputado de Los Verdes.
Este posicionamiento llega una semana después de que el Tribunal Constitucional español anulara un decreto ley catalán, pionero en el Estado, que precisamente fijaba una tregua invernal para los pobres. El Gobierno central recurrió la norma por considerar que vulneraba sus competencias y por sostener que estas moratorias suscritas a un único territorio iban contra la unidad del mercado.
El concepto “pobre energético” está abierto a debate. Muchos expertos consideran que no hay que ponerle apellidos a la pobreza y que, por ser una experiencia multidimensional derivada finalmente de la falta de recursos económicos y que en cada hogar se vive de forma distinta. De ahí que la asociación utiliza diferentes indicadores, tanto de percepción de las familias (que entrega el INE) como de ingresos y gastos, para mostrar el avance del problema.
Respecto al informe de 2012, hay un incremento del 22% en el número de hogares que asegura que no puede mantener su casa a la temperatura adecuada. Ya son uno de cada diez (unos cinco millones de personas). El 15% de las familias, además, dice gastar más de una décima parte de sus ingresos en la factura eléctrica.
Los autores alertan de que hay un aumento en los indicadores basados en la percepción mientras que hay una disminución en los que tienen que ver con los gastos e ingresos. “Esta tendencia se explica por una reducción en el gasto en energía. Esto podría indicar dificultades crecientes entre hogares vulnerables para pagar una cantidad de energía doméstica adecuada”, dice el estudio.
La asociación ha incorporado en su estudio el indicador ingreso mínimo aceptable. Este arroja que, una vez pagada la factura de la energía, a un 21% de los hogares españoles les quedan ingresos menores a la renta mínima de inserción vasca (666 euros al mes, la más generosa del Estado). Esta cantidad es cercana al salario mínimo interprofesional de 2013 (645,30 euros).
Begoña, su pareja y sus tres niños, son un ejemplo de la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas familias. Ella limpia casas (le han reducido las horas) y su esposo trabaja en la obra. Viven en el distrito barcelonés de Nou Barris y sus ingresos son de 1.500 euros al mes. Los gastos en agua y luz rondan los 130 euros mensuales. “Muchas veces escoges si compras comida o pagas las facturas”, resume. Gracias a un certificado municipal no le pueden hacer cortes, como ya ocurrió el año pasado. “La primera vez el operario me vio con los niños y no fue capaz. Aprovecharon cuando estaba trabajando”, recuerda.
El informe muestra que hay disparidades respecto a la dureza de la pobreza energética, si bien la lista no ha variado desde 2012. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las comunidades más vulnerables. Al otro lado están País Vasco, Asturias y Madrid.
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