Pensiones deficitarias

La Seguridad Social ha cerrado 2015 con un déficit sustancialmente superior al previsto por el Gobierno central. Y todo apunta a que en 2016 ocurrirá lo mismo.

El problema está bien diagnosticado. Las reformas del sistema de pensiones en 2011 y 2013 fueron de las más intensas aprobadas en la Unión Europea en los últimos años. Como consecuencia, la evolución del gasto a largo plazo va a ser sustancialmente menos dinámica. Algunas estimaciones cifran este ajuste a la baja en tres puntos de Producto Interior Bruto (PIB) en 2030 y cinco puntos del PIB en 2040 respecto a las proyecciones sin reformas. Las pensiones estarán garantizadas, aunque los pensionistas tendrán que conformarse con una pérdida mucho mayor que en la actualidad en su tránsito de la vida laboral al retiro, que se producirá más tarde, y una revalorización de rentas muy austera. No obstante, la incidencia de las reformas a corto plazo, en lo que queda de década, será escasa y no ofrece respuesta al actual déficit. Si uno observa la desviación entre lo previsto y la realidad en 2015, la diferencia se sitúa en el lado de los ingresos. La devaluación salarial, la disminución de beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo cuyas cuotas paga el servicio público de empleo (antiguo INEM), y las generosas bonificaciones a las nuevas contrataciones han dañado la recaudación de la Seguridad Social; y las mejoras en la gestión desplegadas el año pasado han tenido un efecto recaudatorio muy inferior al esperado. Por eso, estamos generando empleo, pero la caja de la Seguridad Social no lo está notando como cabría esperar.

No hay que dramatizar, pero tampoco orillar el hecho de que tenemos un problema y que hay que pensar en atajarlo ya. El fondo de reserva de la Seguridad Social se agotará en un par de años. El Pacto de Toledo debería convocarse para analizar fórmulas que, preferiblemente, deberían explorar el incremento de los ingresos (eliminación de algunas bonificaciones actuales) o la financiación con cargo a impuestos de algunas categorías de pensiones; por ejemplo, orfandad y viudez. Explorar el camino de los ingresos permitiría, también, pensar en fórmulas para rebajar cotizaciones sociales sin recortar prestaciones, a fin de mejorar la competitividad internacional de las empresas españolas, o suavizar algunos de los factores introducidos en las reformas de 2011 y 2013.

Obviamente, todo lo anterior tiene implicaciones sobre la distribución de la renta y la equidad intergeneracional diferente y de largo recorrido. Por eso los acuerdos políticos son tan recomendables. En todo caso, merece la pena insistir en que la separación estricta de fuentes de financiación no es la norma internacional ni una barrera infranqueable para un acuerdo.

Santiago Lago Peñas es director de GEN (Universidad de Vigo)